Primer informe de la OEA sobre elecciones en Perú advierte que retrasos se vinculan a simulacros incompletos y fallas logísticas

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) emitió su primer informe preliminar tras las elecciones generales celebradas el 12 de abril en Perú, resaltando que el proceso electoral, aunque pacífico y con participación significativa, estuvo marcado por retrasos logísticos y problemas en la distribución del material electoral que obligaron a extender la jornada en varios locales, lo que derivó en un llamado de atención para fortalecer la preparación de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

Esta evaluación, presentada el 14 de abril y encabezada por Víctor Manuel Rico Frontaura, incluyó la advertencia de la misión sobre el impacto de las demoras en la confianza ciudadana y la necesidad de medidas excepcionales por parte de los organismos electorales peruanos, según el informe publicado por la MOE/OEA.

El informe de la MOE/OEA —integrada por 96 observadores de 22 nacionalidades— indica que 13 locales de votación en Lima Metropolitana no pudieron instalar mesas el día de la elección, por lo que más de 55.000 electores debieron esperar hasta el día siguiente para ejercer el voto. La extensión del horario electoral y la reprogramación del sufragio fueron adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como respuesta a los fallos observados, una medida que, según la misión, intentó “salvaguardar el derecho al sufragio”.

Estas dificultades se atribuyeron principalmente a la tardanza en el envío del material electoral, la ausencia de miembros de mesa, y problemas en la instalación de equipos tecnológicos, lo que provocó retrasos y largas filas tanto en Perú como en el extranjero. Según la MOE/OEA, el horario promedio de apertura fue a las 8:03, una hora más tarde de lo estipulado en la normativa vigente. Ante estos contratiempos, el JNE amplió la jornada hasta las 18:00 del mismo día y, en casos excepcionales de Lima Metropolitana, habilitó la votación hasta el lunes 13 de abril.

El jefe de la misión, Víctor Manuel Rico Frontaura, hizo un llamado directo a la ciudadanía y sectores políticos para mantener “calma y responsabilidad” en vistas a la fase postelectoral, señalando que el equipo continuará desplegado para dar seguimiento a la segunda vuelta, según el Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú para las Elecciones Generales 2026.

Retrasos en instalación de mesas en Lima obligaron a extender la votación

La MOE/OEA identificó que los principales retrasos se concentraron en la apertura de mesas de votación en Lima Metropolitana y el Callao. Estos problemas logísticos originaron la necesidad de ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 14:00 y de votación hasta las 18:00 del domingo 12 de abril.

Según el organismo internacional, 13 locales no lograron conformar las mesas, afectando directamente a 55.261 votantes. La respuesta del JNE fue excepcionar la jornada y extender la votación un día adicional. La misión dejó en claro que el 99,8 % de las mesas sí pudieron instalarse, aunque esa cifra implicó que cientos de ciudadanos quedaran excluidos momentáneamente del proceso hasta su reprogramación.

Durante la extensión de la votación el día lunes 13, se reportaron nuevas demoras, derivadas de la ausencia de coordinadores y de módulos preferenciales de atención, así como confusión sobre los horarios de cierre. Los observadores también documentaron que la mayoría de las urnas cerró puntualmente y que el escrutinio avanzó sin incidentes mayores.

Frente a este escenario, la MOE/OEA formuló una serie de recomendaciones específicas: instó a detectar las causas del retraso con precisión y revisar los planes de contingencia, con el fin de que no se repitan las dificultades en la segunda vuelta. Advirtió que estas falencias pueden erosionar la confianza pública y alimentar narrativas infundadas de fraude.

Advierte que simulacros electorales no incluyeron sistemas clave

De acuerdo con el informe, los simulacros técnicos realizados antes de las elecciones no incluyeron todos los componentes a implementarse en la jornada real, en particular la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) desarrollada por la ONPE, ni el módulo de presentación de resultados. La misión señaló que las pruebas previas deben replicar toda la carga y complejidad operativa que se enfrentará, sugiriendo que los simulacros incorporen al menos el 70 % del flujo de trabajo previsto.

La MOE/OEA observó que numerosas demoras adicionales en la apertura de mesas derivaron de la necesidad de instalar, configurar y verificar los equipamientos STAE mientras los votantes esperaban en fila, agravadas por problemas de conectividad y fallos en los suministros de tinta, así como largas esperas para recibir soporte técnico.

En este sentido, las recomendaciones apuntan a simplificar y paralelizar los pasos previos a la atención electoral, fortalecer la logística para asegurar que los materiales lleguen de forma anticipada y establecer pruebas operativas más rigurosas para validar procedimientos y capacitar al personal. Asimismo, se aconseja rediseñar el modelo de la mesa de ayuda, incrementando recursos y herramientas tecnológicas para asistencia inmediata, y establecer controles de calidad sobre los insumos, mediante protocolos de muestreo antes de su distribución.

Más de 27 millones de electores participaron en Perú y el exterior

La jornada registró la habilitación de 27.325.432 electores en Perú y el exterior, con 1.210.813 posibles votantes fuera del país, según la MOE/OEA. La observación se realizó en 358 centros de votación distribuidos en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, así como en cuatro ciudades de tres continentes: Buenos Aires, Washington D.C., Barcelona y Concepción.

El informe presta especial atención al papel de las mujeres, quienes ocuparon el 52 % de las presidencias de mesa en los locales observados, consolidando su participación como un componente destacado de la vida democrática peruana. La mayoría de las mesas fue conformada correctamente, bajo supervisión de las autoridades electorales y con presencia de fuerzas de seguridad.

El reporte recoge que, aunque la infraestructura y organización en la mayoría de los locales fue considerada adecuada, la ampliación del horario electoral y la reubicación de algunos centros producto de recomendaciones de seguridad respondieron a un contexto donde, además de dificultades logísticas, se mantuvieron estados de emergencia en varias jurisdicciones.

MOE/OEA advierte que demoras alimentaron narrativas de fraude

En materia de transparencia, la MOE/OEA elogió la publicación continua de resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que permitió que la ciudadanía consultara datos en tiempo real. Destacó que el 34,6 % de las actas presidenciales fue contabilizado antes de la medianoche del 12 de abril y que, para el mediodía del 14 de abril, el avance alcanzaba el 76,6 %.

El acceso a información y la habilitación de módulos para personeros de partidos políticos aportaron a la confianza en el resultado y abonaron a la percepción de integridad del proceso. No obstante, la misión alertó sobre el efecto de las demoras en alimentar narrativas de fraude, amplificadas por campañas de desinformación digital y protestas frente a edificios de autoridades electorales.

Durante la ampliación excepcional del proceso, la ONPE tomó medidas para que quienes no pudieron votar el primer día fueran exonerados de penalidades. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE y miembros de su equipo, mientras que se presentaron denuncias contra autoridades electorales por los retrasos acontecidos.

La MOE/OEA recomendó mantener la vigilancia contra la desinformación y continuar las acciones de verificación emprendidas por autoridades y sociedad civil. De cara a la segunda vuelta, la misión reiteró la necesidad de asegurar condiciones logísticas y tecnológicas que minimicen riesgos operativos y refuercen la legalidad y transparencia en la administración de los comicios.