Inseguridad alimentaria: lo que Perú no puede seguir postergando

El INEI presentó las cifras de pobreza, mostrando que el 25.7% de la población peruana vive en condiciones de pobreza monetaria, menor al 27.6% del 2024. Como siempre, los promedios ocultan las disparidades regionales: Ica, Madre de Dios y Moquegua, tienen menos del 10% de su población en condición de pobreza, mientras que Cajamarca y Loreto, se superan el 40%.

De otro lado, el 47.3% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria moderada y un 4.3% de la severa, lo cual quiere decir que la población tiene un limitado consumo de alimentos (25.2%), enfrenta vulnerabilidad económica y/o requiere utilizar más de 2 estrategias de afrontamiento (45%), como vender activos o utilizar ahorros para comprar alimentos. La inseguridad alimentaria se produce porque: a) no existen alimentos disponibles; b) existen problemas de acceso, es decir, las familias no los pueden comprar porque no tienen recursos financieros o porque los precios son excesivos; y/o, c) los hogares no pueden utilizar y distribuir los alimentos de manera eficiente dentro del hogar, porque no tienen insumos complementarios adecuados (energía, refrigeración).

La pobreza se relaciona con la inseguridad alimentaria, en varias dimensiones: a nivel país la pobreza limita los recursos para producir y/o importar alimentos; en lo subnacional puede reducir los recursos para construir caminos y mercados que permiten poner los alimentos a disposición de la población; a nivel del hogar, al reducir los recursos para comprar alimentos de calidad.

Siete regiones tienen más del 45% de la población en inseguridad alimentaria y también más del 30% de la población en pobreza monetaria; mientras que otras trece regiones también tienen más del 45% de su población con inseguridad alimentaria, pero con menos de 30% e incluso 20% de la población en pobreza. Entonces, la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad, pero reducir la inseguridad alimentaria debe ser un objetivo específico de esa prioridad.

Por ello, la estrategia debe abordar dos niveles: en un primer nivel, generar las condiciones para recuperar tasas de crecimiento del PBI superiores al 6%, para reducir la pobreza en el país; ello requiere fomentar la inversión pública y privada, lograr un gasto público eficiente, y tener una institucionalidad operativa, honesta y estable. Pero en un segundo nivel, se requiere implementar estrategias en relación con la disponibilidad, acceso y uso de alimentos.

En este segundo nivel, la investigación “Mecanismos para reducir la Inseguridad Alimentaria: el rol de la productividad agraria, y las mejoras en disponibilidad, acceso y uso de los alimentos” publicada en “Agenda 2026” propone acciones para cada uno de esos pilares. Para la mayor disponibilidad, se requiere elevar la productividad agrícola, a través de mejorar los insumos de producción: semillas, riego, y capacidad técnica, así como lograr una mayor diversidad de cultivos en el ámbito rural, especialmente en zonas altoandinas; para un mejor acceso a alimentos, se requiere esquemas de provisión para la población de menores recursos (p.e, vales de consumo); y programas alimentarios focalizados en población que sufre inseguridad alimentaria de manera específica, y que la distribución no sea sólo con el criterio de pobreza.

Estas estrategias, propuestas por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, enfrentan actualmente oportunidades, pero también riesgos: en cuanto a oportunidades, estamos en una fase de altos precios de los minerales, lo cual favorece nuestros términos de intercambio y esto implica más recursos públicos en el corto y mediano plazo, así como mayores inversiones del sector privado, todo lo cual puede contribuir a elevar el crecimiento. Además, el boom tecnológico con la inteligencia artificial puede brindar oportunidades para el sector agrario, y ello contribuir a mejor las condiciones de disponibilidad de alimentos. En el caso de los riesgos, la potencial presencia de un Fenómeno El Niño, de una intensidad no vista en décadas, y la incertidumbre electoral, que detiene la inversión, son factores que afectan la implementación de las estrategias antes mencionadas. Frente a ello, se debe aprovechar las oportunidades y actuar sobre los riesgos, lo que implica prevenir y tener planes de acción. Lo que no podemos hacer es quedarnos paralizados.