“Me fui a dormir sin saber”: La polémica explicación de Piero Corvetto ante el Congreso por el caos electoral

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, volvió a pronunciarse tras las complicaciones registradas en la instalación de mesas durante las Elecciones 2026. En su presentación ante el Congreso, el funcionario explicó que antes de irse a descansar recibió información sobre retrasos del proveedor, pero no sobre una situación que pudiera comprometer el normal desarrollo de la jornada electoral. “Yo me he ido a dormir sin una información respecto de que podíamos llegar a lo que llegamos”, sostuvo al exponer su versión ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Sus declaraciones se producen en medio de la denuncia penal presentada por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra él y otros cuatro funcionarios, por las demoras en la entrega de material electoral que afectaron a más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional y dejaron sin votar a miles de ciudadanos. Corvetto, sin embargo, insistió en que no hubo mala fe ni una intención de alterar el proceso. “Acá no ha habido mala fe de ninguna manera”, afirmó, al defender el trabajo de la institución y reconocer que sí existió una falla operativa en una parte del despliegue.

Corvetto afirma que recibió información parcial y que la demora se conoció después

Durante su intervención, Piero Corvetto relató que permaneció en distintas sedes de trabajo el viernes previo a la jornada electoral y que, según la información que recibió, el material debía llegar pese a algunos retrasos con el proveedor. “Se me aseguró que el material llegaba, que habían algunos retrasos de parte del proveedor”, explicó. De acuerdo con su versión, esa comunicación fue la última que tuvo antes de retirarse a dormir, convencido de que aún no existía un escenario crítico.

El jefe de la ONPE remarcó que, si hubiera tenido otra información, habría tomado decisiones distintas. “Si no tengo la seguridad que no hubiera dormido y que me hubiera conseguido más camiones”, afirmó al describir el nivel de respuesta que, según dijo, habría impulsado de haber conocido el problema a tiempo. También señaló que, de haber sido advertido oportunamente, no solo lo habría comunicado, sino que incluso pudo haber activado medidas adicionales. “Yo lo hubiera comunicado, pero no solamente lo hubiera comunicado, hubiera podido hacer seguramente más”, indicó.

Corvetto agregó que el problema se conoció cuando ya no quedaba margen para una reacción distinta y que, en ese punto, solo restaba sacar los camiones con lo disponible para intentar llegar a tiempo. “Lamentablemente, no se me comunicó esta información ya cuando no había más que decidir sacar los camiones sí o sí con lo que habían para poder llegar”, explicó. En esa misma línea, insistió en que su reacción estuvo guiada por la idea de proteger la voluntad popular y evitar un daño mayor al proceso.

La versión del funcionario busca responder a las críticas por la demora en la instalación de mesas de sufragio, un episodio que terminó afectando especialmente a zonas de Lima Oeste y Lima Sur. Corvetto reconoció que hubo una falla concreta y que esa deficiencia golpeó a un número importante de electores. “Hemos cometido una falla en el caso de 13 locales que ha comprometido a un número importante de electores”, declaró ante el Parlamento.

La denuncia del JNE, las disculpas de la ONPE y la defensa del proceso electoral

La denuncia penal presentada por el JNE sostiene que Corvetto y otros cuatro funcionarios habrían incurrido en presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Según la procuraduría, las irregularidades en la distribución del material electoral impidieron la votación en 13 locales de Lima y perjudicaron a más de 55.000 ciudadanos, en tanto otra versión del caso cifra en cerca de 63.000 las personas afectadas a nivel nacional.

En paralelo, el procurador Ronald Angulo advirtió que la investigación podría derivar en sanciones severas. De acuerdo con su explicación, el delito contra el derecho de sufragio contempla penas de entre dos y ocho años de prisión, mientras que la omisión de deberes funcionales podría acarrear hasta dos años de cárcel. Corvetto, por su parte, evitó adelantar escenarios judiciales y dejó en claro que la denuncia deberá ser evaluada por las instancias correspondientes.

Frente a los cuestionamientos, el jefe de la ONPE defendió el trabajo institucional y aseguró que los resultados publicados en la web reflejan la voluntad popular. “La ONPE ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad”, dijo ante los congresistas. También señaló que el episodio no debe ser interpretado como una falla estructural del sistema electoral, sino como un error puntual dentro de un proceso de enorme complejidad. “Yo insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario”, expresó.

Corvetto remarcó además que se trata de “la elección más compleja de la historia”, en alusión al despliegue logístico que demandó el proceso en todo el país. Según su explicación, los problemas se concentraron en áreas específicas de la estructura operativa, en particular en la Gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral. Sobre el traslado de los insumos, admitió que hubo un incumplimiento en los plazos. “Todo lo que tiene que ver con el transporte ha merituado, por supuesto, un incumplimiento en tiempos y formas. Reitero mis disculpas”, sostuvo.

El funcionario también volvió a pedir perdón por los inconvenientes causados a los electores. “Pedimos las disculpas del caso”, señaló, al insistir en que el problema fue corregido al día siguiente y que ello no invalida el resultado general de los comicios. En su exposición, destacó que el proceso terminó por definir a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta en junio, con “la absoluta legalidad y legitimidad que tiene esta elección”, en un intento por separar la contingencia logística del resultado político de la jornada.