MTC busca bloquear al OSIPTEL en la renovación de concesiones telecom en Perú

El Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha puesto en consulta pública una reforma que busca transformar el proceso de renovación de concesiones de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El objetivo es promover la inversión, dar mayor predictibilidad y acelerar la expansión de la conectividad, aunque la propuesta también plantea una reducción significativa del peso del historial sancionador y del rol punitivo del OSIPTEL, el principal regulador del sector.

Un sistema punitivo y burocrático: el escenario previo

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 063-2026-MTC/01.03, que contiene el proyecto de decreto supremo, las operadoras de telecomunicaciones en Perú han enfrentado históricamente un entorno regulatorio con una alta carga de sanciones.

En 2025, el sector sumaba más de 1.500 concesiones, con un 70% de las concesiones con espectro vencidas o en trámite y cuantiosas multas acumuladas, según la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC), a cargo del recientemente nombrado Luis Arequipeño Tamara.

Con la reforma, el criterio sancionador, que podía representar hasta el 40% del peso en la evaluación de renovaciones, será reemplazado por un esquema que prioriza criterios objetivos de solvencia financiera, expansión de red, uso eficiente del espectro y compromisos obligatorios de inversión.

¿No más concesiones atadas a sanciones en telco?

Antes de la reforma, la renovación de concesiones en telecomunicaciones dependía en gran parte del historial de sanciones, incluidas multas graves y amonestaciones.

Este enfoque, según el ministerio, generaba incertidumbre para las empresas, frenaba inversiones de largo plazo y complicaba la modernización tecnológica, especialmente en el contexto de despliegue de nuevas redes como 5G.

El sector presentaba demoras administrativas graves, con casi tres cuartas partes de las concesiones con espectro en situación irregular.

El MTC identificó que este modelo no reconocía el buen desempeño ni la inversión de los operadores, y que las exigencias no seguían las mejores prácticas internacionales, donde la renovación se orienta a resultados de cobertura y eficiencia.

MTC con problemas para expandir el 5G en Perú

El MTC argumenta que el régimen vigente desincentiva la expansión y el cierre de brechas, especialmente en zonas rurales. El sistema de multas y sanciones incidía en el procedimiento de renovación, lo que, sumado a la lentitud de los trámites, podía dejar a operadores durante años en un “limbo” legal, frenando inversiones y proyectos.

La revisión internacional mostró que, en países como Brasil, Colombia o España, la renovación prioriza solvencia, inversión y expansión, relegando el historial sancionador. Así, la propuesta peruana busca alinear el régimen nacional con estos estándares e incentivar la inversión.

La nueva propuesta: foco en inversión, desempeño y expansión

El proyecto crea un régimen dual: uno simplificado para quienes no usan espectro y otro regular para quienes sí. Los operadores con espectro deberán acreditar patrimonio neto mínimo del doble del valor del espectro, un ratio de inversión sobre ingresos de al menos 10% en dos de los últimos tres años y cumplir metas de expansión, como un incremento mínimo del 10% en estaciones base.

La gran novedad son los Compromisos Obligatorios de Inversión (COI): el operador deberá invertir el 90% del valor del espectro en infraestructura, priorizando zonas rurales. Al menos el 75% de ese monto debe ejecutarse el primer año. Si no cumple la meta de expansión, deberá ejecutar un plan obligatorio de renovación tecnológica, equivalente al 20% del COI.

El modelo permite la renovación parcial: por única vez, la empresa puede pedir una prórroga de al menos cinco años, lo que otorga flexibilidad. El régimen fija plazos y procedimientos claros y digitaliza trámites, buscando eficiencia y transparencia.

Sin embargo, la propuesta también deja sin piso parte del trabajo que el OSIPTEL, el máximo regulador del sector, venía desempeñando en los últimos años. Según el MTC, este cambio es necesario para promover inversión y modernización, pero genera cuestionamientos sobre el equilibrio regulatorio.

OSIPTEL pierde protagonismo en la renovación de concesiones

El proyecto normativo reduce drásticamente el peso del historial sancionador en la renovación. El OSIPTEL ya no decidirá sobre el método de evaluación ni el cumplimiento de obligaciones. Su función queda limitada a proveer información a pedido del MTC, sin poder de veto ni propuesta metodológica.

El componente punitivo desaparece como eje: las multas y amonestaciones ya no se computan históricamente para renovar, salvo incumplimientos críticos actuales. El valor del espectro ya no va a la caja fiscal, sino que se transforma en inversión obligada en conectividad.

Según el MTC, el objetivo es dar más “predictibilidad” y alinear el sistema con estándares internacionales que priorizan expansión y compromiso de inversión sobre la penalización por infracciones administrativas.

¿Modernización o debilitamiento del regulador?

Rodrigo Vaca, gerente legal de CENS y socio director de Lex Nova Consultores, considera que la reforma representa un avance. Señala que “la renovación ya no va a girar tanto en torno al historial sancionador” y que la clave es alinear el proceso con solvencia financiera, expansión y compromisos de inversión.

El experto en telecomunicaciones sostiene que la predictibilidad es fundamental para la inversión a largo plazo, y que el esquema anterior, centrado en multas, desincentivaba el desarrollo de nueva infraestructura.

Para el abogado, es positivo que las renovaciones “se basen en resultados, cobertura e inversión”, y que el Estado pueda exigir el uso efectivo del espectro, evitando que recursos valiosos permanezcan ociosos o “perdiendo la brújula” como el OSIPTEL, en su rol promotor, más que persecutor.

Al mismo tiempo, Vaca reconoce que el sistema debe seguir permitiendo la fiscalización y la sanción cuando corresponda, pero advierte que el foco debe estar en resultados y no en la acumulación de penalidades.

“No se dice que no se sancione, pero la sanción no puede ser tan coactiva que termine comprometiendo el propio servicio público. Tenemos que ver el bosque, y no el árbol”, cerciora.

Crítica regulatoria: erosión del control y riesgo para los usuarios

Pero existen posiciones encontradas. Para Rafael Muente Schwarz, expresidente del OSIPTEL, la reforma “le está arrebatando al regulador su rol punitivo” al regulador peruano y rompe el equilibrio entre cumplimiento normativo y protección de los usuarios.

Advierte que la mayor parte de las sanciones impuestas a las empresas han respondido a conductas graves, como la negativa a ser fiscalizados o la venta de chips en la calle, prácticas que afectan la seguridad y la formalidad del sector.

Para Muente Schwarz, el cambio responde a una agenda que busca debilitar la función de los reguladores y alinear las reglas con los intereses empresariales.

Recuerda que el Tribunal Constitucional ya había llamado la atención en 2003 sobre la importancia del rol sancionador del OSIPTEL y que el modelo institucional que ahora se modifica fue clave para el crecimiento de la inversión y la competencia en telecomunicaciones en Perú.

Adempas, el exfuncionario sostiene que privar al regulador de su capacidad sancionadora puede incentivar el desacato a las normas y dificultar futuras acciones para proteger la competencia y derechos de los usuarios.

“En algún momento, el OSIPTEL recomendó no dar renovaciones a una gran empresa del mercado peruano, sustentando en ‘gravísimos atentados contra la libre competencia’, puntualmente en contra de AT&T, pero luego se resolvió a nivel judicial”, remata.