PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior Juan José Santiváñez. Esta medida se dicta en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

La medida también alcanza a Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessenia Stefany De La Cruz Rivas, Julissa Martina Lores Muñoz, Gregorio Martín Villalón Trillo, Franco Emilio Parodi Gianella y Gian Franco Meza Lizier.

La resolución del juez Juan Carlos Checkley, a la que accedió Infobae, ordena a las empresas operadoras de telecomunicaciones remitir el reporte histórico de llamadas, mensajes de texto (SMS y MMS), datos de geolocalización e identificadores de equipos (IMEI y CHIP) de las líneas vinculadas al exministros y los otros implicados. El periodo será desde el 16 de mayo de 2024, fecha en que Santiváñez asumió el cargo de ministro, hasta el 24 de marzo de 2025, cuando dejó la cartera tras ser censurado por el Congreso.

Los hechos

Según la tesis fiscal, Santiváñez habría liderado una organización criminal dedicada a obtener beneficios económicos ilícitos mediante el uso indebido de su cargo público.

Esta presunta organización criminal habría desplegados distintos hechos delictivos. Por ejemplo, se sostiene que Santiváñez habría coordinado con el estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados” de Percy Tenorio para simular contratos de trabajo a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte. El objetivo habría sido generar un arraigo laboral ficticio para favorecerlo en el proceso judicial conocido como “Los waykis en la sombra”.

Asimismo, el exministro habría intervenido en el Ministerio del Interior para que el abogado Percy Tenorio fuera beneficiado con 5 contratos de defensa legal para generales de la PNP, por un monto de 200 mil soles cada uno. Para ello, se habrían modificado los términos de referencia (TDR) para adecuarlos al perfil de Tenorio.

Por otro lado, un testigo protegido declaró que Santiváñez habría solicitado y recibido un pago de 20 mil dólares en efectivo de parte del general PNP Gregorio Villalón Trillo en diciembre de 2024, con el fin de asegurar su permanencia en actividad y evitar su pase al retiro.

En este caso también se investigan presuntas coordinaciones para utilizar a la PNP en la recuperación de la mina “El Dorado” en Ayacucho, propiedad de allegados al entorno del estudio Tenorio, bajo la apariencia de operativos contra la minería ilegal.

Cabe precisar que, durante la audiencia, la defensa de Juan José Santiváñez se allanó al requerimiento fiscal, manifestando su supuesta voluntad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, otros implicados como Marco Antonio Palacios Meza se opusieron a la medida, pedido que fue desestimado por el juzgado al considerar que existen suficientes elementos de convicción para autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

También solicitó esta medida contra Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz, director general de la Defensoría de la Policía, y el funcionario Yber Torres Pariona. Sin embargo, el juez lo rechazó al considerar que no habían suficientes elementos para inferir que habrían participado en los hechos.