¿Incompatibilidad pública? Funcionario clave de Osinergmin suma cargo en el MTC sin dejar el regulador

El doble nombramiento de un funcionario público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en Osinergmin ha suscitado cuestionamientos desde ambas entidades, que han escalado incluso hasta la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El caso, sin embargo, ha derivado en una controversia de interpretación jurídica que podría marcar un precedente para futuros procesos de nombramiento y control de incompatibilidades en la administración pública peruana, según pudo conocer Infobae Perú.

Un nombramiento en MTC y Osinergmin genera cuestionamientos a la interna

La controversia se originó tras la designación de Alberto Arequipeño Tamara como director general de Políticas y Regulaciones en el MTC, cuando aún ejercía como miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La Ley Marco de Organismos Reguladores prohíbe de manera expresa que una persona ocupe ambos cargos simultáneamente y hasta un año después de dejar cualquiera de ellos. Esta situación motivó una denuncia interna presentada ante Osinergmin hace más de 10 días.

Desde entonces, el caso ha sido derivado sucesivamente entre Osinergmin, la PCM y el propio MTC, sin que hasta el momento se haya aclarado oficialmente la situación o adoptado una decisión concreta, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por este medio.

“El artículo 8 y el 6.6 de la Ley Marco, establecen la causal de vacancia por impedimento legal sobreviniente y la obligación de dejar el puesto de inmediato en caso de que sea designado a un alto cargo en otro sector del Estado”, indicó una segunda fuente.

Osinergmin: interpretación de la Ley Marco enfrenta opiniones contrapuestas

Sin embargo, Arequipeño rechazó en diálogo con Infobae Perú que exista incompatibilidad legal en su caso. El también jurista aseguró que la Ley Marco de Organismos Reguladores fue modificada en 2018 para precisar que la prohibición no aplica a directores generales de ministerios o funcionarios de rango equivalente que se hayan desempeñado en subsectores que no guardan afinidad con el organismo regulador.

“Mi función en el MTC está en el área de comunicaciones, mientras que Osinergmin regula energía y minería, sectores sin relación directa. La prohibición siempre estuvo pensada para evitar injerencia política en el mismo sector regulado”, explicó.

Arequipeño añadió que su designación en Osinergmin fue resultado de un concurso público y que luego fue convocado al MTC, insistiendo en que “la restricción legal solo aplica a sectores afines, y no es mi caso”.

Además, subrayó que “los actos administrativos se presumen válidos mientras no se declare su nulidad por la autoridad competente” y descartó que haya existido alguna afectación a la validez de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo durante su doble función.

“No hay vulneración alguna, pues he ejercido funciones en sectores distintos. ¿Qué información privilegiada del sector energía o minería me serviría para tomar decisiones en el sector comunicaciones y viceversa? Ninguna”, enfatizó.

¿Cómo debería actuar la autoridad estatal ante la indefinición de una designación pública?

En respuesta a la polémica, Arequipeño informó a Infobae Perú que ya presentó su carta de renuncia al cargo en Osinergmin “en aras de salvaguardar el buen nombre de la institución y del MTC”, reiterando que no existe impedimento legal ni causal de vacancia en su caso y que la denuncia se sustenta en una interpretación “literal y restrictiva” de la ley.

No obstante, persisten las críticas al interior del sector respecto a la pasividad de las instituciones involucradas para esclarecer y responder con celeridad ante este tipo de situaciones, advirtiendo que, en casos futuros, la falta de acción podría abrir la puerta a impugnaciones o nulidades de decisiones administrativas.

Según refirieron a Infobae Perú, la denuncia ventilada pone también a prueba la capacidad del sistema público para “garantizar transparencia y el cumplimiento riguroso” de las normas sobre incompatibilidades, sobre todo en verticales estratégicas para la economía del país.