Roberto Sánchez enfrenta denuncia constitucional por delitos de corrupción cuando lideró el Mincetur: Fiscalía presentó acusación

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, enfrenta una denuncia constitucional por dos delitos de corrupción atribuidos a su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La Fiscalía de la Nación lo acusa de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por hechos imputados a su paso por el gabinete del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a prisión por su fallido intento de golpe de Estado y a quien ha prometido indultar si llega al poder.

Según un informe difundido este domingo por OjoPúblico, la denuncia también alcanza al congresista Guido Bellido (Podemos Perú), a quien se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias.

El legislador habría recomendado a Daniel Abarca para el cargo de asesor en el Mincetur, apenas tres días después de la asunción de Castillo. La designación se formalizó el 4 de agosto de 2021, tras reuniones directas con Sánchez, de acuerdo con el expediente.

Como parte del presunto acuerdo, Bellido habría recibido la promesa de beneficios, entre ellos la cesión de un departamento en el distrito limeño de San Miguel y la compra de pasajes aéreos. Uno de estos boletos se destinó a Arturo Cárdenas, conocido como “Pinturita”, investigado en el caso Los Dinámicos del Centro.

Las diligencias preliminares comenzaron el 28 de agosto de 2024. Entre septiembre y diciembre, la Fiscalía recogió testimonios de cuatro exfuncionarios del Mincetur, incluido Abarca, así como del propio Sánchez, quien negó conocer al asesor antes de su nombramiento.

El 12 de diciembre, el Ministerio Público incluyó formalmente al candidato como investigado. Ese mismo mes, Abarca admitió que recibió favores de Bellido y afirmó que una persona llamada “Manuel” gestionó su contratación. La Fiscalía lo identificó como Manuel Gerardo Gonzáles Oblitas, exdirector de Personal del Mincetur y cercano a Sánchez.

La denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el 22 de marzo de 2025.

De acuerdo con OjoPúblico, el caso sigue pendiente porque la subcomisión, controlada por Alianza para el Progreso (APP), aún no programa su revisión. Voceros legislativos indicaron que el expediente pasará al Parlamento entrante.

Ni el equipo legal de Sánchez ni Juntos por el Perú emitieron comentarios al respecto. Por su parte, Bellido rechazó la supuesta recomendación y cualquier vínculo contractual con Abarca. “Eso es falso. Están inventando. Cuando un hecho se usa con fines políticos, se distorsiona. Esto forma parte de la persecución contra quienes estuvimos con Pedro Castillo”, declaró.

El informe añade que Sánchez ha enfrentado otros procesos constitucionales sin sanciones. Durante el debate del 24 de marzo en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), denunció un supuesto pacto entre bancadas mayoritarias para controlar el gobierno desde el Congreso, y mencionó a Fuerza Popular, APP y Somos Perú.

Además de la actual denuncia, el candidato quedó libre de responsabilidad en dos casos vinculados al intento de golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre de 2022, tras informes y votaciones que rechazaron su suspensión en el Congreso.

Con el 93,48 % de actas procesadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 17,05 % de los votos válidos, con 2.687.621 sufragios. En segundo lugar figura Sánchez, con el 12 % y 1.891.906 votos, mientras que en tercera posición aparece Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,92 % y 1.878.493 apoyos.

La diferencia entre los dos últimos supera ligeramente los 13.000 votos. El resultado final se definirá en los jurados electorales, que deben resolver más de 5.000 actas de mesas impugnadas por inconsistencias e irregularidades.