Productores arroceros de Piura rechazan decreto del gobierno y amenazan con retomar el paro agrario

El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura, Máximo Valdiviezo Delfín, rechazó el Decreto de Urgencia N.° 005-2026 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a destinar 120 millones de soles para la compra directa de arroz a productores nacionales, al calificar la medida de insuficiente frente al volumen real de la producción arrocera del país.

Según el dirigente, los 120 millones de soles no alcanzarán para adquirir ni el 1,5% de la producción nacional. Perú cosecha anualmente alrededor de 4,2 millones de toneladas de arroz cáscara en aproximadamente 420.000 hectáreas, equivalentes a cerca de 2,94 millones de toneladas de arroz pilado. Con los fondos asignados, el Estado compraría apenas el equivalente a “saco y medio de cada cien”, según el propio Valdiviezo en un video difundido por redes sociales.

El dirigente precisó que, de los 120 millones aprobados, solo 100 millones se destinarían efectivamente a la compra del grano, ya que los 20 millones restantes cubrirían gastos de personal y almacenamiento para el acopio del producto. “Esto es como una burla para nosotros, la pequeña agricultura. Rechazamos rotundamente este decreto”, afirmó el representante arrocero en el video.

El decreto fue publicado el 29 de mayo en el Diario Oficial El Peruano por el gobierno del presidente José María Balcázar como respuesta al paro agrario que paralizó actividades en al menos nueve regiones del país desde el 25 de mayo. La norma también contempla 50 millones de soles adicionales para labores de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego menor, bajo la modalidad de núcleos ejecutores en distritos bajo estado de emergencia.

La disputa por los 50 millones para infraestructura hídrica

Esa asignación fue otro foco de cuestionamiento por parte de Valdiviezo. El dirigente señaló que los 50 millones destinados a infraestructura hídrica no formaban parte del petitorio de los productores arroceros, y cuestionó que las dirigencias de las Juntas de Usuarios hayan aprovechado la medida de fuerza para incorporar esa demanda. “Nuestro petitorio no contempla este tipo de demanda, pero no sabemos qué intereses han primado para que aparezca la entrega de 50 millones de soles”, dijo Valdiviezo, quien subrayó que muchas de esas juntas incluso se opusieron al paro agrario.

El dirigente aclaró que su cuestionamiento no implica una postura contraria a las Juntas de Usuarios —organización a la que también pertenecen los arroceros—, pero advirtió que esas entidades cuentan con otros canales institucionales para gestionar ese tipo de ayuda estatal y no debieron valerse de una medida de fuerza ajena a sus demandas para obtenerla.

Asamblea y posible reanudación del paro

Ante el rechazo al decreto, Valdiviezo anunció la convocatoria a una asamblea de productores de los valles de Sechura, Medio y Bajo Piura para analizar el dispositivo legal y definir las acciones a seguir. El secretario de la asociación ya cursó las invitaciones a los directivos de las juntas de la zona. El dirigente no descartó la reanudación del paro arrocero que fue suspendido cuando el gobierno anunció la inminente promulgación de medidas de alivio para el sector.

El trasfondo del conflicto es el de una crisis arrocera prolongada: los productores nacionales reciben entre 0,80 y 1 sol por kilo en chacra, mientras el consumidor final paga entre 2,80 y 5 soles en el mercado, según datos del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). A esa brecha se suman el alza en el precio de los fertilizantes, la competencia de las importaciones y la presión de los intermediarios en la cadena de comercialización. La Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz) había exigido al Ejecutivo una compra estatal de 180.000 toneladas, valorada en 300 millones de soles, para generar un impacto real en el mercado interno.

El Midagri dispone de diez días hábiles para aprobar los lineamientos operativos del decreto, en los que se definirán los distritos focalizados, las entidades receptoras y los mecanismos de distribución del arroz adquirido. La Contraloría General de la República supervisará el uso de los fondos, según establece la norma vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.