Gremios empresariales piden la destitución de Piero Corvetto como jefe de la ONPE por fallas en la elecciones 2026

La Unión de Gremios empresariales expresó su preocupación por los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril, al considerar que las irregularidades registradas comprometen la integridad del proceso y afectan la confianza ciudadana en los resultados. A través de un pronunciamiento público, el colectivo advirtió que las deficiencias detectadas vulneran principios fundamentales del sistema democrático.

El gremio, que agrupa a organizaciones como la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), PerúCámaras, Canatur, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Plataforma Nacional Mipymes, sostuvo que los problemas registrados durante la jornada evidencian fallas estructurales en la organización del proceso electoral, cuya responsabilidad recae en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Retraso en mesas y fallas en sistema de escrutinio

Entre las principales incidencias reportadas, los gremios señalaron que miles de mesas de sufragio se instalaron con retraso o no llegaron a habilitarse debido a la falta de material electoral. Esta situación, indicaron, impidió que un número significativo de ciudadanos pudiera ejercer su derecho al voto en distintas regiones del país.

A ello se sumaron problemas en el funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el cual presentó fallas en un alto porcentaje de mesas. Según el pronunciamiento, estos inconvenientes afectaron el desarrollo normal del conteo de votos y generaron cuestionamientos sobre la eficiencia del proceso.

Responsabilidad legal de la ONPE

En su comunicado, los gremios recordaron que la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y la Ley Orgánica de la ONPE (Ley N.º 26487) establecen que este organismo es el encargado de organizar y ejecutar los comicios, garantizando condiciones adecuadas para el sufragio en todo el territorio nacional.

En ese contexto, cuestionaron el desempeño del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al considerar que su actuación no contribuyó a esclarecer los hechos ni a reforzar la legitimidad del proceso electoral. Asimismo, señalaron que no se habrían atendido oportunamente las advertencias realizadas por la Contraloría General de la República.

Pedido de destitución

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Unión de Gremios solicitó a la Junta Nacional de Justicia la destitución inmediata de Piero Corvetto. Además, planteó que el nuevo titular de la ONPE disponga la remoción de los funcionarios involucrados en las fallas registradas durante la jornada electoral.

Finalmente, los gremios subrayaron la necesidad de adoptar medidas correctivas urgentes para garantizar una segunda vuelta transparente, confiable y que refleje la voluntad popular. También advirtieron que las deficiencias se produjeron con especial énfasis en Lima y Callao, zonas donde la logística debía operar con mayor eficiencia, lo que incrementa la preocupación sobre la organización del proceso.

Discocor cita a Piero Corvetto

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) citó a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para declarar como testigo en la investigación sobre las fallas técnicas y logísticas registradas en las elecciones generales del 12 de abril. La citación fue entregada en la sede central de la ONPE por el general Walter Ramos Gómez y responde a las demoras y problemas en la instalación de mesas de votación que afectaron a más de 63.300 electores en Lima. El operativo incluyó el allanamiento de la sede central y la recopilación de información relevante para esclarecer los hechos.

La investigación involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), además de denuncias penales presentadas por actores políticos. El Ministerio Público, a través del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, intervino la ONPE, mientras que la procuraduría del JNE presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro funcionarios por presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de deberes funcionales. El procurador Ronald Angulo precisó que la denuncia abarca la falta de entrega de material electoral en 13 locales y que se investiga si los funcionarios pudieron prever el incumplimiento de la empresa contratada para la distribución.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Corvetto explicó que la ONPE atribuyó el incidente a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga, responsable del traslado electoral, y anunció acciones legales contra la compañía. El jefe de la ONPE ofreció disculpas públicas y afirmó que no existió mala fe, asegurando que la crisis se debió a un error puntual y que la instalación nacional de mesas alcanzó el 99,8 %. Según especialistas, el episodio no afectó la validez general del proceso electoral, aunque sí generó reacciones políticas y pedidos de detención por parte de algunos líderes.