Exfuncionario de la ONPE, José Samamé, fue puesto en libertad tras detención por irregularidades y caos logístico en elecciones

El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Samamé, fue liberado por orden de la Fiscalía y afrontará el proceso de investigación fuera de prisión. La causa se centra en el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, consecuencia directa del caótico manejo de la entrega de material electoral durante los recientes comicios, lo que impidió que más de 63.000 ciudadanos ejercieran su derecho al voto, según información de TV Perú Noticias.

La Fiscalía tomó la decisión de excarcelar a Samamé después de que permaneciera cerca de dos horas en la sede del Ministerio Público en Lima, en una jornada marcada por la expectativa pública y mediática. El exfuncionario, quien había presentado su renuncia la noche previa a su detención, salió de la sede fiscal encapuchado y custodiado.

Samamé había ocupado un rol central durante el operativo electoral, al estar a cargo de la contratación de la empresa responsable de la logística de distribución de los insumos críticos para la jornada. La investigación incluye la revisión de los contratos y los procedimientos que llevaron al retraso en la llegada de material electoral, una situación que afectó no solo a Lima, sino a jurisdicciones en el extranjero, agudizando la crisis institucional.

Fiscalía citará a exfuncionado de ONPE

Tras la intervención de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú —que lo detuvo el 13 de abril por presunto delito de omisión en flagrancia—, la Fiscalía dispuso la liberación de Samamé luego de interrogarlo durante dos horas y media en la sede del jirón Carabaya, Lima. Esta medida no implica el cierre de la investigación: la fiscalía confirmó, de acuerdo conlo reportado por el canal nacional, que Samamé deberá volver a comparecer para dar nuevas declaraciones mientras continúa la pesquisa.

La detención inicial respondía al procedimiento vigente ante sospechas de delitos contra la función pública en contexto electoral. De acuerdo con la legislación peruana, tales hechos habilitan una detención de hasta 48 horas, susceptible de extensión si la Fiscalía lo estima necesario tras recabar pruebas adicionales. Hasta el momento, las autoridades no han descartado nuevas detenciones vinculadas a la misma cadena de responsabilidades por las fallas logísticas.

Exgerente de ONPE bajo la lupa por demoras en distribución de material electoral

El foco de la investigación fiscal se dirige a la responsabilidad de Samamé en los retrasos del despliegue de materiales y la consecuente alteración del desarrollo electoral. Según relató la periodista Karla Ramírez en La República, Samamé fue quien solicitó los servicios de transporte y firmó los términos de referencia del contrato con la empresa Galaga SAC, encargada del traslado de los insumos a los centros de votación.

La Fiscalía analiza si la omisión o demora en actos funcionales, atribuida a su gestión, constituyó delito al no prever medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de la entrega. La empresa Galaga SAC, en un pronunciamiento público, aseguró haber cumplido con todas las obligaciones contractuales, señalando que los retrasos fueron causados por factores externos y ajenos a su control.

En el entorno judicial, la investigación no se detiene con la liberación. El exgerente deberá responder a los cuestionamientos sobre los procesos contractuales y operativos en los que participó, una vez sea citado nuevamente por la Fiscalía.

Samamé asume responsabilidad pero apunta a otros funcionarios de ONPE

Tras su detención, José Samamé asumió públicamente su responsabilidad ante las irregularidades identificadas, aunque también sugirió la existencia de otros responsables dentro de la ONPE. Al presentarse ante la prensa en el traslado a la Dirección de Investigación Criminal, Samamé expresó: “Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo”, y añadió: “Yo tengo que pagar aquí”, declaraciones recogidas por Exitosa.

En su carta de renuncia dirigida al jefe de la ONPE, Pedro Corvetto, Samamé argumentó: “Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios, reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejor desarrollo de estas elecciones”. Sin embargo, posteriormente deslindó parte de la responsabilidad en el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, a quien señaló como encargado presencial de supervisar la salida del material: “Debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, según refirió a la policía y publicó La República.

Durante la diligencia judicial, el abogado Juan Carlos Portugal acompañó a Samamé, aunque, de acuerdo con La República, el letrado evitó confirmar oficialmente la representación legal del exfuncionario y advirtió que existen problemas estructurales en el entramado logístico y administrativo por revisar.

Elecciones marcadas por caos logístico en la distribución de material electoral

El colapso logístico en la distribución del material generó una crisis sin precedentes en la jornada del 14 de abril de 2026. Según los reportes oficiales consignados en La República, trece centros de votación en Lima no pudieron abrir sus puertas, lo cual obligó a la ampliación del horario para que aproximadamente 52.000 electores ejercieran su voto al día siguiente.

La parálisis inicial derivó en inquietud social y alimentó cuestionamientos a la ONPE, mientras la empresa encargada del transporte de material electoral, Galaga SAC, eximió de responsabilidad a su operación y atribuyó el retraso a factores externos y al cronograma definido por el propio organismo electoral.

El episodio impactó en la participación de más de 27,3 millones de peruanos convocados a sufragar para el período 2026-2031. Con el escrutinio al 58 %, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga encabezaban la votación con el 16,9 % y 14,08 % de los votos, respectivamente, anticipando un balotaje programado para el 7 de junio. El proceso y las decisiones judiciales que rodean el caso Samamé continúan bajo el escrutinio público e institucional.