ONPE en crisis: altos funcionarios investigados por presunta organización criminal y adjudicación irregular

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta una crisis institucional tras la apertura de investigaciones por presunta adjudicación irregular de contratos. Esto luego de que la Policía Anticorrupción detuvo en “flagrancia” a José Samamé Blas, quien hasta el momento de su arresto se desempeñaba como gerente de Gestión Electoral de la ONPE.

Durante el procedimiento, la policía notificó a Samamé sobre su detención e inició la lectura de sus derechos. El exfuncionario fue arrestado bajo la acusación de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, cargos relacionados con las fallas en la organización y ejecución del proceso electoral reciente.

Funcionarios investigados y documentos internos

Documentos internos de la ONPE revelan que la responsabilidad no se limita a Samamé. De acuerdo con la investigación del programa Contra Corriente, Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, también figura entre los funcionarios señalados. El Ministerio Público lo investiga como presunto integrante de una organización criminal junto a José Luis Luna Gálvez, en el marco del caso conocido como 'Gangsters de la Política’.

Según documentos de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, Fanque habría ejecutado acciones para acelerar la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú, presionando a otros funcionarios de la ONPE para facilitar el proceso.

Phang asumió temporalmente la Gerencia de Gestión Electoral del 13 al 19 de febrero de 2026, en reemplazo de Samamé, quien ya enfrentaba señalamientos. Piero Corvetto también podría enfrentrar una pena si se comprueba que existió un delito tras la denuncia del Jurado Nacional de Elecciones.

Adjudicación polémica y cuestionamientos a la transparencia

La investigación periodística identificó irregularidades en la reciente adjudicación del contrato para el transporte de material electoral. El especialista en contrataciones estatales, Juan Carlos Pinto, explicó que los términos de referencia para la licitación establecían la necesidad de cuarenta vehículos de diez metros cúbicos, pero las empresas ofertaron cantidades superiores sin que se aplicara un criterio uniforme.

En la evaluación, la empresa Galaga SAC obtuvo el puntaje perfecto pese a presentar la propuesta económica más alta, superando a otros consorcios, que ofrecieron presupuestos menores.

Pinto cuestionó que a Galaga se le asignaran 50 puntos adicionales por supuestas mejoras a los términos de referencia, algo que no se otorgó a las otras empresas. “La ONPE lo que ha podido hacer es un proceso escueto, con plazos muy cortos y una apertura a competencia bajo su propio criterio”, afirmó el especialista.

Asimismo, se evidenció que la compañía publicó avisos en redes sociales para buscar camiones, lo que pone en duda su capacidad logística al momento de la adjudicación. Es decir, no contaban con las unidades para brindar el servicio del traslado de material.

Por su parte, Galaga SAC aseguró en un comunicado que cumplió con los Términos de Referencia y los cronogramas fijados por la ONPE, tras los cuestionamientos por los retrasos en la entrega de insumos durante las Elecciones 2026. No obstante, el jefe de la ONPE culpó a la entidad por los retrasos de la llegada de materiales en Lima y extranjero.