El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y cuatro funcionarios de la institución podrían afrontar penas de hasta ocho años de cárcel por presuntos delitos electorales, según informó el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo.
La denuncia surge tras detectarse irregularidades en la distribución del material electoral que, de acuerdo con Angulo, afectaron el desarrollo de los comicios en trece locales de votación y perjudicaron a más de 55.000 ciudadanos.
¿Qué delitos enfrentaría Piero Corvetto?
La acusación presentada por la procuraduría del JNE sostiene que no existió una adecuada supervisión de la capacidad operativa de la empresa encargada de distribuir el material electoral. Durante la planificación del proceso, los funcionarios responsables no verificaron que todo estuviera en condiciones para asegurar la entrega oportuna del material, lo que, según Angulo, constituye una omisión en sus deberes.
“Hubo una inacción o una omisión por parte de los funcionarios encargados de verificar que el material llegara a tiempo”, declaró el procurador en entrevista a Canal N.
La denuncia incluye dos tipos de delitos: el primero relacionado con la omisión de deberes funcionales y el segundo vinculado a la afectación directa del derecho de sufragio, ya que el retraso en la entrega del material impidió la realización del proceso electoral en los locales afectados.
Las penas asociadas a los delitos imputados varían. El delito contra el derecho de sufragio, tipificado en el artículo 359, contempla penas de entre dos y ocho años de prisión. Por su parte, el delito de omisión de deberes funcionales podría suponer hasta dos años de privación de la libertad, según explicó el procurador.
“Eso está en fase de investigación y, de llegar a un proceso penal, el juez determinará la pena”, precisó Angulo.
Consultado sobre la posibilidad de que Corvetto y los otros funcionarios sean condenados a prisión, el procurador del JNE sostuvo que la denuncia no se basa en valoraciones personales, sino en irregularidades detectadas durante la supervisión del proceso electoral.
¿Qué dijo la empresa involucrada?
La empresa Servicios Generales Galaga SAC, responsable del traslado de material electoral en Lima Metropolitana, emitió una misiva tras las revelaciones de ONPE en el marco de las Elecciones 2026. En el documento se afirmó que cumplió estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del contrato y que el servicio de transporte se realizó conforme a los requerimientos y cronogramas definidos por la ONPE
Además, sostuvo que las demoras registradas en la etapa final no responden a “incumplimientos contractuales” de su parte, sino a factores ajenos a su responsabilidad operativa, y rechazó que se le atribuya de manera exclusiva la causa de las dificultades. Galaga expresó su preocupación por el impacto negativo que las declaraciones de la ONPE han tenido en su imagen y reputación, y solicitó que se respeten sus derechos hasta que se esclarezcan los hechos.
La PNP detuvo el último lunes 13 de abril a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tras presentar su renuncia al cargo.
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