JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63 mil personas debido a las deficiencias en la entrega de material electoral en 211 mesas de sufragio a nivel nacional durante las elecciones generales de este 12 de abril.

El documento oficial de la denuncia indica que tanto Corvetto, como el resto de funcionarios bajo su cargo serían responsables de haber cometido presuntamente delitos contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Luis Vargas Valdivia, abogado penalista, indicó en RPP que en medio de una contratación con el Estado, los funcionarios son los garantes del servicio que se presta y que las investigaciones a realizarse en contra de los funcionarios denunciados por parte del JNE deberán concentrarse en conocer si “estos funcionarios del sistema electoral pudieron determinar antes de las elecciones que la empresa encargada de prestar el servicio no iba a poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones”, lo que terminó por afectar el desarrollo normal del proceso electoral.

Con respecto a la detención de un funcionario de la ONPE por parte de la Policía Nacional, Vargas sostuvo que “si se establece que ha habido acá negligencia, imprudencia, impericia, la conducta no es delictiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto de la detención del gerente, sí me parece que es un exceso”

Por otro lado, Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, indicó que, pese a que el proceso de votación no se realizó contando a las 211 mesas de sufragio que no fueron instaladas, las elecciones se desarrollaron con normalidad en la mayoría de los locales, por lo que no se afectó al normal desarrollo de la jornada.

“No ha llegado el material electoral por razones atribuibles a un incumplimiento de una empresa privada. Pero utilizar ese hecho particular que no ha afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral... usualmente se instalan el 99.7 % del total de mesas de sufragio. En la jornada de ayer se han instalado el 99.8 % del total de mesas de sufragio. Es decir, no ha habido una irregularidad que afecte la validez del proceso electoral”, indicó en conversación con Canal N.

El experto señaló directamente a los partidos políticos que integran el Congreso actual para referirse a “un contexto autoritario en el que los partidos políticos en el Parlamento, han roto completamente el límite, el equilibrio de los poderes, vemos cómo se proyecta el proceso electoral. Esto es un hecho sumamente grave”, pues consideró que se está afectando y poniendo bajo amenaza la autonomía de la institución.

“Intervenir la ONPE, eso es propio de los regímenes autoritarios. Hay argumentos suficientes para poder decir que debe haber una prolija investigación para ver qué factor determinó el incumplimiento de la obligación por parte del tercero contratado (...) Pero escalar a una intervención penal con detenciones es un acto claramente de amedrentamiento, en un contexto en el cual desde el 2016 en adelante hemos estado circulando en el país, o sea, casi una década, con narrativas de fraude, sin argumentos, con ataques sistemáticos a la autonomía de los organismos electorales y particularmente en el caso del señor Corvetto, amenazas directas de violencia personal”, indicó el especialista en a Canal N.

Procurador del JNE explica por qué se denuncia a Piero Corvetto

Según declaraciones recogidas por RPP, Ronald Angulo, procurador público del JNE, precisó que la medida busca que se establezcan responsabilidades y que el Ministerio Público determine si corresponde iniciar un proceso penal contra los denunciados. “Porque tiene que establecerse responsabilidades y, en todo caso, desvirtuar en una investigación el ilícito penal o las irregularidades que han ocurrido el día de ayer”, sostuvo el funcionario, según lo citado por RPP.

De acuerdo con el procurador, la denuncia abarca la presunta comisión de tres delitos vinculados a la falta de entrega de material electoral en 13 locales de votación, así como otras situaciones reportadas en medios de comunicación el día de la elección. Angulo recordó que el JNE tiene la función principal de fiscalizar los procesos electorales y que la denuncia se apoya en un informe de la Dirección de Fiscalización, que documentó los problemas surgidos en el reparto del material.

La responsabilidad que se atribuye al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se fundamenta en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen su papel exclusivo en la organización, planificación y ejecución de los procesos electorales. El procurador explicó a RPP que la ONPE debe encargarse de la compra, distribución y entrega del material electoral en los locales de votación, tareas que recayeron directamente en Corvetto y otros funcionarios de la administración, gestión electoral y coordinación general electoral.

Angulo citó el artículo 182 de la Constitución, que precisa que el jefe de la ONPE, nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años, es responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales, así como del suministro de material electoral.

Sobre la naturaleza de la responsabilidad, el procurador aseguró que corresponde al Ministerio Público determinar si existe una responsabilidad penal y no solo política, ya que “al jefe de la ONPE no se le puede abrir un procedimiento administrativo sancionador, como sí puede ocurrir con otros funcionarios de menor jerarquía”, puntualizó.

Durante la entrevista con RPP, Angulo descartó que el JNE deba fiscalizar las contrataciones directas de la ONPE, como el caso de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material. Subrayó que la fiscalización del JNE inicia con la recepción y seguimiento del material electoral y que los reportes de los fiscalizadores en cada local serán parte de la investigación. Según el procurador, los fiscalizadores del JNE levantaron actas en los locales de votación, registrando incidencias como la demora en la entrega del material.

Sobre la responsabilidad de la empresa Gálaga, Angulo indicó que sus representantes legales también han sido denunciados como posibles coautores, debido a la aparente negligencia en el cumplimiento de los plazos de distribución, lo que impidió que numerosos electores pudieran ejercer su derecho al voto. “Ellos también estarían en todo caso como coautores, porque por su ineficiencia o negligencia de no cumplir con llevar el material en la fecha y hora acordada también han impedido que un gran número de electores pueda ejercer su derecho al sufragio”, expresó el procurador en diálogo con RPP.