Estos son los diez personajes que dejaron huella en la política y actualidad del Perú a lo largo de 2025

El año 2025 llegó a su fin en el Perú dejando tras de sí una larga estela de acontecimientos políticos, sociales y económicos que transformaron la agenda nacional y redefinieron prioridades. La inestabilidad institucional, la crisis de inseguridad, los escándalos judiciales y la emergencia de nuevos liderazgos se combinaron para convertir este periodo en uno de los más convulsos de la historia reciente. Desde el abrupto relevo en la presidencia hasta la inauguración de proyectos emblemáticos, pasando por condenas históricas y luchas sociales, los hechos de este año determinaron el rumbo del país y la percepción ciudadana sobre el poder.

Los meses transcurrieron entre movilizaciones, cambios en el Ejecutivo y el Congreso, y debates públicos que pusieron en primer plano la urgencia de reformas y la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones. El protagonismo de figuras políticas tradicionales se entremezcló con el surgimiento de actores sociales y técnicos, así como con la consolidación de personajes polémicos, todos ellos bajo el escrutinio permanente de una sociedad marcada por la desconfianza y la exigencia de resultados concretos.

A continuación, repasamos los diez personajes que dejaron huella en el 2025, cada uno desde espacios distintos, pero todos con un papel determinante en el devenir del Perú.

José Jerí

La crisis política alcanzó un nuevo clímax el 10 de octubre, cuando José Jerí Oré asumió la jefatura del Estado tras la vacancia de Dina Boluarte. El atentado contra la agrupación Agua Marina y el posterior estallido social precipitaron la destitución presidencial, de modo que Jerí, entonces presidente del Congreso, se convirtió en el séptimo mandatario interino que tuvo el país en menos de una década. Su llegada al Ejecutivo respondió estrictamente al mandato constitucional y fue recibida con una mezcla de expectativa y escepticismo por una ciudadanía agotada por los recurrentes cambios de gobierno.

Jerí, abogado limeño afiliado a Somos Perú, había ganado notoriedad en el Congreso por su rol en la Comisión de Presupuesto y su capacidad para articular consensos parlamentarios. Accedió a la curul como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra y, en julio, fue elegido presidente del Congreso con respaldo de una coalición de centro y derecha. Tras la vacancia de Boluarte, juró priorizar la lucha contra la delincuencia y la transparencia institucional en la antesala de las elecciones de 2026.

Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de controversias. Enfrentó una denuncia de violación sexual presentada a inicios de año, archivada por la Fiscalía al no hallarse pruebas ni coincidencias en muestras de ADN, aunque la presión social persistió. Movilizaciones ciudadanas y campañas bajo el lema “Un violador no puede ser presidente” pusieron en duda su idoneidad ética y mantuvieron la polémica en el centro del debate público. Además, Jerí fue blanco de acusaciones de enriquecimiento ilícito y de no acatar una orden judicial de tratamiento psicológico, situaciones que, aunque no prosperaron penalmente, afectaron su imagen y marcaron su breve pero intenso paso por la presidencia.

Dina Boluarte

El 2025 fue el año del ocaso político de Dina Boluarte. Llegó a la presidencia en 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, pero su gestión se vio rápidamente erosionada por una combinación de escándalos, falta de resultados y una crisis de inseguridad sin precedentes. Con apenas tres por ciento de aprobación y una desaprobación superior al noventa por ciento, Boluarte enfrentó un deterioro acelerado de su capital político.

El país vivió el periodo más violento de su historia reciente: más de dos mil homicidios hasta noviembre, un promedio de seis asesinatos diarios y más de cinco mil muertes vinculadas a la criminalidad desde el inicio de su gestión. La extorsión, el sicariato y la minería ilegal se expandieron, afectando sectores económicos clave y sumiendo a la población en una sensación de desprotección estructural. El atentado contra Agua Marina simbolizó la incapacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado y fue el punto de quiebre que llevó al Congreso a aprobar su vacancia por “incapacidad moral permanente”.

Boluarte también fue protagonista de múltiples investigaciones fiscales y escándalos políticos, incluyendo el caso “Rolexgate”, acusaciones de abandono de función presidencial por cirugías estéticas y presunto favorecimiento a familiares. Sus respuestas oficiales a las víctimas de la inseguridad, percibidas como frías y evasivas, incrementaron la indignación ciudadana. El saldo de su gobierno fue el de una presidenta aislada, cuestionada y finalmente destituida, cuyo legado quedó asociado al colapso institucional y a una de las crisis más profundas de las últimas décadas.

Rafael López Aliaga

El 2025 consolidó a Rafael López Aliaga como uno de los personajes más controvertidos y visibles de la política peruana. Empresario y líder del partido Renovación Popular, López Aliaga inició el año como alcalde de Lima y lo concluyó lanzándose oficialmente a la carrera presidencial para 2026, tras renunciar a la alcaldía en octubre.

Su gestión municipal estuvo marcada por promesas de transformación, obras emblemáticas inconclusas, y un discurso de “mano dura” contra la delincuencia. De las 105 promesas de su plan de gobierno, solo se concretaron 25. Proyectos como la Vía Expresa Sur, inaugurada de manera parcial, y la adquisición de trenes usados de Caltrain por USD 22 millones —presentados como donación y actualmente almacenados sin uso— lo pusieron en el ojo de la tormenta. La Contraloría y la Fiscalía investigan el caso por presunta malversación.

López Aliaga también impulsó la judicialización de contratos de peajes, denunció corrupción en concesiones viales y protagonizó polémicas mediáticas por declaraciones agresivas y propuestas como el uso de “drones explosivos” para combatir la delincuencia. Su estilo confrontacional y su discurso anti-establishment lo posicionaron como favorito en intención de voto, aunque su figura genera rechazo y polarización en amplios sectores sociales. La renuncia a la alcaldía y el anuncio de su candidatura presidencial cierran una etapa de intensa exposición mediática y controversias sin resolver.

Julio Velarde

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, mantuvo en 2025 su posición como referente técnico y pilar de la estabilidad macroeconómica nacional. Reconocido por su liderazgo desde 2006, Velarde enfrentó este año el debate sobre su posible retiro en 2026, preparando una transición ordenada y sugiriendo sucesores internos para garantizar la continuidad institucional.

Durante su gestión, el Perú sostuvo la inflación más baja de América Latina, fruto de una política monetaria independiente y disciplinada. Velarde insistió en que la inflación baja es un “activo nacional” y advirtió sobre los peligros de decisiones políticas cortoplacistas, defendiendo la autonomía del BCRP frente a presiones externas. Su postura frente a la ampliación del REINFO, la legalidad y la crítica a los retiros de fondos de AFP marcaron la agenda técnica del año.

El 2025 también estuvo marcado por homenajes y reconocimientos, como el Premio Julio Velarde, y elogios institucionales provenientes de líderes globales como Jerome Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos. Su papel como defensor de la disciplina económica y la institucionalidad deja un legado que trasciende gestiones políticas y sienta las bases para el futuro de la economía peruana.

Delia Espinoza

En el ámbito judicial, Delia Espinoza se convirtió en figura central tras su inhabilitación como fiscal de la Nación. Su gestión estuvo marcada por investigaciones a congresistas y miembros del Ejecutivo, lo que generó tensiones con el Congreso y sectores políticos. La inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, aprobada en una segunda votación parlamentaria, fue cuestionada por su presunto trasfondo político y por la falta de sustento jurídico.

Espinoza defendió su proceder y denunció irregularidades en el proceso, asegurando que su sanción respondía a una estrategia para mantener la impunidad parlamentaria. Su lucha por la restitución incluyó acciones judiciales y el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, que complicó el escenario institucional y evidenció la falta de consenso dentro del Ministerio Público.

El caso de Espinoza se convirtió en símbolo de la pugna entre la autonomía fiscal y el poder político, así como de la fragilidad del equilibrio de poderes. Además, fue noticia por su postura frente a la vacancia de Boluarte y denuncias de peculado de uso tras seguir empleando bienes oficiales durante su suspensión. Su historia representa la resistencia institucional y el debate sobre el Estado de derecho en un año de confrontaciones y cambios estructurales.

Pedro Castillo

A pesar de su reclusión en el penal de Barbadillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, Pedro Castillo mantuvo una alta relevancia política y social en 2025. Su juicio por rebelión y abuso de autoridad avanzó hacia una sentencia que podría definir su futuro, mientras el Congreso tramitaba un proceso de inhabilitación de hasta diez años, lo que lo dejaría fuera de las elecciones generales de 2026.

El exmandatario es el interno más visitado de Barbadillo, con presencia activa en debates y organización de movimientos sociales. Su futuro político dependerá del desenlace judicial y del proceso de inhabilitación, pero su figura sigue siendo referente de la izquierda y símbolo de polarización en el país.

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra, expresidente del Perú, enfrentó en 2025 el desenlace más adverso de su carrera política. Fue condenado a quince años de prisión por corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua, tras comprobarse que recibió sobornos a cambio de contratos de obras públicas. La sentencia lo inhabilitó de manera definitiva para ejercer cargos públicos.

A esta condena se sumaron tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso, asociadas a los casos “Vacunagate”, omisión de vínculos empresariales y la disolución del Congreso en 2019. Aunque su partido, Perú Primero, intentó postularlo para las elecciones de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE ratificaron que no podía presentarse ni figurar como afiliado.

A pesar del peso de las sanciones, Vizcarra mantuvo altos niveles de aprobación en las encuestas. Su hermano Mario Vizcarra asumió la candidatura presidencial de Perú Primero, aunque la imagen del partido sigue estrechamente ligada al exmandatario. El caso Vizcarra refleja la tensión entre la popularidad social y el impacto irreversible de las condenas judiciales en el Perú.

Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se convirtieron en la primera pareja presidencial del Perú condenada por lavado de activos agravado, recibiendo quince años de prisión cada uno. La sentencia, dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, demostró la recepción de fondos ilícitos de Odebrecht y del gobierno venezolano durante las campañas de 2006 y 2011.

Humala fue recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple condena junto a otros exmandatarios. Heredia, por su parte, recibió asilo diplomático en Brasil tras alegar problemas de salud y evitar la audiencia final de sentencia. La pareja quedó inhabilitada para cargos públicos y enfrenta una reparación civil de diez millones de soles al Estado, además de una multa de 730 días-multa cada uno.

La condena, apelada por la defensa como políticamente motivada, marca un hito en la lucha contra la corrupción y evidencia el alcance judicial de los casos de financiamiento ilegal en la política peruana. El futuro político de ambos queda truncado, mientras el Partido Nacionalista Peruano enfrenta sanciones y multas adicionales.

Lima Airport Partners

El 2025 fue un año clave para Lima Airport Partners (LAP), la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lideró la inauguración oficial del nuevo terminal, tras una inversión cercana a USD 2.000 millones, marcando un hito en la infraestructura aeroportuaria nacional. El nuevo terminal, tres veces más grande que el anterior, permite atender hasta cuarenta millones de pasajeros anuales y posiciona a Lima como un hub regional de conectividad.

La transición operativa incluyó una migración masiva de equipos y personal, con el primer vuelo emblemático a Atlanta, Estados Unidos, simbolizando el inicio de una nueva era. LAP también introdujo innovaciones como la sala VIP “Sleepover” y garantizó el acceso de taxis formales al terminal, priorizando la seguridad y el orden vehicular.

Sin embargo, la empresa enfrentó polémicas por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) y conflictos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, especialmente por retrasos y exigencias adicionales para la apertura del terminal. La gestión y la transparencia en la modernización aeroportuaria se mantuvieron en el centro del debate, mientras LAP proyecta la expansión y modernización de más aeropuertos regionales en el país.

Martín Valeriano

En el ámbito social y sindical, Martín Valeriano emergió como líder indiscutible del sector transporte urbano, encabezando la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y organizando múltiples paros y protestas en Lima y Callao. Su papel fue fundamental para visibilizar la crisis de inseguridad, la extorsión y los asesinatos que afectan a conductores y empresas del sector.

Valeriano denunció la falta de resultados del Estado de Emergencia y la ineficacia policial, articulando demandas de mayor presupuesto, tecnología y estrategias reales para combatir la criminalidad. Bajo su liderazgo, Anitra paralizó la movilidad urbana en varias oportunidades, exigiendo respuestas concretas del gobierno y de las autoridades. Su discurso crítico y la denuncia de la exclusión de los verdaderos voceros del sector en las negociaciones con el Estado lo convirtieron en un referente de la lucha gremial y social.

En octubre, Valeriano pidió licencia en Anitra para postular al Congreso en las elecciones de 2026, argumentando que desde el Legislativo buscará combatir los problemas estructurales del transporte y la inseguridad. Su tránsito del liderazgo gremial a la política refleja la urgencia de respuestas efectivas y el peso del drama cotidiano que vive el sector transporte en el Perú.