Piden al JNE excluir a Fernando Rospigliosi por condena por difamar a Delia Espinoza

El Instituto Internacional de Investigaciones Empresa y Cambio solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluir la candidatura del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras haber sido condenado a 9 meses de prisión suspendida por difamar a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

A través de una carta, la referida asociación advierte que Rospigliosi estaría impedido de postular en las Elecciones Generales 2026 al amparo del artículo 34 de la Constitución, que impide que sean candidatos a cargos de elección popular “las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

“En aras de la institucionalidad democrática y del estado constitucional de derecho, le solicitamos a usted aplique lo preceptuado en nuestra Constitución y deje sin efecto la postulación del sentenciado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro”, se lee en el documento.

La solicitud fue derivada al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 para que evalúe si corresponde excluir al candidato de Fuerza Popular.

Rospigliosi no aprende

El presidente encargado del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, reafirmó su postura tras ser condenado por difamación y lanzó la amenaza de destituir de manera masiva a jueces supremos, siguiendo la dictadura de Nayib Bukele en El Salvador.

Rospigliosi propuso que el próximo Congreso y Gobierno “colaboren” con este objetivo, una iniciativa que evoca el proceso mediante el cual El Salvador impulsó la salida anticipada de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema.

El congresista fujimorista recibió una sentencia de 9 meses de prisión suspendida y una orden de pago de 200 mil soles como reparación civil por difamar a Delia Espinoza.

Rospigliosi declaró a Canal N que ratifica “totalmente” las afirmaciones por las que fue sentenciado y reafirmó haber dicho “solamente la verdad” en sus expresiones contra Espinoza. En 2025, acusó públicamente a la abogada de ser “aliada del terrorismo y las economías ilegales” y la calificó de “desquiciada”, cargos que la jueza Carbajal consideró constitutivos de un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión y una grave afectación al honor de la exfiscal.

Rospigliosi rechazó el fallo judicial, argumentando: “He dado una opinión en el ejercicio de mi función congresal. No soy responsable, según el artículo 93 de la Constitución, ante órgano jurisdiccional alguno. Y la jueza se ha pasado por encima de la Constitución y me ha sentenciado”.

El presidente encargado del Congreso advirtió su intención de “barrer” el sistema judicial con una destitución masiva de magistrados, comparando su propuesta con el proceso implementado en El Salvador en 2021 bajo el gobierno de Nayib Bukele. Manifestó: “Lo que necesitamos es que tengamos un gobierno decidido, que sepa qué cosa es lo que tiene que hacer y un parlamento que lo respalde y hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. Bukele botó a un tercio de los magistrados del sistema judicial”.

En El Salvador, la reconfiguración del poder judicial incluyó una modificación legal para cesar de inmediato a los jueces que cumplieran 60 años, lo que generó la jubilación anticipada de aproximadamente un tercio de los jueces de la Corte Suprema. Esto se sumó a la destitución de la totalidad de la Sala Constitucional, tras decisiones contrarias a decretos del Ejecutivo.