El país volvió a enfrentar un vuelco político. En las primeras horas del viernes, el Congreso de la República destituyó a Dina Boluarte tras aprobar una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente” para enfrentar la ola de criminalidad que golpea al país. En medio de protestas, paros de transportistas y extorsiones que se multiplican a diario, José Enrique Jerí Oré, hasta entonces titular del Parlamento, asumió la presidencia de la República.
Su llegada al poder, sin embargo, ocurre bajo la sombra de una denuncia por violación sexual que generó amplia indignación cuando salió a la luz, en enero de 2025. Aunque el caso fue archivado por el fiscal supremo Tomás Gálvez, la investigación y los vínculos del mandatario con los involucrados fueron revelados en un reportaje de Epicentro TV, dirigido por el periodista Daniel Yovera.
Una denuncia presentada en enero y archivada ocho meses después
La denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2024 por una mujer de 31 años en la provincia de Casma, región Áncash. La víctima señaló a José Jerí Oré y a Marco Antonio Cardoza Hurtado, un allegado suyo, como presuntos autores del abuso sexual ocurrido en una vivienda vinculada al entonces congresista.
El caso fue derivado a la Fiscalía Suprema de Familia, que abrió una investigación preliminar en enero. Tras ocho meses de diligencias, el 8 de agosto de 2025, el fiscal supremo Tomás Gálvez decidió archivar el expediente al concluir que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”. Posteriormente, el 3 de octubre, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó la disposición, dejando el caso cerrado una semana antes de que Jerí jurara como jefe de Estado.
Los argumentos del fiscal y las diligencias omitidas
En su resolución de 14 páginas, a la que tuvo acceso Epicentro TV, Gálvez detalló que las declaraciones de testigos, las conversaciones de WhatsApp y una prueba de ADN excluían al actual mandatario. Según la disposición, “las muestras biológicas halladas en el cuerpo de la agraviada no son homologables con el ADN de José Jerí Oré”. Con ello, el fiscal concluyó que el único responsable sería el coinvestigado Marco Cardoza, hoy prófugo de la justicia.
No obstante, el informe de Epicentro precisó que el Ministerio Público no practicó una pericia psicológica al denunciado ni a la víctima, una diligencia clave en casos de violencia sexual. Según el medio mencionado, tampoco evaluó contradicciones en los testimonios ni analizó con detalle la presencia de los investigados durante el día del hecho. La ausencia de estas pruebas generó críticas de especialistas y reacciones en redes sociales cuando se conoció el archivo.
Un vínculo previo entre los implicados
El reportaje también reveló que Marco Cardoza, quien fue imputado junto a Jerí, visitó en varias ocasiones el despacho del entonces congresista y participó en actividades organizadas por él. Entre enero de 2022 y noviembre de 2024, Cardoza registró cinco ingresos al Congreso y asistió a ceremonias de reconocimiento empresarial convocadas por Jerí. En una de ellas, incluso, una empresa de su familia fue premiada por el hoy presidente.
En la misma actividad, celebrada el 18 de noviembre de 2024, la mujer que semanas después presentó la denuncia también recibió un reconocimiento. Estas coincidencias, documentadas por Epicentro TV, despertaron cuestionamientos sobre la cercanía entre los tres personajes. En la entrevista concedida al medio en enero, Jerí negó haber tenido una relación estrecha con la agraviada y aseguró desconocer los hechos que ocurrieron en la vivienda de Casma.
De presidente del Congreso a jefe de Estado
La denuncia no impidió que José Jerí continuara su ascenso político. Pese a la polémica, el Congreso mantuvo su respaldo y, tras la destitución de Dina Boluarte, lo proclamó como presidente de la República. Su juramentación se dio en un contexto de crisis institucional, marcado por la inseguridad ciudadana, el descontento social y el debilitamiento del Ejecutivo.
El archivo fiscal, confirmado días antes de su asunción, selló temporalmente el caso en su contra, aunque dejó abiertas preguntas sobre la actuación del Ministerio Público y la independencia de sus decisiones.
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