El Gobierno de Guatemala atribuyó a organizaciones criminales transnacionales y terroristas la ola de violencia registrada en los departamentos de Zacapa e Izabal, con la cual fundamentó la declaratoria de estado de Sitio durante 30 días en ambas regiones.
El Decreto Gubernativo Número 8-2026, firmado el sábado 14 de noviembre por el presidente Bernardo Arévalo y el Consejo de Ministros, se publicó este domingo en el diario oficial y detalla que informes de seguridad confirmaron actividades vinculadas al narcotráfico detrás de ataques armados contra civiles y autoridades.
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Según el Ejecutivo, la situación compromete el orden público, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz en ambos departamentos. El decreto también advierte riesgos para el patrimonio de los habitantes, el desarrollo integral y la continuidad de los servicios públicos esenciales.
El decreto amplía las facultades de las fuerzas de seguridad
La declaratoria se apoya en el artículo 138 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Orden Público. Estas normas permiten restringir temporalmente garantías constitucionales ante una perturbación grave de la paz o hechos que amenacen la seguridad estatal.
Durante la vigencia de la medida podrán limitarse la libertad de acción, las condiciones de detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, además de la tenencia y portación de armas.
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Las autoridades estarán facultadas para restringir reuniones, manifestaciones y espectáculos, así como para establecer controles sobre la circulación y el estacionamiento de vehículos. También podrán ordenar detenciones o confinamientos sin orden judicial contra personas sospechosas de alterar el orden público por hechos vinculados con la emergencia.
El decreto habilita, además, allanamientos sin autorización previa de un juez cuando existan indicios de que en un inmueble se encuentra una persona con orden de captura o armas y objetos relacionados con los delitos investigados. La autoridad deberá exhibir una orden escrita y limitar la diligencia al objetivo establecido.
El presidente ejercerá el control de las acciones como comandante general del Ejército, por medio del ministro de la Defensa Nacional. Esa cartera deberá coordinar con el Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Organismo Ejecutivo. El Congreso tendrá tres días para ratificar, modificar o improbar la disposición.
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Una cadena de ataques armados antecede la medida
La declaratoria ocurre después de varios hechos violentos registrados en Zacapa. El 27 de septiembre, una serie de ataques en Huité, entre ellos una agresión durante un evento deportivo, dejó ocho personas fallecidas.
El caso permanece bajo investigación y reserva judicial. Aunque el Ejército negó inicialmente su participación, posteriormente autoridades militares y el Gobierno confirmaron que elementos y vehículos de la institución se movilizaron en el área.
El Ministerio de la Defensa Nacional puso a disposición del Ministerio Público a 107 militares, mientras continúan las pesquisas para establecer responsabilidades.
El 6 de noviembre, el diputado por Zacapa Julio César Portillo Paz murió tras un ataque armado en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Río Hondo. En la emboscada también murieron sus escoltas de la Policía Nacional Civil: Fernando Reyes, Érick Ramos y Jorge Paau Xicol.
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La madrugada del viernes 13 de noviembre, cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos, fueron asesinadas en el caserío El Tocino, aldea La Majada, municipio de Zacapa.
Durante el ataque, un hombre habría sido privado de secuestrado y posteriormente liberado, debido a una supuesta confusión sobre el objetivo de la incursión armada.
Ese mismo 13 de noviembre, dos hombres que viajaban en un picop fueron asesinados frente al parque Reina Barrios, en Puerto Barrios, Izabal. Desconocidos los interceptaron desde otro vehículo, dispararon contra ellos y huyeron del lugar.
Las autoridades no han informado si ese caso guarda relación con los ataques registrados en Zacapa.
La polémica fiesta en medio de la crisis de seguridad
Los hechos sangrientos conviven con antecedentes de nexos entre figuras locales y el crimen organizado. El 24 de octubre, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, organizó una fiesta de 15 años para su hija Adriana Cifuentes, evento señalado por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el narco.
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La representación diplomática recordó que Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias El Gordo, padre de la adolescente y esposo de Ovalle, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Mientras que Infobae confirmó que la alcaldesa es cuñada de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias Haroldito, requerido por la justicia estadounidense por delitos vinculados con el narcotráfico y por quien ofrecen una jugosa recompensa, como líder del cartel guatemalteco Los Lorenzana.
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