El Gobierno de Guatemala decretó este 14 de noviembre de 2026 el estado de sitio en Zacapa e Izabal por 30 días, con el argumento de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público en ambos departamentos.
La medida es el segundo decreto de este tipo que Arévalo emite durante el año. La legislación guatemalteca contempla su aplicación ante actividades terroristas, sediciosas o de rebelión, además de asesinatos, secuestros y ataques armados que puedan calificarse como guerra civil.
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Restricciones a la circulación, las reuniones y la tenencia de armas
El estado de sitio limita la plena vigencia de los derechos establecidos en los artículos cinco, seis, 26, 33 y 38 de la Constitución. Las restricciones alcanzan la libertad de acción, las condiciones para una detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, y la regulación sobre tenencia y portación de armas.
Las autoridades podrán limitar o impedir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas, espectáculos y encuentros privados. También tendrán facultad para disolver por la fuerza grupos o concentraciones que no cuenten con autorización, que porten armas o elementos violentos, o en los que se utilicen armas y se produzcan actos de violencia.
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La disposición habilita además la prohibición de circulación o estacionamiento de vehículos en zonas, lugares u horarios determinados. Los vehículos podrán ser sometidos a registro o se les podrá impedir salir de poblaciones específicas.
La norma permite exigir servicios o auxilio a particulares. Las fuerzas de seguridad también podrán repeler o reprimir acciones consideradas contrarias al restablecimiento de la normalidad.
Detenciones y allanamientos sin orden judicial previa
Las autoridades podrán ordenar la detención o el confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público sin necesidad de una orden judicial. La legislación prevé que, durante el estado de sitio, las fuerzas armadas reciban facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, incluso aquellas que carezcan de personería jurídica.
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El presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército y puede delegar la ejecución directa de las medidas en el ministro de la Defensa Nacional. La normativa también autoriza el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos para restaurar la normalidad cuando se considere amenazado el orden legal.
Los funcionarios encargados de aplicar la medida podrán allanar domicilios u otros espacios cerrados sin orden de un juez ni permiso del propietario. Esa facultad se aplicará si existen indicios de que allí se encuentra una persona con orden de captura o detención, o si se presume la presencia de armas, instrumentos o efectos vinculados con el delito investigado.
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La autoridad que practique el allanamiento deberá presentar una orden escrita del funcionario que dispuso la medida. El texto completo del decreto será publicado en el Diario de Centroamérica.
Las instituciones de seguridad coordinarán las acciones para resguardar a la población y garantizar la tranquilidad de las comunidades, con apego a la ley y respeto por los derechos humanos.
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