Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Pedro Sánchez comparece al fin este miércoles en el Congreso de los Diputados para responder “sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”, según recoge la agenda de la cámara. En particular, las que señalan al PSOE y al Gobierno. El presidente solicitó esta sesión hace cerca de un mes, el 28 de mayo, solo horas después de que la Guardia Civil se presentara en la sede del partido en la calle Ferraz para requerir documentación en el marco del caso Leire, días más tarde de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Luis Ábalos esperando condena, con David Sánchez en el banquillo, con Begoña Gómez a la espera del cierre de la instrucción.

De ese 28 de mayo a hoy, los tribunales se han movido inusualmente ágiles y los distintos frentes han dado un salto, lo que ha derivado en una presión todavía mayor sobre el líder del Ejecutivo, al que la oposición exige dimisión y elecciones y los socios, acción. Acción o elecciones. Las últimas semanas, la iniciativa política, escasa, ha quedado sepultada por miles de folios de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Por primera vez, Sánchez ha deslizado la posibilidad de un adelanto de las generales, previstas para el próximo verano. Asegura que serán en 2027, que no coincidirán con autonómicas y municipales y que será el candidato socialista. Pero primero, el Congreso.

24 años de cárcel para Ábalos

La causa más avanzada es la que se conoce como el caso Koldo o caso mascarillas. Este lunes, el Supremo condenó por unanimidad a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio. El límite de cumplimiento efectivo que fija el artículo 76 del Código Penal sitúa la condena real de Ábalos en 16 años y medio y la de Koldo, en 15 años. El tribunal declaró probado que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones para adjudicar de manera irregular contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

La sentencia, de 224 páginas, acredita el pago mensual de 10.000 euros a Ábalos desde octubre de 2019 hasta junio de 2022, la contratación de dos mujeres en empresas públicas, el arrendamiento de pisos en Madrid y Marbella y operaciones relacionadas con la nota de prensa sobre el rescate de Air Europa. La Sala condena a Ábalos y Koldo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, aunque los absuelve de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. Aldama, quien ha colaborado con la justicia, no tendrá que pisar prisión a condición de no delinquir y de cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La Audiencia Nacional le investiga en otra causa.

Caso Leire, las cloacas del PSOE

El juez Santiago Pedraz ha imputado imputa a Santos Cerdán como presunto líder de una estructura criminal y a la ‘fontanera’ Leire Díez como ejecutora. Según Pedraz, Cerdán habría puesto “a disposición de esa estructura criminal la propia estructura del partido” para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al entorno de Sánchez. La investigación recoge al menos 39 reuniones entre ambos y pagos mensuales de 4.000 euros a Díez, sufragados con fondos del partido. El punto de inflexión que Pedraz sitúa en su auto es una reunión en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Sánchez enviara su carta a la ciudadanía anunciando unos días de reflexión.

La UCO concluyó que las referencias a “el one” en las conversaciones grabadas entre los investigados corresponden al propio presidente del Gobierno. Sánchez lo negó el 5 de junio: “Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque si se me hubiera informado no las hubiera tolerado”, declaró. Su condición de aforado impide que Pedraz dirija actuaciones procesales contra él directamente; de apreciar indicios suficientes, el instructor tendría que elevar una exposición razonada al Supremo. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha quedado también en el foco y expuesta por haber mantenido reuniones con Díez. El Gobierno la mantiene.

El caso Zapatero: el faro se apaga

José Luis Rodríguez Zapatero, referente de Sánchez y el socialismo, es investigado en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama en el marco del denominado caso Plus Ultra. El 19 de mayo, agentes de la UDEF registraron su despacho particular en Ferraz y hallaron una caja fuerte con más de 120 piezas de joyería -collares de oro blanco con piedras preciosas, pulseras, pendientes, relojes- tasadas por peritos en 1.323.915 euros. La investigación busca aclarar si la ayuda de 53 millones de euros que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra para reflotarla tras la pandemia fue utilizada para blanquear dinero y pagar comisiones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sostienen que Zapatero, que mantuvo intensa actividad de mediación en Venezuela, fue clave para que la aerolínea obtuviera esos fondos públicos. El juez Calama le imputa cuatro delitos en la causa principal: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental; y en pieza separada, fraude fiscal y contrabando por las joyas. El 17 de junio, Zapatero declaró durante casi tres horas ante Calama y negó todos los cargos. El magistrado rechazó imponer medidas cautelares por la “visibilidad pública” del expresidente y la “ausencia de cualquier indicio de intención evasiva”, pero mantuvo los indicios de criminalidad. Días después, el juez citó como investigadas a las dos hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

David Sánchez, visto para sentencia

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz a comienzos de junio junto a otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación en 2017 de un puesto de alta dirección en la diputación pacense a Sánchez, primero como coordinador de actividades de los conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El juicio, que se extendió durante siete días con más de 40 testigos, arrancó con una victoria parcial para las defensas: el tribunal descartó el delito de nombramiento ilegal.

Los acusados permanecieron en el banquillo por prevaricación administrativa en concurso medial con tráfico de influencias. Las acusaciones populares del PP, Vox y otras organizaciones del mismo corte -Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Abogados Cristianos- elevaron su petición de pena hasta seis años de prisión para Sánchez y cuatro para Gallardo. La Fiscalía, sin embargo, pide la absolución para los once acusados, al no apreciar pruebas de cargo suficientes. El 9 de junio, el juicio quedó visto para sentencia. La carga de trabajo del tribunal hace difícil predecir cuándo se conocerá la sentencia.

Caso Begoña Gómez o caso Peinado

Es el caso más caliente por la ambigüedad de los cargos o la fijación del juez, reconvenido en varias ocasoiones y ahora expedientado. El pasado sábado, Juan Carlos Peinado acordó abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Al mismo tiempo, le retira el pasaporte, le prohíbe salir de España y le impone la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días. La instrucción gira en torno a dos ejes: que Gómez se habría aprovechado de su relación con el presidente para impulsar su carrera profesional y que se habría apoyado en su asesora en La Moncloa para tareas privadas.

La acusación popular liderada por la asociación Hazte Oír reclama 24 años de prisión para la esposa de Sánchez, 22 para su asesora Cristina Álvarez y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. El Gobierno califica el auto de Peinado de “persecución, obsesión y desproporción” y lo tacha de carente de “todo sentido jurídico”. Para el Ejecutivo, la muestra más evidente de esa “persecución, obsesión y desproporción” reside en que haya llegado a afirmar que los agentes que la escoltan le ayudarían en una huida del país. La “visibilidad pública” y “ausencia de cualquier indicio de intención evasiva” que evitó a Zapatero cualquier medida cautelar no ha servido con Gómez, ya más de dos años investigada.

La posición de Sánchez

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno tiene en prisión con condena firme a su último secretario de Organización, imputado al anterior a este, también a la actual gerente, Ana María Fuentes, así como a su referente político y también a su mujer y a su hermano. Con este cerco, la maquinaria judicial a toda velocidad y la política con el cuchillo entre los dientes, Sánchez se presenta en el Congreso con el objetivo de ganar tiempo, necesitado de mano izquierda con unos socios sobrepasados y de anunciar medidas que devuelvan el foco a la iniciativa legislativa en una legislatura de parálisis por el bloqueo de Junts, ahora más cercano al PP. Que el mandato termine en marcha y no precipitándose.

Será a partir de las nueve de la mañana. Pero Sánchez tendrá difícil detener la rueda. A un par de kilómetros, el Senado estará votando una moción del PP para instarle a convocar elecciones. Por la tarde, a las seis, está citada Begoña Gómez para entregar el pasaporte. El jueves, el Congreso debatirá otra iniciativa para que se someta a una moción de confianza.