Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

El juez Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez y ha adoptado medidas cautelares, según informa en auto al que ha tenido acceso Infobae. Le impone la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días. Le ha abierto juicio oral por cuatro delitos y ha aceptado las medidas exigidas por Hazte Oír, la organización que figura como acusación.

El juez ha acordado imponer las mismas medidas cautelares a la asesora Cristina Álvarez, y estas se mantendrán “durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que se dicte una resolución firme”. La decisión ha sido adoptada tras la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. En esta vista, las acusaciones populares han reiterado sus solicitudes respecto a las medidas cautelares.

El magistrado atribuye a Gómez la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Este viernes, el juez abrió una pieza nueva que, en principio, tenía su nombre, pero que luego se aclaró que se trataba de un error. Ahora, ha citado judicialmente a la pareja de Pedro Sánchez como investigada.

Juicio a Begoña Gómez

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado la apertura de juicio oral en el “Caso Cátedra TSC”. El proceso tiene como principales investigados a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario; y María Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual en la Presidencia. A los tres se les imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Según el auto judicial, Begoña Gómez, tras la llegada de su esposo a la presidencia, promovió la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Se le atribuye el uso de su posición y de sus contactos institucionales para captar fondos y apoyos de grandes empresas, algunas con vinculaciones al sector público.

Además, se investiga el supuesto desvío de recursos universitarios y la apropiación de un software desarrollado en la cátedra, incorporándolo a su patrimonio privado a través del registro de marcas, dominios web y la sociedad Transforma TSC S.L. Por su parte, Cristina Álvarez habría asistido de manera regular a Gómez en gestiones privadas del proyecto, utilizando recursos públicos y participando en negociaciones y reuniones relacionadas con la plataforma tecnológica, acciones que no se consideran compatibles con su función pública.

Juan Carlos Barrabés está siendo investigado por su relación empresarial y la presunta obtención de contratos públicos facilitados por la intervención de Gómez. Las defensas pidieron que se cierre el caso porque, según ellas, los hechos no son delito o ya han prescrito, sobre todo en el caso de Cristina Álvarez. También solicitaron que la Universidad Complutense quede fuera del proceso y que la acusación popular pague los gastos del juicio. El juez no aceptó estas peticiones, decidió que el caso debe ir a juicio con jurado y ordenó medidas cautelares.