
Queda visto para sentencia el juicio por la contratación de David Sánchez, tras siete sesiones que han concluido con la presentación de los informes de defensa de los dos últimos acusados. Lo que se ha juzgado estas dos semanas ha sido si Miguel Ángel Gallardo, como presidente de la Diputación de Badajoz, creó una plaza de ‘coordinador de conservatorios’ a medida para David Sánchez; si más adelante esta plaza fue modificada para permitir al hermano del presidente del Gobierno dedicarse a otras actividades por cuenta propia; y si después diseñó y creó otra plaza, esta vez a medida de Luis Carrero.
Este lunes, seis de los ocho letrados de los once acusados expusieron sus conclusiones finales y todos coincidían en pedir la absolución de los investigados, alegando una falta de pruebas que demuestren la existencia de esa presunta trama para favorecer a Sánchez y una acusación construida sobre, consideran, conjeturas, interpretaciones y sospechas.
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El proceso ha incluido las declaraciones de los once acusados y de más de 40 testigos; además de las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los abogados de los investigados, así como del Ministerio Fiscal. La defensa pide la libre absolución para ellos, al igual que la Fiscalía; mientras que las acusaciones populares - a excepción de Manos Limpias - han elevado sus peticiones a seis años de prisión para Sánchez (el doble de lo que pedían inicialmente), cuatro para Gallardo y dos para Carrero.
Las defensas exponen sus conclusiones finales
Según ha adelantado El Español, hoy han intervenido los abogados de Ricardo Cabezas, diputado provincial que este lunes aseguraba no haber participado en la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz; y de Luis Carrero, amigo personal del hermano del presidente del Gobierno y adjudicatario de - y único aspirante a - la plaza de “jefe de actividades transfronterizas”, un puesto que se atribuye a Sánchez haber creado y adaptado específicamente para él.
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Raúl Montaño, letrado de Ricardo Cabezas, ha defendido hoy la absolución de su cliente, acusado de un delito de “tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación” por el presunto enchufe de Luis Carrero. “No hay elementos de tráfico de influencias y menos de prevaricación”, ha dicho este martes. Ha sostenido que “atribuir un dolo directo a un político es muy difícil, porque sus decisiones se suelen apoyar en informes técnicos y jurídicos, que es lo que sucede aquí”.
De acuerdo con información de Europa Press, a continuación ha intervenido Salvador Morrillas, abogado de Luis Carrero, sobre quien las acusaciones sostienen que fue contratado por intermediación de Sánchez y para aligerar su trabajo. Sobre esto, su abogado ha ironizado: “¿Este señor era un Supermán, que hacía su trabajo y el de otros?“. Ha respondido a las acusaciones populares: ”Dicen que este juicio es una ópera bufa en tres actos. Lo que es es un libreto de ficción, por continuar el símil", ha dicho antes de subrayar que el puesto que Carrero ocupó hasta mediados de 2025 “sigue existiéndose y desempeñándose” por otra persona, lo que, a su parecer, demuestra “que no se creó para capricho de David Sánchez”.
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“Es un relato, es un edificio construido sobre palillos de dientes. Es decir, no hay nada de lo que se pueda acusar en este caso a mi defendido, al señor Carrero, ni de prevaricación ni de tráfico de influencias, de ninguno de los dos delitos de los que se le acusa en las calificaciones, tanto provisionales como definitivas”, ha asegurado Morrillas, recordando que “la carga de la prueba” recae en la acusación.
“No solamente” es inocente Carrero, ha defendido Morillas, sino que asegura que puede demostrarlo con las pruebas presentadas, que “no hay ni una sola prueba y las que hay son todas para mantener un dictamen favorable a todos los efectos”. Sostiene que la acusación popular ha ignorado estas pruebas y se ha centrado solo en las relativas a la creación y adjudicación del puesto de jefe de sección de Coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas.
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“Desde el punto de vista legal fue limpia como una patena”, ha dicho, señalando que todo el proceso administrativo fue fiscalizado y no recibió objeciones. Indicó además que, si se sostiene que el puesto fue creado para favorecer a Carrero, eso debe probarse y que, en cualquier caso, Carrero cumplía los requisitos y tenía un salario mayor como asesor en Moncloa.
Varios acusados utilizan el turno de última palabra
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, ha hecho uso de su turno de última palabra para volver a “defender” su “inocencia” y “la de las personas que se sientan en el banquillo, cuya única culpa es no tener las mismas ideas que la acusación popular”, según información de Europa Press. “La acusación ya ha perdido el interés en este juicio dentro de esta sala. Algunos letrados ya se han ido a Madrid. Ya han hecho su juicio mediático paralelo”, ha dicho, lamentando que “algunos hemos sufrido (este juicio paralelo) durante algo más de dos años. Nos han condenado socialmente”.
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Francisco Martos (alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes), por su parte, ha dicho: “No me da la cabeza para entender lo que ha pasado aquí. Todos nos hemos desempeñado correctamente”. Manuel Candalija (director del Área de Cultura, Deportes y Juventud), se ha quejado del “acoso mediático durante dos años”. Félix González (jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección), por su parte, también se ha lamentado por el “calvario” sufrido. Así, sobre las once de la mañana, el juez José Antonio Patrocinio ha declarado el juicio “concluso para sentencia” después de que las defensas hayan presentado sus informes finales, en los que han solicitado de forma unánime la absolución de los once acusados.
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