El Gobierno adelanta medidas “proporcionales” si Italia no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Ejecutivo español ha exigido este viernes a Italia que rectifique y elimine los controles fronterizos aplicados a los viajeros procedentes de España y ha advertido que, si la situación no cambia antes del 9 de agosto, se adoptarán medidas “proporcionales” para garantizar la protección de los ciudadanos españoles, según recoge un comunicado al que ha tenido acceso EFE.

El Ejecutivo califica los argumentos de Italia de “espurios”, muestra su confianza en que “el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan” y subraya que “los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas”.

Además, el comunicado señala que, desde 2022, Italia no aplica el Reglamento de Dublín, el sistema europeo que determina que el país de primera entrada en la Unión Europea debe hacerse cargo de tramitar las solicitudes de asilo de los migrantes. Según el Gobierno, al no aceptar el retorno de solicitantes de asilo que llegaron inicialmente a su territorio, Italia traslada esa responsabilidad a otros Estados miembros, lo que incrementa la presión migratoria sobre el resto de países de la UE.

Italia suspendió unilateralmente la libre circulación Schengen con España

Esta reacción se produce después de que el Gobierno italiano implantase controles adicionales a viajeros procedentes de España en sus puntos de entrada el 1 de agosto como reacción a la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En un principio, Italia, Dinamarca, Suecia y Finlandia lanzaron la propuesta de suspender la libre circulación Schengen con España, aunque Ceuta y Melilla no reciben el mismo tratamiento que el resto de territorios europeos y no es posible abandonar los enclaves hacia la Península ni a ningún destino en Europa sin antes identificarse. Ninguna de las 80.000 personas que accedieron a Ceuta la semana pasada habría podido llegar a Europa beneficiándose de la libre circulación.

“Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España (...). La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribió Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia.

A modo de respuesta, su homólogo español José Manuel Albares publicaba en la misma red social que “este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”. Defendía en su respuesta que lo sucedido en Ceuta “tiene que ver con una sentencia” —en referencia a la resolución del Tribunal Supremo que el 8 de julio ilegalizaba la expulsión inmediata de migrantes que lleguen a España por vía marítima— y que no tiene “nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia”.

Para acceder a la regularización masiva en España este año era necesario demostrar residencia continuada en el país antes del 1 de enero de 2026 y al menos cinco meses de permanencia, no tener antecedentes penales en España ni en otros países recientes y presentar documentación que acreditara identidad y estancia. Además, los solicitantes debían acreditar haber trabajado en España, convivir con familiares directos o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Cumplidos estos requisitos, se podía obtener una autorización de residencia y trabajo por un año. Cruzar la frontera de Ceuta un jueves cualquiera de julio no es, por tanto, suficiente para acceder a un proceso que ni siquiera está ya en curso.

Finalmente, solo Italia cumplió sus amenazas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se expresó una “profunda preocupación” por la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos socios europeos, que habrían actuado movidos “por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político” al sugerir —u oficializar— la exclusión española de Schengen. Convocó debido a esto “una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior” para “establecer una respuesta común ante situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no solo por aquellos que se encuentran en primera línea de la Unión”.

Una semana después, Italia no ha levantado esas medidas, motivando que desde el Gobierno hayan visto necesario lanzar este ultimátum.