“Pongamos fin a este fango de la única manera posible”: el “quien pueda hacer que haga” de Pedro Sánchez que puso en marcha a Cerdán y las cloacas socialistas

Pedro Sánchez guardó cinco días de reflexión en abril de 2024 una vez el juez Juan Carlos Peinado determinó la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del Gobierno dejó en el aire su dimisión (“no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta”) y terminado ese periodo, se dirigió a los españoles para anunciar que continuaba, pero no para quedarse de brazos cruzados: “O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará el futuro, condenándonos como país”.

“Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. (...) Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, proclamó.

La materialización llegó en julio, cuando Sánchez explicó en el Congreso de los Diputados el Plan de Acción por la Democracia, consistente en 31 medidas. El Consejo de Ministros lo aprobó en septiembre. Según el propio Gobierno, ya se han desarrollado 27 de ellas. Entre otras, contempla un registro de medios de comunicación, con información sobre su propiedad o financiación; una nueva Ley de Publicidad que topa en un 35% la cifra de negocio con instituciones de estos medios o plataformas o una reforma del derecho de rectificación que por primera vez señala a los influencers.

El auto de Pedraz

Anunciadas pero no implementadas, la obligatoriedad de debates antes de unas elecciones, también de un debate sobre el estado de la Nación cada año (el último fue en 2022) o una ley de lobbies estandarizable con la europea, norma que vuelve a la actualidad con motivo de la investigación sobre la actividad profesional de José Luis Rodríguez Zapatero. Son avances que implican a los poderes ejecutivo y legislativo y también a los medios, como establece el propio espíritu del plan en su redacción, coherentes con el compromiso del presidente y alineados con los países de nuestro entorno.

Pero a nadie escapa que lo que más urgencia corría a Sánchez, por eso su parón, por eso su enfado, era frenar las causas contra el PSOE y contra su persona o su entorno, viéndolo como una campaña orquestada para tumbar al Gobierno con jueces, policías y periodistas a su servicio. Un rotundo auto de Santiago Pedraz este miércoles revela la puesta en marcha ya antes del Plan de Acción por la Democracia de una grave operación desde el corazón de Ferraz, liderada por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Solo entre abril y mayo se reunió 39 veces con la militante Leire Díez.

Según el auto, Cerdán encargó a Díez la coordinación y ejecución de actuaciones para “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”. Pedraz constata una retribución a Díez de 4.000 euros mensuales con cargo al partido, pagos que señalan al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. La formación habría abonado más de 180.000 euros a la red, al engranaje de las cloacas socialistas.

La reunión clave

Pedraz no señala a Sánchez, pero sí un hecho detonante que tiene a Sánchez como protagonista, precisamente el ya recordado de sus cinco días de reflexión. Leire Díez llevaba tiempo llamando a la puerta del PSOE y nadie le hacía caso, hasta abril de 2024: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”, figura en un manuscrito de Díez. David Sánchez, hermano del presidente, también resultó imputado esa primavera, lo que tuvo a Ferraz a pleno rendimiento en la tarea de tratar de contrarrestar la catarata de noticias al hilo.

La reunión fundamental, valora Pedraz, tiene lugar el 26 de abril. Al encuentro asisten Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano -jefe de gabinete de Sánchez en Ferraz entre 2014 y 2018- y por último Ion Antolín, responsable de Comunicación del partido. En la víspera, Díez había enviado un mensaje a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI: “Me voy de urgencia a Madrid. (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”. Una empleada de Ferraz gestionó y remitió a Díez en billete de avión de vuelta a su residencia. Hubo más viajes después.

Las actuaciones presuntamente encargadas a Díez van más allá de una simple labor de información. Según el auto de Pedraz, la red habría ofrecido contraprestaciones a funcionarios públicos a cambio de actuaciones favorables, recabado información clasificada como secreta para usarla en beneficio propio e intentado influir sobre cargos públicos para obtener resoluciones acordes a sus intereses. El magistrado menciona también un intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, a quien se le habrían ofrecido 50.000 euros para que negara haber entregado dinero en efectivo en la sede de Ferraz.

La reacción de Sánchez

Entre los objetivos figuraban jueces, fiscales y mandos de la UCO, incluida la instructora del caso ERE, por el que Zarrías fue condenado. Es por todo esto que este miércoles, agentes de la UCO entraron en Ferraz, donde pasaron 13 horas. El juez les encomendó recabar el contenido íntegro de los correos de Cerdán, Antolín y Fuentes, volcar la estructura completa de la red informática del partido, examinar los libros contables de 2024 y 2025 y recoger los datos de control de acceso al edificio. En paralelo, agentes registraron el domicilio de Cerdán en su pueblo en Navarra, de donde salieron con cajas y maletas.

Mientras la UCO indagaba en Ferraz, Sánchez estaba en el Roma. Allí, admitió la “gravedad” de lo conocido y garantizó “total colaboración” con la justicia, pero escurrió el bulto. El secretario general del PSOE encapsuló lo ocurrido en los nombres de Santos Cerdán y Leire Díez, recordando que el partido ya actuó contra ellos. “Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, zanjó. Dijo lo mismo al ser preguntado por la actual gerente o por su exjefe de gabinete y acto seguido volvió al punto de partida, asegurando que hay demasiadas fake news.

Clama el PSOE contra aquellas palabras de José María Aznar en las que llamaba a derribar a Sánchez por tierra, mar y aire: “El que pueda hacer que haga”. Aseguran que fue el pistoletazo a toda serie de maniobras sucias. Lo cierto es que ninguna de ellas está descrita en un sumario, como sí las que vinieron tras el “pongamos fin a este fango de la única manera posible” de Sánchez.

Hoy, sabemos que del amago de renuncia de Sánchez surgió a la luz pública una batería de medidas enfocadas a la transparencia y el buen gobierno y que a la sombra, se inició una reacción más activa y virulenta dispuesta a combatir el supuesto fango con más fango. Los implicados, poco hábiles si entre sus planes también estaba el de no ser descubiertos, han ido dejando miguitas, pudiendo trazarse una línea de acción en una precisa cronología. Lo conociera o no, Sánchez no asume responsabilidad. Ni por el caso Zapatero ni por este va a convocar elecciones antes de 2027: “No respondería al interés general”.