Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí: la Comunidad de Madrid saca al mercado el inmueble por 6,7 millones de euros

La empresa pública Planifica Madrid ha publicado este viernes en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid la licitación del ático de 485 metros cuadrados situado en el paseo de General Martínez Campos, 35, el mismo inmueble que adquirió hace apenas tres meses por 6,3 millones de euros y que ha desatado una tormenta política al conocerse que iba a servir como supuesto despacho provisional de Isabel Díaz Ayuso. El precio de salida es de 6,7 millones de euros, y el plazo para presentar ofertas se cierra el 7 de septiembre.

La operación de venta forma parte de un conjunto más amplio. Tal y como ya adelantó la presidenta de la región, junto al ático de Chamberí, Planifica Madrid también pone en el mercado cuatro inmuebles en la Gran Vía de Madrid, concretamente en el número 6, con una superficie útil de 1.132 metros cuadrados y un precio inicial de 11,8 millones de euros.

El conjunto de las dos operaciones suma un presupuesto base de licitación de 18,5 millones de euros, según consta en el expediente. El Gobierno regional ha anunciado que los ingresos obtenidos se destinarán a la reconstrucción de los municipios de la Sierra Oeste afectados por los incendios forestales que asolaron la región hace pocas semanas.

Un ático de 485 metros cuadrados (199 de ellos de terraza) como dependencia provisional del Gobierno autonómico

Aunque la compra del ático se ha conocido hace menos de un mes, fue el pasado 14 de abril cuando Planifica Madrid -empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local- formalizó la adquisición del inmueble. La compra no figuraba en los presupuestos de la sociedad para 2026 ni apareció publicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Según la justificación del Ejecutivo madrileño, el inmueble se iba a utilizar de forma provisional como dependencias del Gobierno autonómico mientras se ejecutaban obras de reforma en la Real Casa de Correos, su sede oficial.

Una explicación que no concuerda con la normativa actual. El edificio donde se ubica el ático, construido en 1957 y situado en la esquina del paseo General Martínez Campos con la calle Zurbano —en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de la capital—, solo permite uso residencial. Es decir, que destinar el inmueble a oficinas habría vulnerado la ley urbanística vigente.

Fue el diario El País el que destapó la operación, cuyo precio final de compra fue de 6,3 millones de euros por un piso de 485 metros cuadrados (199 de ellos de terraza) con vistas panorámicas a toda la ciudad de Madrid. A esa cifra se le añaden 378.000 euros en impuestos, derivados de haber canalizado la compra a través de una sociedad mercantil en lugar de la Administración directamente. Además, la intermediación la realizó Promora, una inmobiliaria de lujo de La Moraleja que cobró una comisión del 3%, unos 189.000 euros.

“No le han comprado a Ayuso nada y no voy a tener residencia oficial”

Apenas un día y medio después de que se hiciera pública la operación, el Gobierno regional anunció que renunciaba a utilizar el ático y que lo pondría de nuevo en el mercado. Tras la oleada de críticas, Ayuso negó haber intervenido en la gestión del inmueble y remitió todas las explicaciones a la Consejería de Presidencia, encabezada por Miguel Ángel García Martín. “No es para mí, no es mi residencia, no le han comprado a Ayuso nada y no voy a tener residencia oficial”, señaló la presidenta al ser preguntada por la operación.

Aunque la oposición no ha dado el tema por zanjado. Durante la mañana de este viernes, el PSOE de Madrid ha anunciado que llevará la compra ante la Fiscalía para pedir que se investigue al consejo de administración de Planifica Madrid por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. Los socialistas señalan que la operación careció de justificación presupuestaria, no pasó por los cauces de transparencia habituales y se realizó con dinero público para adquirir un bien cuyo uso previsto era inviable legalmente.