
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la imputación de Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar Jiménez, por su posible participación directa en el entramado societario que orbita el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En un auto al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado ha determinado que, tras analizar los elementos aportados y los indicios recogidos en la instrucción, existen fundamentos para formalizar la imputación por su presunta participación en la canalización y redistribución de fondos, así como en la elaboración de la facturación vinculada al entramado investigado. Concretamente, Calama se refiere a la condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL, cuya actividad vincula a un “papel instrumental” en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento.
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What the Fav, cuya sede fue registrada el pasado 18 de mayo, recibió 239.755 euros de Análisis Relevante, empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y el elemento central de la investigación. El expresidente manifestó que sus hijas hacían trabajos de ‘marketing’. El magistrado ha subrayado que, según la ley, quien ostenta la representación formal de una empresa presuntamente instrumental es “responsable” de las acciones y de las decisiones que hacen posible su funcionamiento.
El magistrado ha aclarado que acordar su imputación “no solo es jurídicamente posible, sino necesaria para preservar sus derechos fundamentales y para garantizar la validez de las diligencias”. “La alternativa —citarlas como testigos— generaría un riesgo, al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad cuya operativa aparece objetivamente vinculada al entramado investigado.
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De ahí que, para Calama, su decisión “se ajusta a los estándares constitucionales y procesales, responde a la lógica de protección de sus derechos y se fundamenta en la existencia de indicios racionales derivados de su posición orgánica, sin que sea exigible en este momento un juicio cerrado sobre su participación subjetiva en los hechos”.
El juez sitúa a Gertrudis Alcázar como una “pieza operativa esencial”
En cuanto a su secretaria, la UDEF la sitúa como el elemento central de comunicación y gestión documental de las actuaciones de la estructura -también llamada Finance Boutique-, que trabaja desde la oficina del expresidente y gestiona su correo. El análisis de correos electrónicos entre Alcázar Jiménez —que aparecía como “Gertru”— y Cristóbal Cano Quiles, director de administración de Martínez Martínez, expuso que la secretaria se encargaba de justificar pagos que, a juicio de la UDEF, no respondían a servicios reales.
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La decisión ha tenido lugar un día después del interrogatorio al expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, donde trató de desvincular a sus hijas del entramado societario. El juez, no obstante, consideró que sus explicaciones “no desvirtuaron los indicios de criminalidad”.
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