La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra detiene la atención en la actividad privada de los expresidentes del Gobierno. Él es el primero en ser investigado por un presunta corrupción. El Estado procura generosos beneficios públicos vitalicios a quienes han ostentado el cargo, pero ninguno de ellos se conforma y hacen un lucrativo uso de su pasado y de su agenda, con una intensa actividad de consultoría, conferencias o consejos de administración, según de quién hablemos.

Este miércoles, en sesión de control, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó al actual, Pedro Sánchez: “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha citado a Rodríguez Zapatero a declarar el martes 2 de junio, tras levantar el secreto de sumario de un procedimiento que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno inyectó en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como el “núcleo decisor y estratégico” de una red que habría puesto sus contactos con altos cargos de la Administración al servicio de terceros a cambio de comisiones que la UDEF cifra en 1,95 millones de euros. Él lo niega.

De vuelta al motivo de esta información, la causa arroja luz sobre una zona gris que afecta al conjunto de los expresidentes: la tensión entre los privilegios que el Estado les reconoce de por vida y la actividad privada que desarrollan una vez abandonan La Moncloa, sin que exista una regulación específica que delimite con precisión qué pueden o no pueden hacer a partir del día siguiente de su cese.

Cuánto cobra un expresidente

El aparato legal que les blinda parte del Real Decreto 405/1992, aprobado bajo el mandato de Felipe González y conocido como el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno. El texto establece una dotación anual para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquiler de inmuebles, cuya cuantía fija cada año los Presupuestos Generales del Estado. Esa cifra asciende a 74.580 euros anuales. Dado que el estatuto vigente eliminó la restricción de cuatro años que contemplaba la norma anterior y no exige justificación de los gastos, en la práctica funciona como una paga vitalicia sin control efectivo.

A esa dotación se añaden otros beneficios: dos funcionarios a su servicio designados a propuesta del expresidente -uno de nivel 30 y otro de nivel 18-, un vehículo de representación con conductor, servicios de seguridad a criterio del Ministerio del Interior y libre pase en los transportes regulares del Estado por tierra, mar y aire. Los expresidentes también conservan el tratamiento de “presidente”, el lugar protocolario correspondiente en actos públicos y el apoyo de los servicios de representación diplomática española en sus desplazamientos al extranjero.

Además de esa dotación, la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 contempla una indemnización del 80% del salario durante un periodo igual al tiempo que se ocupó el cargo, con un máximo de 24 mensualidades. Esta compensación, sin embargo, es incompatible con cualquier otra retribución de actividad pública o privada desde 2012, según el Real Decreto-ley 20/2012. El sueldo de Sánchez como presidente en activo asciende a 90.449 euros brutos anuales, lo que situaría su futura indemnización en torno a los 72.000 euros.

Existe también la opción de integrarse como consejero nato vitalicio en el Consejo de Estado, cargo remunerado con 103.204 euros brutos anuales. Una vía que Aznar rechazó para incorporarse al consejo de administración de News Corporation y que Zapatero abandonó en 2015 para iniciar su actividad privada.

Con Felipe empezó todo

González, presidente entre 1982 y 1996, fue el arquitecto de los beneficios que hoy perciben sus sucesores y también el primero en beneficiarse de ellos durante más tiempo. Desde que dejó La Moncloa, desarrolló una intensa agenda internacional, con participación en seminarios y conferencias en Europa y América Latina, con tarifas estimadas en más de 80.000 euros por intervención. En 2001 constituyó la sociedad Ialcon Consultoría SL, a través de la cual canaliza sus ingresos por conferencias, asesorías y la gestión de parte de su patrimonio inmobiliario. También creó Tagua Capital, una firma de inversión que no llegó a despegar y que en su último depósito registrado arrojaba pérdidas. González es el primer expresidente en haber cobrado más de dos millones de euros de la dotación vitalicia que él mismo instituyó.

Aznar: consejos de administración y FAES

Aznar, al frente del Gobierno entre 1996 y 2004, renunció al Consejo de Estado para dedicarse a una carrera empresarial e institucional de alcance internacional. Desde 2004 preside FAES, think tank vinculado al PP. Ese mismo año fundó junto a su esposa Ana Botella la sociedad Famaztella, destinada a gestionar los derechos de propiedad intelectual de los libros que ambos publican y que en 2023 registró pérdidas de 27.085 euros tras haber obtenido beneficios de 184.619 euros el año anterior.

Su actividad en el sector privado abarca un amplio abanico de posiciones. Es consejero del conglomerado mediático News Corporation, por cuyo cargo percibió 303.300 euros en el último ejercicio fiscal conocido. Figura también como asesor especial del despacho de abogados Latham & Watkins desde 2018, miembro del consejo consultivo internacional de Barrick Gold Corporation -dedicada a la extracción de oro-, consejero de la empresa tecnológica Afiniti y presidente del Instituto Atlántico de Gobierno. Entre 2011 y 2014 formó parte del consejo de administración de Endesa con una retribución próxima a los 300.000 euros anuales. De 2004 a 2011 ejerció como profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington. Aznar también actúa como conferenciante a través de la agencia Washington Speakers Bureau, que representa a exmandatarios y figuras de primer nivel internacional.

Rajoy el registrador

Rajoy, que gobernó entre 2011 y 2018, optó por la vía más alejada del mundo empresarial: regresar a su profesión de origen como registrador de la propiedad. Tras la moción de censura que le apartó del poder, se reincorporó al Cuerpo de Registradores en Santa Pola (Alicante) y posteriormente obtuvo plaza en el Registro Mercantil número 5 de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Sus ingresos anuales podrían situarse entre 1 millón y 1,2 millones de euros brutos, una cifra muy superior a los 80.953 euros que percibía como presidente. A ello se suma la dotación vitalicia de 74.580 euros anuales contemplada en el Estatuto de Expresidentes. Rajoy es también autor de varios libros, entre ellos Una España mejor y Política para adultos.

Zapatero: consultoría y Venezuela

Zapatero, presidente entre 2004 y 2011, abandonó el Consejo de Estado en 2015 y se volcó en la actividad privada como autónomo, con trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias. Según El País, el expresidente pagaba a Hacienda el 45% de lo que facturaba. Entre 2020 y 2025, cobró 463.000 euros de la consultora Análisis Relevante SL, propiedad del empresario alicantino Julio Martínez Martínez -detenido en diciembre de 2024-, por elaborar informes de geopolítica y análisis de política económica. La empresa de sus hijas, Whathefav SL, recibió otros 198.000 euros de esa misma sociedad por trabajos de comunicación y marketing. En total, el entorno familiar de Zapatero habría percibido unos 600.000 euros de Análisis Relevante, una cifra muy similar a la que Plus Ultra abonó a Martínez Martínez por sus gestiones como “conseguidor” en Venezuela.

El juez Calama describe en su auto cómo Zapatero habría actuado como “vértice” de una estructura que usó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas. La investigación incluye una presunta conexión con empresarios venezolanos y chinos, y la constitución de una sociedad en Dubái para recibir fondos sin trazabilidad en España. El magistrado recoge conversaciones en las que personas vinculadas a Plus Ultra aludían a que “nuestro pana Zapatero” estaba “detrás” de una reunión con el Ministerio de Transportes, donde “se notaba” que les habían recibido por “altas” recomendaciones.

Las incompatibilidades

La legislación española establece, a través de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que durante los dos años siguientes al cese los altos cargos no pueden desempeñar actividades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo ocupado ni celebrar contratos de asistencia técnica con las Administraciones Públicas. Esa restricción, además, es incompatible con la percepción simultánea de la indemnización del 80%.

La norma, sin embargo, no se aplica a la actividad desarrollada una vez transcurrido ese plazo de dos años, lo que deja un amplio margen para que un expresidente ejerza como consultor, conferencista o consejero de empresas privadas sin restricción legal alguna. El delito de tráfico de influencias, tipificado en los artículos 428 a 430 del Código Penal, cubre los casos en que un particular -incluido un exfuncionario- ejerce influencia sobre otro funcionario en ejercicio para obtener una resolución que le beneficie a él o a un tercero. Es precisamente ese precepto el que el juez Calama aplica al caso Zapatero, al considerar que el expresidente habría usado sus contactos con altos cargos del Gobierno de Sánchez para favorecer el rescate de Plus Ultra.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción llevan investigando el asunto desde finales de 2024, tras recibir solicitudes de cooperación internacional de las fiscalías suiza y francesa sobre un posible blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela. El 2 de junio, Zapatero podrá defenderse y el juez decidirá. También puede acogerse a su derecho a no declarar. En su contra, la de Rodríguez Zapatero, que Calama pueda valorar un alto riesgo de fuga.