Quién es Gertrudis Alcázar, la secretaria que custodió durante dos décadas el acceso a Zapatero y que ahora el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’

Durante más de dos décadas, María Gertrudis Alcázar Jiménez ocupó uno de los lugares más discretos y sensibles del poder socialista: el entorno más próximo de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuera de los círculos políticos y periodísticos apenas era conocida. Dentro del PSOE, en cambio, “Gertru” era desde hace años un nombre asociado a la confianza absoluta, la gestión silenciosa y el control del acceso al expresidente del Gobierno. Ahora, el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el llamado ‘caso Plus Ultra’ la ha situado de golpe en el centro de la actualidad política y judicial.

La resolución judicial describe a Alcázar como una “pieza operativa esencial” dentro de la presunta trama investigada por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. El magistrado sostiene que Zapatero ejercía “el liderazgo estratégico” de la estructura y sitúa a Gertrudis Alcázar en un “tercer nivel jerárquico” encargado de la “operativa diaria” y de la coordinación documental y administrativa. Hasta ahora, sin embargo, su figura había permanecido prácticamente invisible.

En Ferraz y en el entorno socialista se la conocía desde hace años como la secretaria “de toda la vida” de Zapatero. Diversas crónicas políticas sitúan su relación profesional con el expresidente desde la etapa en la que este asumió la Secretaría General del PSOE, a comienzos de los años 2000, aunque algunas fuentes del partido sostienen que su vínculo con el aparato socialista era incluso anterior. Antes de convertirse en una figura inseparable del expresidente, trabajó también junto a dirigentes históricos del PSOE como Joaquín Almunia o Manuel Chaves.

Quienes coincidieron con ella en aquellas etapas la describen como una mujer discreta, eficiente y extremadamente leal. La periodista Ana R. Cañil llegó a definirla como “lista, eficiente y simpática”, además de destacar que era una de las pocas personas que permanecieron junto a Zapatero durante años dentro de su círculo más íntimo. En el partido, su papel era conocido: gestionar agendas, coordinar llamadas, organizar reuniones y ejercer de enlace permanente con el expresidente.

En términos políticos, ocupaba una posición singular. No tenía cargo orgánico de relevancia ni presencia pública destacada, pero sí una enorme capacidad de intermediación. Durante la etapa de Zapatero en La Moncloa, varias informaciones periodísticas ya la señalaban como una de las personas que filtraban, organizaban o directamente limitaban el acceso al presidente del Gobierno. Tras la salida del dirigente socialista del Ejecutivo, continuó trabajando con él en su oficina privada vinculada al Consejo de Estado y posteriormente en el despacho de la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE.

La secretaria que aparece en el centro del auto

El protagonismo que adquiere ahora en la investigación judicial contrasta con esa trayectoria en la sombra. El auto del juez Calama la menciona de forma reiterada y la sitúa como una figura clave en la supuesta estructura operativa investigada alrededor del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Según la resolución, Zapatero evitaba intervenir directamente en determinadas operaciones y delegaba en Alcázar parte de las gestiones más sensibles. El magistrado sostiene que la secretaria actuaba como “correa de transmisión” entre el expresidente y empresarios investigados, especialmente con Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores uno de los principales intermediarios de la trama.

La investigación atribuye a Gertrudis Alcázar funciones relacionadas con la coordinación documental, la transmisión de instrucciones, la elaboración de facturas y la gestión de correos electrónicos considerados relevantes para la causa. El juez sostiene que desde la oficina de Ferraz se daba “cobertura formal y documental” a la actividad investigada y considera que Alcázar desempeñaba un papel central dentro de esa estructura administrativa.

Uno de los aspectos que más peso tiene en el auto es la supuesta creación de una sociedad en Dubái. Según la investigación, esa empresa habría sido utilizada para canalizar pagos vinculados al rescate de Plus Ultra y ocultar el origen de determinados fondos. El magistrado afirma que Gertrudis Alcázar participó en la transmisión de instrucciones relacionadas con la constitución de esa estructura societaria y la sitúa como intermediaria entre Zapatero y el empresario Julio Martínez.

La resolución judicial también recoge diversos intercambios de correos electrónicos entre Alcázar y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Martínez. Según el juez, esos mensajes reflejarían un “modus operandi estable y reiterado” para coordinar la emisión de facturas y definir conceptos, importes y periodos de facturación. La investigación sostiene que esas comunicaciones eran utilizadas para dotar de “apariencia documental” a movimientos económicos que considera sospechosos.

Una figura hermética

Pese a la relevancia que le atribuye ahora la Audiencia Nacional, sigue existiendo muy poca información pública sobre María Gertrudis Alcázar. No han trascendido apenas datos sobre su formación académica, su edad o su vida personal. Tampoco existen entrevistas ni exposiciones públicas relevantes, más allá de una breve aparición en el documental ‘La última llamada’, de Movistar Plus+, la serie dedicada a los expresidentes del Gobierno en la que intervino fugazmente en el episodio centrado en José Luis Rodríguez Zapatero. Su trayectoria siempre estuvo vinculada a funciones internas y alejadas del foco mediático.

Esa invisibilidad es precisamente uno de los elementos que más llaman la atención en torno a su figura. Durante años, su trabajo consistió en gestionar discretamente el funcionamiento cotidiano del entorno del expresidente. Dentro del PSOE, muchos la identificaban como una persona imprescindible en la organización de reuniones, viajes y contactos políticos, pero su nombre apenas aparecía fuera de ese ámbito.

En los últimos días también ha trascendido su vínculo familiar con Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio. La dirigente municipal fue investigada en el denominado ‘caso Termyca’ o ‘Efial’ por un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque terminó absuelta junto al resto de acusados en 2024.

La importancia que el juez atribuye a Gertrudis Alcázar quedó reflejada además en las medidas adoptadas durante el registro de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz. El magistrado autorizó expresamente a los agentes a intervenir dispositivos electrónicos y cualquier soporte de almacenamiento que pudiera portar la secretaria del expresidente, incluyendo teléfonos móviles, memorias USB, agendas o documentación física. Incluso contempló la posibilidad de practicar un registro corporal externo para evitar una eventual destrucción de pruebas.

Según el auto, la oficina de Ferraz constituía el “centro físico de coordinación, elaboración y archivo” de la documentación vinculada a la actividad investigada. Y dentro de esa estructura, el juez sitúa a María Gertrudis Alcázar como uno de los principales nodos de comunicación y gestión documental.