
La guerra de Oriente Medio ha llevado a los miembros de la Unión Europea a desembolsar 14.500 millones de euros para mitigar el impacto social y económico de los elevados precios de la energía derivados del conflicto. Esta cantidad supone únicamente el 0,07% del PIB de la UE en 2026, pero deja grandes diferencias en las partidas presupuestarias utilizadas por los países, donde España ocupa el primer lugar en gasto.
Según ha destacado la Comisión Europea en su último análisis de previsiones para la primavera de 2026, la mayoría de medidas de apoyo adoptadas recientemente no están dirigidas a los hogares vulnerables ni a empresas con alto consumo energético. En el caso de los hogares, Bruselas solo considera que están dirigidas si se aplica solo a grupos específicos en lugar de a la mayoría de la población.
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Respecto a las empresas, la Comisión aclara que una medida se considera dirigida si se aplica únicamente a industrias específicas con alto consumo energético. Sin embargo, tres cuartas partes del apoyo se están gastando de forma no dirigida, por ejemplo, mediante reducciones en los impuestos especiales u otros impuestos indirectos sobre los combustibles. La cuarta parte restante del apoyo sí parece estar dirigida, como la ayuda a hogares de bajos ingresos o las subvenciones al sector del transporte.
En este sentido, la Comisión señala que la mayoría de las medidas adoptadas buscan reducir directamente los precios de la energía, clasificándolas en dos grupos: medidas de precios -cuando buscan afectar directamente el costo marginal del consumo de energía- y medidas de ingresos -cuando brindan apoyo temporal a los ingresos de los hogares o compensaciones-. Más de dos tercios del costo presupuestario estimado corresponden a medidas de precios, como reducciones de los impuestos especiales y otros impuestos indirectos sobre los combustibles. El tercio restante corresponde a medidas de ingresos.
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Qué presupuesto destina cada país de la UE
España, con un desembolso de 5.000 millones de euros, es el país de la Unión que más dinero ha destinado a mitigar el impacto de la guerra, seguida de Alemania, con 1.600 millones, Países Bajos, con 1.100 millones, e Italia, con 1.000 millones, según el seguimiento “Crisis energética: respuestas inmediatas y contexto nacional”, elaborado por el Instituto Jacques Delors.
Suecia (850 millones de euros), Grecia (800 millones) e Irlanda (755 millones) son los siguientes Estados de la lista, seguidos por Croacia (450 millones), Portugal (450 millones), Polonia (375 millones), Francia (330 millones) y Malta (250 millones), quedando fuera países que no han presentado medidas concretas como respuesta al conflicto: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Eslovaquia.
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En los países vecinos de España, Portugal ha destinado hasta ahora 450 millones de euros en medidas como un proyecto de ley para la limitación temporal del precio de la electricidad, reducción de los impuestos sobre productos derivados del petróleo, subsidios al diésel para transporte, agricultura, silvicultura y pesca o incluso una solicitud a la Comisión Europea para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
Francia, por su parte, con 330 millones de euros presupuestados, ha implementado medidas como la suspensión del impuesto especial sobre el diésel para agricultores (un coste de 14 millones de euros), la supervisión de márgenes e inspección de 500 estaciones de servicio y medidas destinadas directamente a sectores como el transporte, la pesca o la agricultura.
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Italia, con 1.000 millones de euros aportados, ha presentado medidas como la reducción del impuesto sobre los combustibles, fortalecimientos a los mecanismos antiespeculación, medidas sectoriales para el transporte, con subvenciones a gastos adicionales, y la pesca, cubriendo el 20% del gasto en combustible, y medidas de seguridad del suministro como posponer la eliminación gradual del carbón hasta 2038 por “razones de seguridad energética”.
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