Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

El caso Plus Ultra vuelve al centro de la actualidad cinco años después de uno de los rescates más polémicos de la pandemia. La Audiencia Nacional ha citado como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una causa vinculada al rescate público de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros con cargo al fondo creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas. La citación se enmarca en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio.

La imputación ha devuelto al foco mediático una operación que ya generó dudas desde el primer momento. Plus Ultra no era una de las grandes compañías del mercado aéreo español, sino una aerolínea de tamaño reducido, con pérdidas antes de la pandemia, una actividad muy concentrada en Latinoamérica y cientos de reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en 2020. Su rescate fue defendido por el Gobierno y por la propia empresa, pero cuestionado por parte del sector aéreo y por la oposición.

Una ayuda de 53 millones en plena pandemia

El origen de la polémica se remonta a marzo de 2021. El Consejo de Ministros autorizó entonces el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda ascendía a 53 millones de euros y se articuló en dos préstamos: uno participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

El fondo había sido creado en 2020 para apoyar a empresas viables que atravesaran dificultades por el impacto de la pandemia y que fueran consideradas estratégicas para la economía nacional o regional. En el caso de Plus Ultra, el Gobierno justificó la ayuda por la importancia del transporte aéreo, su contribución al turismo y el mantenimiento de empleo directo e indirecto. La compañía empleaba entonces a 345 personas, según explicó su presidente en declaraciones publicadas en aquel momento.

Sin embargo, el rescate llamó la atención por el tamaño de la compañía. Plus Ultra estaba muy lejos de las grandes aerolíneas que operaban en España. Según publicó entonces El Mundo, la empresa movió alrededor de 170.000 pasajeros en 2019, antes de la pandemia, mientras que Air Europa, otra de las compañías rescatadas por el Gobierno, había transportado más de 19 millones de viajeros ese mismo año.

Las dudas sobre su carácter estratégico

La principal pregunta que surgió desde el principio fue si Plus Ultra podía considerarse realmente una empresa estratégica. Fuentes del sector aéreo citadas por El Mundo cuestionaron la decisión y señalaron que no se entendía bien qué peso estratégico tenía una aerolínea de esas dimensiones cuando otras compañías con mayor relevancia también atravesaban dificultades.

La empresa defendió entonces que su tamaño no debía excluirla de las ayudas. Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, sostuvo en declaraciones a ese periódico que “ser pequeños” no significaba que no merecieran apoyo público y subrayó que la cantidad recibida no era comparable a la de Air Europa. También aseguró que la ayuda no era un regalo, sino un respaldo financiero que la compañía había tenido que defender.

La aerolínea, fundada en 2011, comenzó a operar vuelos comerciales en 2015 y centraba buena parte de su actividad en rutas entre España y Latinoamérica. Según explicó su presidente, el 75% de su negocio procedía de líneas regulares a países como Perú, Ecuador y Venezuela, mientras que el 25% restante correspondía a vuelos chárter para otras compañías. La aerolínea argumentó que esos mercados habían quedado muy afectados por los cierres y restricciones derivados de la pandemia.

Pérdidas antes del Covid

Otro de los elementos que alimentó la polémica fue la situación financiera previa de la empresa. Plus Ultra ya registraba pérdidas antes de la crisis sanitaria. Según la información publicada en aquel momento, la compañía cerró 2019 con números rojos y defendió que esperaba alcanzar beneficios en 2020, antes de que el estallido de la pandemia paralizara buena parte del tráfico aéreo internacional.

Este punto fue especialmente sensible porque el fondo de la SEPI estaba diseñado para empresas afectadas por la pandemia, no para compañías que ya arrastraran problemas estructurales previos. La discusión giraba, por tanto, en torno a dos preguntas: si Plus Ultra era suficientemente estratégica y si su situación respondía principalmente al golpe del Covid o a una debilidad anterior.

Cientos de reclamaciones ante AESA

La pequeña aerolínea apareció en el informe anual de AESA sobre derechos de los pasajeros correspondiente a 2020. La agencia registró ese año 502 reclamaciones vinculadas a la compañía, dentro de las reclamaciones relativas a los reglamentos europeos sobre derechos de pasajeros. No fue la aerolínea con más reclamaciones en términos absolutos: Ryanair, Vueling, Iberia o Air Europa acumularon muchas más. Pero Plus Ultra sí sobresalía al poner esos datos en relación con el número de viajeros.

Según el informe de AESA, Plus Ultra transportó 47.194 pasajeros en 2020 en vuelos competencia de la agencia y registró un ratio de reclamaciones por pasajero del 0,784%, el más alto entre las compañías recogidas en ese apartado. La media fue del 0,084%. Es decir, su tasa de reclamaciones fue muy superior a la media, aunque debe tenerse en cuenta que 2020 fue un año excepcional por las cancelaciones masivas y los conflictos por reembolsos durante la pandemia.

El recorrido político y judicial del rescate

El rescate de Plus Ultra abrió una fuerte batalla política. El Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox cuestionaron la operación desde el principio y pusieron el foco en el reducido tamaño de la compañía, sus pérdidas previas y sus presuntos vínculos accionariales con Venezuela, acusaciones que la empresa negó. La SEPI y el Gobierno defendieron que la ayuda cumplía los requisitos del fondo y que la aerolínea tenía valor estratégico por sus rutas, su empleo y su conexión con Latinoamérica.

La controversia también llegó a los tribunales. En 2021, el Tribunal Supremo archivó una querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras María Jesús Montero y Reyes Maroto por la concesión de fondos de la SEPI a Plus Ultra. El alto tribunal no apreció indicios suficientes contra los aforados y señaló que la querella se apoyaba en informaciones periodísticas que no aportaban indicios suficientes de delito.

No obstante, la investigación actual ha devuelto el caso a la primera línea. La Audiencia Nacional investiga ahora el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y posibles operaciones presuntamente vinculadas al rescate de la aerolínea. Este martes, la UDEF de la Policía Nacional ha registrado la oficina del expresidente y varias sociedades mercantiles relacionadas con su entorno. Entre ellas, la agencia de publicidad ‘What the fav’ vinculada a sus hijas Laura y Alba, quienes, por el momento, no figuran como investigadas.

Zapatero ha negado haber cobrado comisiones de Plus Ultra o haber actuado como lobista para favorecer a la aerolínea. Según las informaciones conocidas hasta ahora, el expresidente ha reconocido ingresos por trabajos de consultoría, pero ha defendido que fueron declarados correctamente. La investigación deberá aclarar ahora si esos pagos tuvieron relación con el rescate público de 53 millones o si, como sostiene el expresidente, respondían a servicios profesionales legales.