Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a colocar bajo los focos el ‘caso Plus Ultra’, una investigación que empezó hace años como una polémica política sobre el rescate de una pequeña aerolínea y que ha terminado derivando en una compleja causa judicial sobre presunto tráfico de influencias, sociedades instrumentales, blanqueo de capitales y conexiones internacionales con Venezuela.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene ahora que existen indicios de una “estructura organizada y estable” dedicada presuntamente a ejercer influencias políticas y a mover fondos mediante una red de empresas y contactos institucionales. En esa estructura, según el auto judicial, Zapatero ocuparía una posición central.

La decisión de imputar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental ha reactivado un caso que llevaba años orbitando entre sospechas políticas, investigaciones financieras internacionales y una pregunta que nunca terminó de desaparecer: por qué el Gobierno decidió rescatar con 53 millones de euros a una aerolínea prácticamente desconocida para buena parte de la opinión pública.

El rescate que nunca dejó de levantar sospechas

Todo arranca en marzo de 2021. España sigue inmersa en la pandemia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. El Gobierno defendió entonces que el transporte aéreo era un sector estratégico y justificó la operación por el papel de la compañía en las conexiones con Latinoamérica, especialmente con Venezuela, Ecuador y Perú.

Pero el rescate levantó dudas desde el principio. Plus Ultra era una aerolínea muy pequeña, con una cuota mínima de mercado, apenas cuatro aviones alquilados y problemas económicos anteriores al Covid. Dentro del propio sector aéreo, muchos cuestionaban que pudiera considerarse una empresa estratégica para el país.

Además, parte de su accionariado y de su cúpula directiva estaba vinculado a empresarios venezolanos. En el Parlamento Europeo llegaron a plantearse preguntas sobre las conexiones de algunos directivos con figuras próximas al chavismo y con empresarios relacionados con el entorno de Nicolás Maduro.

Aquellas sospechas terminaron en los tribunales. PP, Vox y Manos Limpias denunciaron el rescate por posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La causa acabó archivada después de que Fiscalía y Abogacía del Estado concluyeran que no existían pruebas suficientes de delito.

Sin embargo, el caso dio un giro radical en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción española recibió solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza. Ambos países investigaban una posible red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos y detectaron movimientos sospechosos relacionados con Plus Ultra.

La hipótesis de los investigadores era especialmente delicada: parte de los 53 millones del rescate podrían haberse utilizado para devolver préstamos ficticios y “limpiar” dinero procedente de Venezuela. Según distintas líneas de investigación, varias sociedades habrían realizado operaciones financieras simuladas con la aerolínea y esos fondos terminarían integrándose en circuitos legales gracias al dinero público recibido por la compañía española.

A partir de ese momento, la investigación dejó de centrarse únicamente en si el rescate fue acertado o no y empezó a dibujar una posible red de intermediación política y financiera con ramificaciones internacionales.

Las conversaciones que situaron a Zapatero en el centro

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero aparece desde muy pronto alrededor del caso por sus conocidos vínculos con Venezuela y por su relación con empresarios del entorno de Plus Ultra.

Pero el salto definitivo se produce cuando la UDEF comienza a reconstruir conversaciones, mensajes y reuniones internas entre directivos de la aerolínea e intermediarios.

El auto judicial sostiene que las gestiones políticas comenzaron incluso antes de que existiera oficialmente el fondo de rescate. En marzo de 2020, según recoge la investigación, uno de los implicados hablaba ya de la necesidad de “llegar a las ayudas” y planteaba directamente “tocar a Ábalos”. Poco después empiezan a aparecer referencias constantes a Zapatero.

Las conversaciones incorporadas al sumario muestran cómo varios implicados hablaban de crear un “puente con ZP” y de utilizar sus contactos para facilitar ayudas públicas y financiación. En abril de 2020, uno de ellos plantea incluso “pedir ayuda a Zapatero” para el “lobby político” relacionado con Plus Ultra.

El juez considera especialmente relevantes algunos mensajes intervenidos. En uno de ellos, uno de los investigados asegura que “acaba de hacerse el puente con ZP”. En otro, un implicado afirma que lograrán sus objetivos “aunque sea pagando un poquitín”.

La investigación sostiene que esas conversaciones reflejan una estrategia organizada para acceder a responsables políticos y facilitar la concesión de ayudas.

En el centro de esa red aparece el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y propietario de varias sociedades investigadas por la Audiencia Nacional. Según el propio sumario, Plus Ultra habría recurrido a él por sus contactos políticos y empresariales, especialmente en Venezuela. El juez lo sitúa como una especie de intermediario o “conseguidor” capaz de abrir puertas dentro de la Administración y de activar relaciones institucionales.

Las conversaciones intervenidas muestran también intentos constantes de acceder al entorno del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En varios mensajes aparece mencionada “la mano derecha del ministro”, una referencia que los investigadores vinculan a Koldo García, asesor de Ábalos y figura central del llamado ‘caso Koldo’.

En julio de 2020, directivos de Plus Ultra se reunieron con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes. Tras aquel encuentro, uno de los implicados envió un mensaje asegurando que habían sido recibidos gracias a “altas recomendaciones” y que el respaldo político estaba garantizado. Rodolfo Reyes respondió después: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.

Zapatero ha negado siempre cualquier participación en el rescate. También ha rechazado las afirmaciones de Ábalos, quien aseguró que el expresidente se reunió con él y con Koldo García para tratar asuntos relacionados con Plus Ultra.

El caso dio además un salto mediático y judicial en diciembre de 2025, cuando la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, dentro de una operación por presunto blanqueo de capitales. Los registros practicados entonces por la Policía Nacional terminaron de situar la investigación en el centro de la actualidad política y judicial.

El entramado empresarial y la pista del dinero

Una de las piezas centrales de la investigación es la red de empresas que, según la UDEF y Anticorrupción, habría servido para mover dinero mediante contratos de consultoría, facturas y supuestos trabajos de asesoría cuya actividad real resulta dudosa. La sociedad más importante dentro de esa estructura es Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez.

Zapatero reconoció públicamente haber trabajado como consultor para esa empresa y haber cobrado alrededor de 70.000 euros anuales por informes y asesoramiento geopolítico. También admitió que propuso incorporar a sus hijas a través de su agencia de comunicación, Whathefav.

La Audiencia Nacional investiga ahora si esas actividades correspondían realmente a trabajos profesionales o si las sociedades eran utilizadas para canalizar pagos relacionados con el rescate. El auto judicial sostiene que Análisis Relevante funcionaba como una “pieza instrumental” destinada a recibir y redistribuir fondos procedentes de Plus Ultra y otras sociedades investigadas.

Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, también aparece mencionada en la investigación como una de las sociedades receptoras de fondos. La UDEF registró tanto la sede de la agencia como la oficina del expresidente en la calle Ferraz en busca de documentación, dispositivos electrónicos y movimientos financieros relacionados con la causa.

Durante los registros apareció además un documento especialmente sensible para la investigación: un supuesto contrato que fijaba una comisión del 1% sobre el rescate de Plus Ultra para Julio Martínez Martínez en caso de éxito de las gestiones. Aunque tanto el empresario como la aerolínea han negado irregularidades, los investigadores consideran que ese contrato podría ser clave para entender el funcionamiento económico de la supuesta trama. Asimismo, el expresidente sostiene que todos los pagos recibidos corresponden a trabajos reales de consultoría y niega haber intervenido en el rescate o haber cobrado comisiones relacionadas con la operación.

La Audiencia Nacional investiga además movimientos internacionales de fondos y sociedades radicadas en Dubái y Emiratos Árabes Unidos. Según el juez, algunas de esas estructuras podrían haberse utilizado para desplazar dinero fuera de España y dificultar el rastreo de los fondos. El auto sostiene también que parte de la red operaba en Venezuela y mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de aquel país.

La dimensión política y mediática del caso alcanzó otro nivel cuando la UDEF registró la oficina de Zapatero y el juez acordó citar al expresidente como investigado. Será la primera vez que un expresidente democrático comparezca ante la Audiencia Nacional acusado de delitos relacionados con organización criminal y tráfico de influencias en una causa de estas características.