Abogados piden la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE y alertan sobre responsabilidad penal por retrasos en las Elecciones 2026

El retraso en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026 ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de su jefe, Piero Corvetto, así como las posibles consecuencias administrativas y penales. Decenas de miles de electores de Lima Metropolitana, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, no pudieron ejercer su derecho al voto el 12 de abril por la falta de material electoral. Esto desencadenó denuncias formales y cuestionamientos a la cúpula del organismo.

La oficina comunicó que se haría cargo de la gestión administrativa para que ni los electores ni los miembros de mesa fueran sancionados por su ausencia forzada. El JNE solicitó apoyo del gobierno y del Ministerio de Trabajo para garantizar el acceso a los locales de votación y la continuidad de la jornada extraordinaria. La Defensoría del Pueblo respaldó la medida, señalando la necesidad de preservar el derecho al voto y la transparencia.

El jefe del organismo electoral, Corvetto, ofreció disculpas públicas y atribuyó las fallas a la empresa tercerizada Servicios Generales Galaga, dedicada a la logística y distribución de materiales. Explicó que la compañía no cumplió con el transporte contratado para varios colegios de Lima Sur y Lima Oeste, lo que impactó en zonas como Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y Lurín.

“Quiero pedir disculpas a los electores de Lima Sur y Lima Oeste, a quienes perjudicamos en sus tiempos, haciéndolos esperar mucho más de lo que hubiéramos deseado”, dijo Corvetto en conferencia de prensa, citada por RPP Noticias. Detalló que más de cien locales tuvieron inconvenientes: quince no recibieron el material y setenta y cinco resultaron “muy críticos” por la distancia desde los almacenes de Lurín.

Abogado penalista pide la renuncia de Corvetto a la ONPE

El abogado penalista Luis Lamas Puccio declaró a Exitosa que la salida de Corvetto y toda la plana de gerencia resulta indispensable para garantizar la independencia de la investigación sobre la omisión de deberes logísticos.

“La llave para abrir la puerta de la investigación en términos de absoluta independencia es que renuncie el señor Corvetto, porque mientras él esté a la cabeza y todo su plano de gerencia, evidentemente que hay ahí un tema que no está lo suficientemente claro”, señaló Lamas Puccio. Consideró que la desvinculación de la estructura directiva permitiría que el JNE nombre una administración transitoria y facilite las pesquisas.

Desde su perspectiva, el alcance administrativo del organismo hace imprescindible apartar también a quienes podrían tener vínculos con la cadena de responsabilidades. Solo así, dijo, se podrá disipar cualquier sospecha de obstaculización y resguardar la transparencia del proceso.

Advierten posible responsabilidad penal de Corvetto por retrasos

En paralelo, el abogado penalista Julio Rodríguez advirtió en declaraciones a RPP Noticias que la responsabilidad por los retrasos no corresponde solo a mandos intermedios, sino que debe alcanzar a la dirección del organismo. Rodríguez indicó que el Código Penal sanciona con gravedad todo acto que obstaculice el sufragio, en particular en el artículo 359, incisos 2 y 5.

“El proceso electoral es planificado durante años. No se puede atribuir la responsabilidad a un gerente operativo solamente, porque la dirección máxima tiene el poder de decisión sobre toda la estructura”, manifestó Rodríguez. Además, criticó que el exgerente de Gestión Electoral, José Edilberto Samamé Blas, asumiera toda la culpa en su carta de renuncia, al calificarlo como un intento de actuar de “escudero” para proteger a Corvetto.

Rodríguez explicó que la figura del “autor mediato”, recogida por el artículo 23 del Código Penal, permite investigar en la jerarquía administrativa y responsabilizar a quienes tienen control total de la institución por fallas estructurales. Aportó un dato comparativo: en las elecciones municipales previas, el organismo movilizó casi 800 vehículos, mientras que fueron apenas 120 usados en la presente jornada.

La fiscalía deberá analizar no solo los hechos recientes, sino también los antecedentes de Servicios Generales Galaga SAC, que presentó incumplimientos en 2020 y 2023. Estos antecedentes —según Rodríguez— podrían evidenciar un patrón de negligencia o, en el extremo, una posible organización criminal en el aparato estatal. La Junta Nacional de Justicia abrió además su propia investigación administrativa por presunto “comportamiento disfuncional” contra Corvetto.

JNE presenta denuncia penal contra Corvetto y funcionarios del organismo por demoras del 12 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones formalizó este lunes una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro altos funcionarios del organismo, acusándolos de presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del acto electoral.

La denuncia responde a los hechos ocurridos el 12 de abril, cuando la falta de material impidió que se instalaran 211 mesas de sufragio y dejó a decenas de miles de ciudadanos en Lima y en dos circunscripciones de Estados Unidos sin votar. El JNE sostiene que los funcionarios deben ser investigados por omisiones que afectaron directamente los derechos de los electores y de las 63.000 personas perjudicadas.