Responde el dueño de la empresa acusada por ONPE de no entregar material electoral: “Eso tendrá que demostrarse”

Un total de 211 mesas de votación no pudieron instalarse a nivel nacional, según informó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, que además señaló como presunta responsable a la empresa Servicios Generales Gálaga, cuyo gerente fue identificado como Juan Charles Alvarado Pfuyo. Sin embargo, al ser consultado por la supuesta responsabilidad, evitó pronunciarse al respecto.

En conversación con Panorama, y al ser consultado por la presunta responsabilidad de su empresa en una falla logística que ha costado miles de votos de ciudadanos alrededor del país, Alvarado Pfuyo indicó que “eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”.

Además, el gerente de la empresa señalada indicó que evitará prnunciarse respecto al tema y que guardará el silencio para “ver cómo se mueve esto, qué, qué otras entidades se van pronunciando”

ONPE ya había sancionado tres veces a empresa

A pesar de haber sido contratada en reiteradas ocasiones por la ONPE, la empresa Servicios Generales Galaga registra antecedentes de sanciones económicas vinculadas precisamente al traslado de material electoral. Según información de la Plataforma del Estado Peruano, la compañía fue penalizada en tres oportunidades entre 2020 y 2023, durante la gestión de Piero Corvetto al frente de la entidad.

La primera sanción se produjo en julio de 2020, en el marco de un contrato firmado en diciembre de 2019 para el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos durante las elecciones congresales extraordinarias. El servicio fue contratado por S/ 2.982.338,91 y contemplaba penalidades por retrasos injustificados. En ese caso, la empresa fue sancionada con S/ 55.900,00.

Posteriormente, en enero de 2023, la ONPE impuso una segunda penalidad tras detectar incumplimientos en un contrato suscrito en marzo de 2022 para el transporte de carga electoral a nivel nacional en las elecciones regionales y municipales. El monto del servicio ascendía a S/ 4.435,70, mientras que la penalidad aplicada fue de S/ 1.330,71.

Ese mismo año, en septiembre, se registró una tercera sanción. Esta estuvo relacionada con un contrato firmado en junio de 2023 para el despliegue de material electoral y equipos informáticos destinados a comicios municipales complementarios. El acuerdo fue por S/ 68.031,74 y establecía penalidades de hasta el 10% del monto contractual por incumplimientos. En este caso, la empresa fue sancionada con S/ 6.803,17.

A pesar de estos antecedentes, la empresa continuó siendo contratada por la ONPE en distintos procesos electorales entre 2020 y 2023. Esta reiteración en la contratación ha generado cuestionamientos, especialmente tras el reciente incidente que afectó el normal desarrollo de las elecciones generales.