Vacancias, escándalos y caos institucional: el 2025 que expuso el fracaso total de la política peruana

El 2025 se inauguró con una advertencia: un diagnóstico internacional que describía al Perú como una democracia atrapada en una crisis política crónica, con instituciones debilitadas y un horizonte de crecimiento cada vez más estrecho. El informe del Atlantic Council, difundido en los primeros meses del año, parece haber previsto los escándalos, fracasos de gestión y episodios de inestabilidad que marcarían el 2025 en el Perú.

A partir de ese punto de partida, el calendario político fue acumulando hechos que evidenciaron las tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos regionales. Desde la crisis del programa de alimentación escolar Wasi Mikuna, pasando por la vacancia presidencial de Dina Boluarte, hasta los conflictos en Machu Picchu, la salida anticipada de autoridades locales y la persistencia de la inseguridad ciudadana, el 2025 terminó por consolidarse como un año de fracturas políticas visibles y de alto impacto social.

Wasi Mikuna: intoxicaciones escolares y colapso de un programa estatal

El primer gran escándalo político del año estuvo vinculado a la política social. El programa de alimentación escolar Wasi Mikuna, creado como reemplazo de Qali Warma, quedó en el centro de la atención pública tras una cadena de intoxicaciones masivas de escolares en distintas regiones. Entre enero y abril se reportaron al menos siete episodios que afectaron a aproximadamente 156 estudiantes en Piura, Áncash, Lima, Amazonas, Junín y Loreto, luego del consumo de alimentos distribuidos por el programa.

La situación alcanzó su punto crítico cuando más de 80 niños del colegio Elvira Castro de Quiroz, en Piura, fueron evacuados a centros de salud con síntomas gastrointestinales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social declaró la emergencia y anunció la extinción del programa, reconociendo que el modelo heredado no garantizaba condiciones sanitarias adecuadas. La crisis reactivó cuestionamientos previos por presuntos esquemas de corrupción, sobornos a funcionarios y fallas en la supervisión de proveedores, problemas ya detectados en la etapa final de Qali Warma.

La reconfiguración del programa, la transferencia de responsabilidades a comités de padres de familia y la inmovilización de productos no lograron frenar la polémica, que se convirtió en uno de los símbolos del deterioro de la gestión pública en sectores sensibles.

Vacancia de Dina Boluarte y el séptimo cambio presidencial en menos de una década

En octubre, la crisis política alcanzó su episodio más contundente con la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. El Congreso aprobó la destitución con 121 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, en una sesión que selló la salida de la mandataria y la convirtió en la sexta presidenta en dejar el cargo en menos de diez años.

El proceso se sustentó en acusaciones de corrupción, cuestionamientos a la gestión de la seguridad ciudadana y la pérdida de respaldo político de bancadas que inicialmente sostuvieron al Ejecutivo. El detonante inmediato fue un ataque armado en Chorrillos, durante un evento musical del grupo Agua Marina, que dejó heridos y profundizó la percepción de descontrol frente al avance del crimen organizado.

José Jerí asumió la presidencia tras la caída de Dina Boluarte y profundizó la concentración de poder en el Congreso

La llegada al poder del presidente interino José Jerí, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, ha sido interpretada por analistas internacionales como un signo más del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana.

Según un análisis publicado por el portal World Politics Review, el caso peruano evidencia cómo el Legislativo ha concentrado cada vez más poder en desmedro del Ejecutivo y otras entidades del Estado, configurando lo que ya algunos describen como una “dictadura parlamentaria”.

El medio estadounidense señaló que la crisis política que vive el país desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Las manifestaciones contra Jerí, realizadas frente al Congreso y en distintas regiones, recuerdan a las marchas registradas tras la caída de Pedro Castillo en 2022, cuando la represión dejó alrededor de 50 muertos.

Rafael López Aliaga y el abandono anticipado de la alcaldía de Lima

A nivel municipal, el 2025 también estuvo marcado por la salida anticipada de autoridades. En octubre, Rafael López Aliaga dejó la alcaldía de Lima para iniciar su campaña presidencial, pese a haber prometido culminar su mandato. Su gestión cerró con obras inconclusas, proyectos emblemáticos sin ejecutar y múltiples controversias públicas.

Iniciativas como el tranvía de la avenida Universitaria, el teleférico Independencia–San Juan de Lurigancho, la ampliación del Metropolitano y una línea subterránea de metro quedaron en anuncios. El proyecto del tren Lima–Chosica, presentado como un hito, derivó en enfrentamientos con el Ministerio de Transportes, observaciones técnicas, investigaciones de la Contraloría y material rodante almacenado sin fecha de operación.

A ello se sumaron polémicas declaraciones contra periodistas, propuestas de drones con inteligencia artificial para combatir el crimen y sanciones por obras ejecutadas sin permisos ambientales, como en la Vía Expresa Sur. El cierre de la gestión dejó un balance de promesas pendientes y conflictos abiertos con entidades del Estado.

Machu Picchu: paro indefinido, advertencias internacionales y pérdidas millonarias

En septiembre, la atención se trasladó al sur del país con la crisis en Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Un paro indefinido convocado por comunidades locales bloqueó la vía férrea entre Ollantaytambo y la ciudadela, dejando a cientos de turistas varados y provocando cancelaciones masivas de reservas.

El conflicto, originado por la disputa en torno al transporte turístico y la renovación de concesiones, generó pérdidas estimadas en millones de soles diarios para hoteles, restaurantes y comercios locales. En paralelo, la organización New7Wonders emitió una advertencia sobre la posible pérdida del estatus de Nueva Maravilla del Mundo, citando problemas de gestión, conflictos sociales recurrentes y falta de planificación sostenible.

Gremios turísticos exigieron la intervención del Estado y la creación de una autoridad única para la administración del santuario, en un contexto donde la fragmentación institucional volvió a evidenciarse como un obstáculo para la toma de decisiones rápidas.

Inseguridad ciudadana y límites del estado de emergencia

El último tramo del año estuvo atravesado por la delincuencia y la persistencia de la violencia urbana en todo el país. Un improvisado estado de emergencia en Lima y Callao, decretado desde octubre, no logró revertir las cifras: en menos de un mes se registraron 50 homicidios, la mayoría cometidos con armas de fuego, según datos del Sinadef.

Distritos como San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra y Villa El Salvador concentraron el mayor número de casos, mientras continuaban los ataques y extorsiones al transporte público. Las amenazas a conductores, el cobro de cupos y la presencia de organizaciones criminales mantuvieron la presión sobre autoridades y ciudadanos, incluso con el despliegue de policías y Fuerzas Armadas.

El contraste entre las medidas excepcionales y los resultados reforzó la percepción de un problema estructural sin soluciones de corto plazo, alineado con el diagnóstico inicial de un Estado con capacidades limitadas para enfrentar desafíos complejos.

En conjunto, los episodios que marcaron el fracaso político del 2025 se articularon bajo un mismo eje: inestabilidad institucional, programas públicos fallidos, liderazgos cuestionados y conflictos sin resolución sostenida, en un año que expuso con claridad las tensiones del sistema político y sus efectos directos en la vida cotidiana.