Pensión por consumo, la controvertida medida de Fuerza Popular para reformar el sistema previsional

A unas semanas del debate que terminó por aprobar el séptimo retiro AFP en el Congreso, han quedado aún algunos temas pendientes con respecto a la reforma del sistema previsional en Perú. A pesar de que el dictamen de la modernización del sistema de pensiones. que se realizó a pedido de Fuerza Popular durante la discusión ese pasado jueves 11 de abril, se votó con negativa, así pateándolo hasta la siguiente legislatura, Keiko Fujimori y su partido han empezado una campaña de redes sociales informando y recomendando una de las medidas dentro de ese documento: la pensión por consumo.

Luego de que Fuerza Popular fuera visto como los que intentaron bloquear el séptimo retiro AFP de hasta 4 UIT para todos los afiliados —una medidad con bastante popularidad—, la lideresa del Fujimorismo y los congresistas del partido han aparecido en diferentes videos explicando su reforma del Sistema Peruano de Pensiones (SPP), destacando esta medida. Ante lo cual, no pocos economistas y expertos se mostraron crítico con esta propuesta. Por eso Infobae Perú consultó a especialistas para poder ver a fondo por qué tantos de estos se muestran en contra.

Pensión por consumo, una iniciativa del 2019

Esta propuesta que Fuerza Popular llama “innovadora” no es necesariamente una nueva. Es cierto que esta ya se había incluido en el dictamen de la Comisión de Economía de diciembre de 2023 —cuando este grupo legislativo prefirió no debatir el retiro de 4 UIT, e incluir uno acotado de 2 UIT en el documento para aprobar una reforma del SPP—, pero su origen se remonta a un proyecto de ley del 2019.

El miércoles 20 de marzo de 2019, Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, entonces parlamentarios del partido fujimorista, presentaron la “Ley que declara de interés nacional la creación del sistema previsional complementario por consumo”. Esta tuvo diferentes debates, pero terminó por archivarse en 2021.

En ese entonces, esta ley proponía que se destinará hasta 2% del IGV de las adquisiciones a un afiliado a su cuenta de pensiones en este nuevo sistema (siempre que el comprobante de pago esté a nombre de este afiliado). Además, también daba lugar a que, “a partir del cuarto año posterior a la vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo puede proponer el aumento de hasta 2% adicionales del IGV de las adquisiciones”. Es decir, eventualmente este porcentaje podría suponer un 4% del IGV para pensiones.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto no prosperó, a pedido del difunto Nano Guerra García y otros congresistas, se pidió una actualización de esta propuesta. Esta fue tomada en cuenta por la Comisión de Economía y Finanzas para su dictamen de diciembre de 2023. Así, la pensión por consumo se incluyó como una medida con intención de mejorar la pensiones y, además, atacar la informalidad en el país.

Finalmente, cuando se dio el debate del retiro de AFP de hasta 4 UIT del jueves 11 de abril, Fuerza Popular pidió un cuarto intermedio para regresar esa medida al dictamen anterior de la reforma de pensiones —a pesar de que luego de juntar los temas en diciembre de 2023, se separaron en la Comisión de Economía para debatirse aparte—. En esta se volvió a incluir esta pensión por consumo, que finalmente no fue aprobada, aunque recientemente los fujimoristas se encuentran realizando una campaña promoviéndola. Una que ha llevado al congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, a incluir su propia versión en su ley de reforma de pensiones, aunque con un tope mayor, de 24 UIT (S/123 mil 600) al año.

Medida desnaturalizaría las pensiones

Infobae Perú conversó con Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico e investigadora especializada en pensiones y seguridad social sobre esta propuesta tan controvertida, muy comentada en redes sociales por economistas y otros expertos, dado que la misma lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, difundió un par de videos hablando de la pensión por consumo.

Según la economista, la pensión por consumo supone desnaturalizar lo que se conocería como pensión. “Si yo no consumo S/100 y consumo S/10.000 soles, voy a pagar bastante IGV y entonces el estado me tiene que poner bastante platita en mi cuenta. Entonces, ¿dónde está mi esfuerzo contributivo como trabajadora? Entonces el incentivo va a ser a consumir duro, porque el Estado me va a dar plata”, critica Bernal.

La propuesta innovadora que no se aplica en ningún país

Sin embargo, sí se puede decir que la medida es “innovadora”, dado que no se aplica en ningún país. Jorge Luis Ojeda, profesor en Finanzas de la UPC, comentó a Infobae Perú que esta idea de la pensión por consumo no tiene un antecedente probado. “No existe una experiencia en algún otro país sobre esta propuesta [de Fuerza Popular]. En primer lugar, no hay evidencia real de si esto funciona o no”, explica.

Para Ojeda —quien, a pesar de todo cree que la medida podría tomarse en cuenta, cuidando la educación de la gente en entender que esto igual supone que no se gaste esta pensión en otros fines— el problema con la medida es que el IGV, ese 18% que se cobra, ya tiene un destino. “Lo que sucedería es que el MEF vería reducido la recaudación y se tendría un desbalance en el presupuesto general del Estado, que se tendría que cubrir con otros fondos. Y, normalmente esto se cubre con deuda, o con otros impuestos”, resume.

Una medida similar se había tomando en cuenta en Chile, pero no aplicado. El Centro de Estudios Horizontal, en el año 2020, formuló un modelo que implicaba el ahorro a través del consumo, donde el se creaba un valor previsional agregado (VPA) que equivaldría al valor del 1% del IVA (impuesto al valor agregado, similar al IGV en Perú). Sin embargo, esto no significaba quitarle un punto porcentual al impuesto, sino agregarle uno más. Así, en los productos finales, se deberían pagar el IVA (18%) y el VPA (1%).

Para Noelia Bernal, esta medida de Fuerza Popular, podría también estar inspirada en una propuesta del economista mexicano Santiago Levy, pero “lo que propone Levy no tiene aplicación en ningún país del mundo. Porque es complejo”.

El costo fiscal

Para el director gerente de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, esta medida es regresiva “por definición”. No solo resaltó a Infobae Perú que “las personas que tienen mayor ingreso y consumen en establecimientos formales que registran las transacciones electrónicamente van a ser las más beneficiadas mientras que las de bajo ingreso que realizan transacciones informales y no registradas estarán fuera del alcance de esta medida”, sino que resaltó el fuerte costo fiscal de la medida.

Asimismo, el analista económico resalta que la rentabilidad propuesta en el video de Keiko Fujimori, la que haría que una persona aportando S/200 en un año y tenga un monto considerable cuando se jubile supone una rentabilidad promedio anual de 10%, “es alta e insostenible”.

Soluciones para los informales

Para Noelia Bernal esta medida se trata de entregar dinero a las personas, pero “hay mejores formas de proteger a las personas. No a través de dar dinero o de devolver dinero a las personas”. Entre estas, la economista sugiere potenciar los programas sociales ya existentes, como Programa Juntos y Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre todo, con respecto a este último, “aumentar su cobertura, que le falta, no le costaría mucho al Estado”.

Pero para los informales en Perú, aquellos que han sido mencionados por Fuerza Popular como quienes se beneficiarían de esta pensión por consumo, hay otras propuestas que Bernal confía que se pueden intentar. Estas incluyen, una medida muy sencilla y de bajo costo, una que ha probado funcionar en otros países, y otra que parece lógica.

• Dar información en mensajes de texto para captar a afiliados para la ONP, con un proceso muy sencillo. Esto ha probado que podría afiliar entre al 10% y el 15% de la población que se busque.
• Al grupo que no se afilie con, se le aplicaría una medida que implica dar un incentivo. “Puede ser un incentivo monetario. Yo he investigado el incentivo de ‘matching contribution’, que cada sol que tú aportas, se te da otro sol, a algo parecido. Se aplica en Colombia”, señala Bernal.
• Y luego, para captar a otra parte del grupo que se busca, se puede ofrecer un plan de cobertura básica de servicio de salud, en una entidad privada. “Algo como dos o tres servicios de salud año”, propone a primera la economista.

Los trabajadores informales son más del 70% de la población que trabaja en Perú. Y para ellos se tendría que pasar primero una ley obligatoria de cotización de independientes, propone también Noelia Bernal, donde la fiscalización debería darse con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Estas propuesta no solo parecen sencillas, lógicas y con experiencia previa de otros países, sino que no se han probado en el Perú. Para la economista de la Pacífico, en el país “nunca ha habido preocupación por los informales. Siempre se ha visto a esta población como al borde de la ilegalidad, una población que no se conoce bien cómo funciona, cómo opera. Siempre hemos sido flojos, en resumen. Porque de que es difícil, lo es. Hay que ponerse a ‘chambear’. Pero no ha habido decisión política”, concluye.