Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

El pleno del Congreso aprobó, por segunda vez, la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

La decisión se adoptó con 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, luego de que la magistrada denunciara a 11 congresistas por presunta negociación incompatible tras promover una ley que permite cobrar simultáneamente una pensión militar y el sueldo parlamentario.

Espinoza ya había recibido una sanción similar en diciembre del año pasado, cuando se opuso a la Ley N° 32130, que otorga mayor discrecionalidad a la Policía Nacional (PNP) en la investigación de delitos al asignarle la conducción operativa de las diligencias preliminares, mientras el Ministerio Público conserva solo la conducción jurídica.

La magistrada había advertido que este cambio reduce la capacidad de acción fiscal en la fase preliminar y limita su papel a autorizar la apertura de investigaciones, vigilar y orientar, mientras la PNP asume un rol principal en las indagaciones iniciales.

La reciente inhabilitación fue aprobada luego de que el congresista y almirante retirado Jorge Montoya solicitara una reconsideración para repetir la votación realizada en el pleno el 12 de marzo. Se requerían 66 votos para aceptar la reconsideración y 68 para confirmar la sanción.

Con la votación consumada, la legisladora Ruth Luque (Juntos Por el Perú) señaló que el “pacto” de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso (APP) “y un largo etc” nuevamente cobraron la cabeza de la magistrada.

Luque también recordó que “la semana pasada aprobaron una ley para retirarla del cargo que ejerce en el CAL y hoy insisten con esta denuncia”.

“No le perdonan que se les haya enfrentado. Sobretodo (Fernando) Rospligliosi (titular del Parlamento), quien tiene una sentencia penal por difamación debido a la denuncia interpuesta por Delia Espinoza”, agregó.

Por su parte, Susel Paredes manifestó su rechazo a la medida adoptada contra la exfiscal de la Nación y afirmó que esta aprobación “es venganza política y demolición”.

Horas antes, Espinoza había pedido al presidente interino, José María Balcázar, que observe parcialmente una autógrafa de ley que prohíbe a las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos que puedan ocupar cargos directivos en los colegios profesionales, una medida que aparentemente busca también apartarla del decanato.

La magistrada ejerció el cargo de fiscal de la Nación desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025, cuando fue inicialmente suspendida del puesto en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.

Habla su defensa legal

En declaraciones a Exitosa, el abogado Rodolfo Pérez sostuvo que la decisión del Parlamento carece de sustento jurídico y responde más a una estrategia política que a un análisis legal riguroso. Según Pérez, el Congreso actuó con rapidez porque prevé que el Poder Judicial anule próximamente una sanción previa ya impuesta a Espinoza.

“El Congreso lo ha hecho porque sabe que la primera inhabilitación de la doctora, muy pronto va a ser anulada por el Poder Judicial de todas maneras”, afirmó el especialista.

La defensa argumenta que la nueva resolución busca impedir que Espinoza retorne a cargos públicos, adelantándose a los tiempos judiciales y prolongando su exclusión del Ministerio Público. Este escenario revela una tensión directa entre las facultades de control político del Congreso y la autonomía del sistema de justicia.

“Necesitan otra para cuestionarla judicialmente y seguir dilatando su retorno al Ministerio Público, pues la acusación del Congreso nunca tuvo sustento jurídico real”, añadió Pérez.

El caso Espinoza subraya el conflicto de competencias entre el Legislativo y el Poder Judicial, y plantea interrogantes sobre el uso del control político para incidir en el accionar del sistema judicial peruano. La decisión del Congreso será seguramente objeto de revisión y debate en las próximas semanas.

Condena

En abril pasado, Rospigliosi fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada por haber declarado que Espinoza era “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. Asimismo, le impuso el pago de las costos procesales y de 100 días multa en favor del Estado.

La jueza Norma Carbajal ordenó al parlamentario fujimorista algunas medidas de conducta como no variar de domicilio, presentarse al control biométrico y no cometer nuevo delito doloso.

Rospigliosi acusó a la magistrada de reunirse con familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023, a los que calificó de “típica fachada de subversivos”, para “jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares”, que evitaron la restitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tras el fallido autogolpe de 2022.