La denuncia constitucional contra Roberto Sánchez por presunta designación irregular permanece congelada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) desde hace meses.
El expediente, presentado por la Fiscalía, se origina en la etapa en que el candidato presidencial ejerció como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante la gestión de expresidente Pedro Castillo. El trámite paralizado genera debate en el Parlamento y entre la opinión pública sobre los motivos que mantienen el proceso sin avances.
Durante este tiempo, la subcomisión encargada de evaluar la denuncia ha estado presidida por Alianza para el Progreso (APP), agrupación que ahora enfrenta señalamientos de presunto blindaje.
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El proceso ha transcurrido en medio del desarrollo de la campaña electoral y la polarización política. La actual presidenta de la SAC, Lady Camones, declaró a Panamericana Televisión que el grupo continuará con el análisis del caso pese a las críticas.
“Cualquiera de las dos decisiones va a causar siempre controversias. Si no damos cuenta, van a decir que lo estamos blindando. Y si damos cuenta, van a decir que estamos atacando”, sostuvo Camones, quien rechazó los señalamientos.
“Descarto totalmente el blindaje. Lamento mucho que existan colegas que se atrevan a expresar algo que está totalmente alejado de la realidad”, manifestó.
Desde Juntos por el Perú, el congresista Jaime Quito consideró que la denuncia no tendrá desarrollo en el actual Congreso.
“Si tienen las pruebas suficientes o quieren hacer, que lo toquen. No hay ningún inconveniente respecto a ese tema, porque se tiene la certeza que nada de lo que están planteando en esa acusación constitucional es cierto. A nosotros nos tiene sin cuidado porque eso simplemente es parte de la contracampaña que también están acostumbrados a realizar”, aseguró.
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En paralelo, la presidenta de la subcomisión explicó que el trámite para evaluar una denuncia constitucional puede extenderse hasta cuatro meses, por lo que “los plazos no son suficientes para que sea evaluado por este Congreso. Todo está en manos de los próximos senadores y diputados”.
El escenario se complica con la judicialización del proceso electoral. Juntos por el Perú alertó sobre la presentación de cuatro procesos de amparo que, según sus voceros, buscan obstaculizar la continuidad del proceso.
El abogado del partido, Roy Mendoza, declaró: “Hemos tomado conocimiento de que se han interpuesto cuatro procesos de amparo que buscan obstruir el desarrollo del proceso electoral”.
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Rumbo a la segunda vuelta
Mientras la denuncia sigue sin resolverse, los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) colocan a Roberto Sánchez en segunda posición, con 1’994,505 votos válidos (12.032%), consolidando su pase a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.
Mientras el país se prepara para la segunda vuelta, la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez sigue sin trámite y su resolución dependerá de la agenda y composición del próximo Parlamento. El futuro inmediato del candidato y el desenlace del caso se mantienen abiertos, en un clima político marcado por la incertidumbre y la expectativa.
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