Lavado, evasión y disputas entre jueces: cómo avanzan las causas que investigan a los dirigentes de la AFA

Las investigaciones judiciales que tienen como eje a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia atravesaron una semana de fuerte actividad, aun en pleno inicio de la feria judicial de enero. Allanamientos simultáneos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, disputas por competencia entre juzgados y nuevas resoluciones mantuvieron en movimiento un entramado de causas penales que avanzan en paralelo en distintos fueros y jurisdicciones, con un denominador común: el análisis del manejo de fondos millonarios, tanto en el país como en el exterior, y el rol de estructuras vinculadas al fútbol profesional.

El frente más visible se consolidó este viernes, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazó el pedido para apartarse de la investigación por presunto lavado de activos en torno a una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada por peritos oficiales en USD 17 millones, y comunicó formalmente su decisión a su par de Campana, Adrián González Charvay, que deberá decidir si insiste con la inhibitoria. De hacerlo, el conflicto de competencia quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones. Mientras tanto, la causa continuará tramitando en el juzgado porteño, con la feria judicial habilitada para la producción de nuevas medidas.

La causa de la mansión de Pilar se convirtió en uno de los ejes más sensibles del panorama judicial. El inmueble, emplazado sobre un predio de más de 100.000 metros cuadrados, cuenta con helipuerto, galpones y más de 50 vehículos de alta gama y de colección, valuados en casi USD 4 millones, lo que eleva el valor total del conjunto alrededor de USD 20 millones. Formalmente, la propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Para los investigadores, ninguno de los dos registra ingresos compatibles con la compra del predio -escriturado por USD 1,8 millones- ni con el mantenimiento de los bienes secuestrados.

Durante los allanamientos ordenados en el marco de esta causa se hallaron objetos y documentación que reforzaron las sospechas: una plaqueta del club Barracas Central, presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA, y cédulas de vehículos a nombre de familiares de otros directivos de la entidad. A ello se sumó un dato que Aguinsky destacó expresamente en su resolución de esta semana: Pantano utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, entre ellos gastos vinculados a los automóviles secuestrados. Para el juez, ese elemento ubica a las autoridades de la AFA en el “epicentro” de la investigación y refuerza la hipótesis de un posible esquema de interposición de prestanombres.

En lo inmediato, el magistrado evalúa avanzar con nuevas medidas probatorias. Entre ellas, la eventual citación como testigos de dos pilotos de helicóptero ya identificados, que aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de la mansión. Ante la inexistencia de registros de pasajeros, se les preguntará bajo juramento a quiénes transportaron en esos vuelos, como parte de la estrategia para identificar a los reales beneficiarios del inmueble. Para los investigadores, en Pilar solo se encuentra el bien material, mientras que el presunto delito económico se habría articulado fuera de esa jurisdicción, extremo que sustenta la competencia del fuero penal económico porteño.

En paralelo, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial advirtió que esta causa podría guardar relación con otro expediente de alto impacto que golpea directamente a la cúpula de la AFA: la investigación por presunta evasión y apropiación indebida de aportes previsionales. En ese expediente, radicado en el juzgado a cargo de Diego Amarante, se imputó formalmente a Tapia, al secretario general Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que entre 2024 y 2025 la AFA habría retenido y no depositado en tiempo y forma casi $19.353 millones correspondientes a aportes y contribuciones de la seguridad social. Amarante habilitó la feria judicial para avanzar con medidas de fondo, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los imputados, al considerar que la reiteración de los incumplimientos y el volumen del dinero bajo análisis justificaban continuar la pesquisa sin demoras.

Otro capítulo relevante del derrotero judicial vinculado al universo de la entidad a cargo de Tapia se desarrolló en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Allí, el juez Luis Armella impulsó allanamientos simultáneos en la sede de la AFA de la calle Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio del empresario teatral Javier Faroni, titular de la sociedad TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021.

Esta empresa fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para administrar ingresos y pagos en el exterior, en un contexto marcado por el endurecimiento del cepo cambiario. Según documentación incorporada al expediente, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC administró más de USD 260 millones en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales y partidos amistosos de la selección argentina en distintos continentes.

Faroni fue interceptado esta semana en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay, luego de haber permanecido apenas 12 horas en el país. Si bien no quedó detenido, Armella —a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— le impuso una restricción de salida del país y ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil del empresario, de su esposa Erica Gillette y de otras personas vinculadas a la firma.

La investigación de Armella se inscribe, a su vez, en un entramado más amplio que involucra a Sur Finanzas PSP S.A., la financiera de Ariel Vallejo, empresario que reconoció públicamente su cercanía con Tapia y cuyo nombre aparece asociado a contratos de sponsoreo y préstamos a clubes del fútbol argentino. En esa causa ya hay detenidos procesados por encubrimiento agravado, entre ellos la tesorera de la firma, sorprendida retirando computadoras de un galpón allanado en Turdera.

Durante esta semana, la Cámara Federal de La Plata, con voto del camarista Jorge Di Lorenzo, resolvió un conflicto de competencia entre Armella y su colega Federico Villena. El tribunal decidió que Villena continúe al frente de la denuncia presentada por ARCA contra Sur Finanzas por presunta evasión tributaria y lavado de dinero, al descartar -por el momento- la conexidad con la causa que tramita en el juzgado de Armella.

La resolución determinó que ambos expedientes seguirán su curso en paralelo, con la feria judicial habilitada y nuevas medidas en evaluación.