Una estructura criminal que habría conseguido infiltrar trabajadores en las operaciones de la terminal portuaria de Balboa para introducir droga en contenedores continuará con 22 de sus presuntos integrantes bajo detención provisional en Panamá.
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta tras la Operación Alianza, una investigación que comenzó en agosto de 2024 y siguió al menos 19 eventos relacionados con narcotráfico internacional.
La decisión se produjo después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentara los riesgos procesales existentes durante una audiencia de apelación.
Los magistrados concluyeron que mantener privados de libertad a los 22 imputados constituye una medida proporcional, idónea y necesaria mientras continúa la investigación por una organización con conexiones internacionales.
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La Operación Alianza permitió descubrir un esquema que utilizaba el puerto de Balboa como plataforma para enviar cargamentos de droga al extranjero. Las investigaciones determinaron que la estructura contaba con trabajadores en diferentes áreas de la terminal, quienes aprovechaban su acceso y conocimiento de las operaciones portuarias para contaminar contenedores que posteriormente salían de Panamá.
La droga, según las pesquisas, procedía de Colombia y era trasladada hasta Panamá para incorporarla posteriormente a la cadena logística internacional. Dentro de la organización figuraban trabajadores portuarios, conductores de plataformas de transporte y particulares que cumplían diferentes funciones.
El objetivo era introducir los cargamentos ilícitos dentro de contenedores legítimos antes de que estos abandonaran el país.
Para movilizar la mercancía hasta la terminal, la organización habría utilizado vehículos articulados y automóviles particulares que transportaban grandes cantidades de droga.
Una vez dentro del recinto portuario entraba en acción el componente interno de la estructura, cuyos integrantes facilitaban la contaminación de los contenedores aprovechando su acceso a zonas restringidas y su conocimiento de la logística.
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Los cargamentos tenían como principales destinos Australia, Nueva Zelanda y Bélgica, mercados ubicados en Oceanía y Europa, según la Policía Nacional. La elección de esos destinos evidencia el alcance transnacional de la estructura investigada, que utilizaba la conectividad marítima de Panamá para colocar droga en rutas comerciales internacionales.
La investigación comenzó específicamente el 8 de agosto de 2024 y permitió seguir 19 eventos vinculados a las actividades de la organización.
Mediante técnicas especializadas de investigación, las autoridades lograron decomisar más de una tonelada de sustancias ilícitas. La Policía precisó posteriormente que durante las pesquisas fueron incautados 1,450 paquetes de droga.
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La fase operativa desarrollada en julio alcanzó Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito y Colón mediante múltiples diligencias simultáneas. Además de las aprehensiones, las autoridades decomisaron cuatro vehículos y más de $14 mil en efectivo. Los indicios recopilados permitieron reconstruir funciones y vínculos dentro de la presunta estructura.
Las primeras audiencias fueron particularmente extensas. La jueza de garantías Hiroko Tinoco Naranjo ordenó inicialmente la detención provisional de 22 personas después de una audiencia de solicitudes múltiples que se prolongó durante cinco días.
La juzgadora consideró la gravedad de los hechos, el peligro para la comunidad y el riesgo de afectar pruebas para justificar la medida.
La Fiscalía formuló imputaciones diferenciadas según la presunta participación de cada investigado. Dieciocho personas fueron imputadas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, mientras otras seis enfrentaron cargos por conspiración y tráfico internacional. A otra persona se le atribuyeron conspiración y blanqueo de capitales, de acuerdo con lo planteado durante las audiencias.
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El expediente tuvo además un giro internacional cuando un panameño señalado como presunto líder de la estructura fue localizado y detenido en Colombia. El hombre era requerido mediante una notificación roja de Interpol y trabajaba en un puerto de Ciudad de Panamá. Las autoridades consideran que su conocimiento de la logística portuaria resultaba clave para coordinar los envíos.
Según la investigación, el supuesto cabecilla utilizaba su experiencia dentro de las operaciones portuarias para organizar la contaminación de los contenedores.
Tras su ubicación en territorio colombiano quedó sujeto a un proceso para responder en Panamá por conspiración, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.
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El proceso también produjo condenas anticipadas. Durante las primeras audiencias, varios investigados alcanzaron acuerdos de pena con el Ministerio Público, mientras los otros 22 quedaron sometidos a detención provisional. Las penas acordadas llegaron hasta 120 meses de prisión para algunos de los implicados que aceptaron responsabilidad por los hechos investigados.
La confirmación de las detenciones permite ahora a la Fiscalía continuar reconstruyendo los movimientos de la organización y determinando si existen otros participantes vinculados a las operaciones portuarias.
El expediente busca establecer además la responsabilidad individual en cada uno de los 19 eventos y la dimensión de una estructura que habría convertido contenedores comerciales en vehículos para transportar droga desde Panamá hacia otros continentes.
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