La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles la apertura de un nuevo concurso para cubrir la vacante que dejó Martín Irurzun en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, luego de que el magistrado cumpliera 75 años el 18 de julio.
Se trata de un lugar de especial relevancia dentro de Comodoro Py, ya que la Cámara Federal porteña revisa investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros delitos complejos vinculados con funcionarios y exfuncionarios del Estado.
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La consideración de esa vacante había sido incluida expresamente en el orden del día de la reunión de este miércoles.
La sesión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Selección, María Fernanda Vázquez, y contó con la participación de Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, María Alejandra Provítola, Santiago Viola, Hugo Galderisi, Alberto Maques, Vanesa Siley y Gonzalo Roca. Diego Barroetaveña y César Grau intervinieron de manera remota.
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El procedimiento fue impulsado por el Gobierno nacional. El 20 de julio, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, informó al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que para el Poder Ejecutivo se había producido una “vacante definitiva”, debido a que Irurzun había alcanzado la edad prevista por la Constitución sin que se elevara al Senado una propuesta para un nuevo nombramiento.
La presentación fue remitida a la Comisión de Selección, que ahora resolvió poner en marcha el concurso.
Por otra parte, para este miércoles estaban previstas ante la Comisión de Acuerdos del Senado las audiencias públicas de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir otros cargos de la Cámara Federal porteña. Ambos fueron postulados para integrar la Sala I del tribunal, por lo que sus designaciones todavía requieren el acuerdo de la Cámara alta y el posterior nombramiento del Ejecutivo.
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En paralelo, Irurzun mantiene pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un recurso con el que busca continuar en funciones dentro de la Sala II. Antes de cumplir 75 años, había planteado que la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite etario y que esa cláusula afecta la garantía de inamovilidad de los jueces prevista en la Constitución.
Su planteo se apoya, entre otros antecedentes, en el caso “Fayt”, resuelto por el Máximo Tribunal en 1999. Carlos Santiago Fayt, entonces ministro de la Corte Suprema, había cuestionado la aplicación de la cláusula de los 75 años. En aquel precedente, la Corte consideró inválida esa disposición al entender que la Convención Constituyente había avanzado sobre una materia no habilitada por la ley que declaró la necesidad de la reforma.
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Ese criterio fue modificado en 2017 en el caso “Schiffrin”, cuando la Corte reconoció la validez de la cláusula constitucional y dejó atrás la interpretación adoptada en “Fayt”.
El planteo de Irurzun fue rechazado en las instancias inferiores y llegó luego al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario. El procurador general Eduardo Casal se pronunció en contra de concederlo, aunque su dictamen no resulta vinculante.
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Además, Irurzun había pedido habilitar la feria judicial para obtener una definición antes del 18 de julio, pero la Corte rechazó esa solicitud.
El pasado miércoles 5 de agosto, la Cámara Federal porteña informó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que el camarista había solicitado licencia y comunicado su decisión de abstenerse de ejercer funciones jurisdiccionales hasta que se defina su situación.
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Durante la misma sesión, celebrada en la sala de plenario y reuniones “Dr. Lino Palacio”, en la sede del Consejo de la Magistratura ubicada en Libertad 731, la Comisión de Selección aprobó además 12 ternas correspondientes a otros concursos judiciales, que deberán ser consideradas por el plenario del organismo.
Entre los procesos tratados estuvieron los destinados a cubrir cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y en distintos juzgados nacionales de primera instancia de la Capital.
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