La Justicia cierra el cerco sobre los directivos de la AFA: en qué causas los investigan y por qué

Claudio “Chiqui” Tapia ocupa un lugar central jaqueado por investigaciones penales que avanzan en paralelo en la Justicia y que ya derivaron en reiterados allanamientos a las dos sedes de la AFA. También a 18 clubes del fútbol argentino, secuestro de documentación, computadoras y celulares, y levantamiento de secretos fiscal y bancario sobre el presidente de la entidad rectora del fútbol argentino y sus colaboradores más cercanos.

En la mira hay delitos como el presunto lavado de activos con uso de estructuras del fútbol profesional como soporte operativo, la compra mediante testaferros de una imponente mansión en Pilar y hasta una multimillonaria evasión de aportes previsionales de trabajadores de la entidad.

La mansión de Pilar y el presunto lavado

La investigación más sensible tiene como eje una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, emplazada sobre un predio de 105 mil metros cuadrados, con galpones que albergan más de 50 autos de lujo y de colección, helipuerto, haras e instalaciones deportivas.

Formalmente, la propiedad pertenece a la sociedad Real Central SRL, a nombre de Luciano Pantano, monotributista y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. En 2024 la compraron por 1,8 millones de dólares, aunque ninguno de los dos registra ingresos declarados compatibles con esa operación. Para la Justicia, existen indicios de que podrían actuar como testaferros. Además una pericia indicaría que su valor de mercado es muy superior.

Durante un allanamiento se encontraron objetos vinculados a la AFA, una plaqueta de Barracas Central —club presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA— y documentación de vehículos con cédulas azules a nombre de familiares de otro directivo de la AFA. Pantano y Conte debían presentarse para una exposición voluntaria, pero su defensa pidió al filo del inicio de esas declaraciones que el expediente pase a la justicia federal de Campana, lo que obligó a quien hasta ahora es el juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky, a suspender las audiencias.

Esta investigación acumula 3.869 páginas digitales de prueba desde su inicio y como remarcó el fiscal del caso Claudio Navas Rial, podría tener “relación” con otro caso también bajo su órbita, el eventual destino de la multimillonaria evasión de aportes que le valió a Tapia una imputación formal.

Aportes jubilatorios: casi $19 mil millones

La segunda causa golpea directamente a la cúpula de la AFA. El fiscal Navas Rial imputó a Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo por la presunta retención indebida de aportes previsionales de empleados de la entidad.

La denuncia fue presentada por el Gobierno nacional y sostiene que la AFA habría retenido y no depositado en tiempo y forma casi 19 mil millones de pesos correspondientes a distintos períodos entre 2024 y 2025. Según la acusación, parte de los fondos corresponden a apropiación indebida de tributos y otra parte a evasión previsional.

“El delito se consuma cuando, vencido el plazo legal, el empleador omite total o parcialmente el depósito del tributo o del recurso de la seguridad social retenido”, explicó ARCA en su presentación. El juez Diego Amarante ya habilitó medidas de prueba clave para avanzar con la investigación como el levantamiento del secreto fiscal de todos los imputados.

Sur Finanzas y el vínculo con el fútbol

La tercera pata del cerco judicial es la relación entre la AFA y Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, hoy investigada por presunto lavado de dinero en la justicia federal de Lomas de Zamora. Vallejo reconoció públicamente su cercanía con Tapia y su rol como financista de clubes del fútbol argentino. La empresa fue sponsor de torneos y llegó a darle nombre a la Copa de la Liga.

El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona ordenaron allanamientos en Sur Finanzas, en las sedes de la AFA, en la Liga Profesional y en 18 clubes. La causa ya tiene detenidos: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y dos choferes, procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos retirando computadoras de un galpón en Turdera. Todos permanecen con prisión domiciliaria.

Los investigadores analizan la ruta del dinero, los contratos de sponsoreo y los préstamos a clubes, para determinar si existió un esquema de blanqueo a través del fútbol. En una ampliación de la investigación, ante indicios de desvío de fondos a nivel internacional, la fiscal Incardona advirtió que la AFA “habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro (especialmente de televisación), permitiendo que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera investigada”.

Al panorama se suma un expediente judicial radicado en otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena. Se trata de una denuncia de ARCA que también involucra a Sur Finanzas. En este caso la Cámara Federal de La Plata tiene que decidir si esta investigación se unifica con la que lleva Armella o sigue su curso en el juzgado de Villena, ante un planteo de inhibitoria presentado por la fiscal Incardona.

La denuncia alude a billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A. a través de las cuales se operaron $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados apócrifos y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada.

Con base en esos datos, la Fiscalía consideró que Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, utilizando la estructura de Sur Finanzas PSP S.A., habrían cometido al menos dos hechos delictivos.

Maniobras bajo investigación

En primer lugar, se los investiga por la presunta evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley 25.413) correspondiente a los períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Según la hipótesis fiscal, habrían utilizado cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo (6‰ para débitos y 6‰ para créditos).

En segundo lugar, la Fiscalía sostuvo que habrían puesto en circulación fondos provenientes de ilícitos tributarios y fraudes financieros, por un total operado de $818.000 millones, con el fin de otorgarles apariencia lícita.

El dictamen destacó que Sur Finanzas habría permitido el ingreso al sistema financiero digital de clientes sin solvencia acreditada, entre ellos sujetos no inscriptos (31%) que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores no categorizados.

En cuanto al movimiento de personas jurídicas, ARCA registró sumas millonarias operadas por asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

Sur Finanzas es investigada en los tribunales de Comodoro Py por maniobras con la compra de dólar oficial y venta a valor blue a lo largo de 2023, durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.