AFA y casaquinta de Pilar: la defensa del supuesto testaferro reclamó que el caso vuelva a Campana pero la fiscalía pidió rechazar su planteo

El defensor de los supuestos testaferros de la casaquinta de Pilar, sospechada de pertenecer a dirigentes de la AFA, reclamó este miércoles ante la Cámara Federal de Casación que la causa vuelva al juzgado federal de Campana, advirtió que hay “forum shopping”, “presión mediática” y que se busca “engordar” una investigación con nuevos posibles delitos.

El letrado Mariano Morán expuso en persona ante los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, y les pidió que revoquen la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que ordenó el pase del caso al juzgado en lo penal económico 10 de CABA. Por su parte, el fiscal ante el máximo tribunal penal federal del país, Mario Villar, reclamó rechazar el recurso de la defensa.

Tras esta audiencia, los jueces quedaron en condiciones de resolver sobre el destino de la investigación por la compra de la mansión valuada en 17 millones de dólares, la flota de autos encontrada en su interior junto a otros bienes adquiridos por la sociedad Real Central de Pantano y su madre, quienes según la denuncia no tendrían ingresos que justifiquen semejante inversión. La investigación los apunta como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA y en un allanamiento al lugar se encontraron objetos que pertenecerían al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino. El caso ya va por su cuarto juez y en la actualidad la jueza en lo penal económico Verónica Straccia lo delegó en la fiscalía de Claudio Navas Rial.

“El hecho se exterioriza en Pilar, la competencia territorial es en Pilar, provincia de Buenos Aires”, dijo el abogado Morán ante los jueces de la sala I del máximo tribunal penal federal del país, al reclamar que el expediente vuelva al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.

El abogado expuso durante casi 20 minutos en la sala de audiencias del Tribunal, en el primer piso de Comodoro Py 2002, y cuestionó también la “presión mediática como un factor extrajurídico” y la sucesiva ampliación de denuncias que “engordan” el delito inicialmente denunciado, la compra de la propiedad en Pilar, remarcó.

También aludió a un supuesto “forum shopping” que intenta por todos los medios que el caso quede en la ciudad de Buenos Aires en desmedro de lo que definió como el juez natural para la causa, determinado por la ubicación geográfica de la propiedad.“No elegimos el lugar, queremos que sea el juez natural que le toque, no por conveniencia de una parte sino por un designio constitucional”.

Para la defensa la decisión de la Cámara en lo Penal Económico fue “nula” porque se investiga si sus clientes “cometieron alguna conducta penalmente relevante al momento de adquirir el inmueble y el inmueble está en Pilar” y esto para el abogado es así “por más que se busquen determinadas otras cuestiones o vinculaciones” entre las que mencionó las nuevas denuncias anexadas.

La postura de la fiscalía

El fiscal Villar, por su parte, remarcó en un escrito que la pesquisa se centra en la presunta desviación de fondos institucionales, ocultamiento a la propia AFA y a las autoridades estatales, así como el posterior ingreso de parte de esos activos al sistema económico legal mediante financieras, estudios jurídicos y empresas como Central Park Drinks SRLy Real Central SRL.

Los sucesos están “relacionados principalmente al ingreso lícito de grandes sumas de dinero y al posterior desvío de fondos en perjuicio de la AFA, como la posterior circulación de bienes y realización de actos concretos de lavado de activos mediante un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas relacionadas con el fútbol profesional”, advirtió.

“La mayor parte de esos elementos aparece territorialmente asociada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenían sede las sociedades involucradas y donde se habrían desarrollado actos centrales de la operatoria”, agregó.

Las sucesivas ampliaciones de la investigación que hoy cuestionó la defensa, para la fiscalía “refuerzan esa conclusión. El expediente ”comenzó a abarcar otras sociedades, personas físicas, movimientos financieros, domicilios societarios y relaciones económicas vinculadas con entidades del fútbol profesional” y por eso debe investigarse en CABA.

El fiscal había pedido a media mañana suspender la audiencia oral a raíz de presentaciones de la denunciante Elisa Carrió y del empresario Guillermo Tofoni, quien busca ser aceptado como querellante, en las cuales recusaron a los jueces Borinsky y Barroetaveña. Pero este último, presidente de la Sala, rechazó los planteos porque quienes los presentaron no son parte en la causa y a raíz de ello ratificó la realización de la audiencia. Casación tiene ahora cinco días hábiles para tomar una decisión.