El fiscal Pollicita exigió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y lo intimó a que explique veinte puntos concretos de inconsistencias, en un dictamen de 207 fojas en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti. Si las explicaciones no se consideran suficientes, el próximo paso sería un pedido de declaración indagatoria.

La intimación, cuyos detalles están resguardados por el secreto fiscal, abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial que hasta el momento “no encuentran” explicación suficiente por poco más de 43 millones de pesos y 402.578,12 dólares, advirtieron los investigadores.

El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso y se basa en el “análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida —incluido el análisis técnico de la SIFRAI-DAFI—, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas”, todo lo cual “permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial”, explicaron fuentes del caso.

Desde Indio Cua a las compras en dólar cash

Adorni tendrá que justificar bienes desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei hasta el 27 de junio pasado, día de su renuncia. En concreto se lo intimó a explicar el origen de los dólares en efectivo que incluyó en sus declaraciones juradas y el sustento de la operación que invocó como su origen. Tendrá que indicar fechas, importes, trazabilidad bancaria o bursátil y mostrar la documentación que respalde todo.

Entre los 20 puntos también deberá detallar cómo compró su casa en el Country Indio Cua, el origen de esos fondos y por qué está a nombre de su esposa. También la procedencia de los USD 245.000 que se pagaron al contratista Matías Tabar por las refacciones en ese lugar y lo que se le abonó por los muebles con que equipó la otra casa de los Adorni en el barrio porteño de Caballito, todo pagado en efectivo y en dólares. Sobre ese departamento de Miró 550 se le exigió justificar el origen de los fondos con que se hizo la compra.

Uno de los puntos del requerimiento se refiere al origen del dinero -pesos y dólares- con que se pagaron viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares de los hijos del exfuncionario. Y en otro se le exige explicar por qué hubo una “reiterada” utilización de terceras personas para comprar bienes y pagar gastos en efectivo que lo tenían como real destinatario.

El fiscal Pollicita busca además conocer el origen del dinero con que Adorni inició sus inversiones en criptoactivos y en cuyo rendimiento justificó después parte del incremento de su patrimonio. Entre los puntos a justificar figuran los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.

A lo largo de la investigación se determinó que Adorni cobró 35 sueldos como funcionario público a lo que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa, un total de $229.752.283,20. En esos años la familia afrontó gastos por seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito por $272.820.832,20. La diferencia es de $43.068.549.

En cuanto a los gastos en dólares que no encuentran correlato con los ingresos lícitos comprobados la suma total es de USD 402.578,12. Se tomaron en cuenta viajes, alquileres, refacciones de viviendas y muebles, todo pagado en efectivo en la moneda estadounidense.

Pollicita firmó el requerimiento luego de recibir un informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DAFI). Se trata de información protegida por el secreto fiscal.

La investigación se abrió por denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y luego hubo dos ampliaciones, una de ellas de los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.