Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

La defensa del exconductor suma a William Castillo Dávila, conocido por su labor en casos vinculados al exdictador, y dos abogadas más, tras el pedido fiscal de 30 años de prisión por presuntos sobornos y tráfico de influencias

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Andrés Hurtado ‘Chibolín’
Andrés Hurtado retiró de su defensa al abogado Elio Riera y designó a tres nuevos representantes legales para enfrentar el proceso por sobornos y tráfico de influencias

El exconductor de televisión Andrés Hurtado, implicado en una trama de sobornos y tráfico de influencias, ha retirado de su defensa al abogado Elio Riera y designó a tres nuevos representantes legales ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Entre los reemplazos destaca William Castillo Dávila, quien, al igual que Riera, representó al fallecido dictador Alberto Fujimori (1900-2000) entre 2013 y 2016 en causas como el caso de los “diarios chicha” y el uso de un teléfono público en la cárcel.

El nuevo equipo legal lo completan las abogadas Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde, según la resolución firmada por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde y difundida este martes por la televisora Latina.

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“Téngase por subrogado a todos los anteriores abogados del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados y por apersonado como nueva defensa técnica a los letrados William Paco Castillo Dávila, Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde, así como los demás datos procesales para los efectos de ley”, indica el documento fiscal. Riera no respondió a la consulta de Infobae Perú.

Yessenia Lozano junto a Elio Riera en la Comisión de Fiscalización. Foto: Congreso
William Castillo Dávila, quien fue defensor de Alberto Fujimori en causas relevantes, encabeza el nuevo equipo de abogados junto a Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde

La modificación en la defensa se conoció una semana después de que el Ministerio Público solicitara 30 años de prisión para Hurtado, quien permanece en prisión preventiva en Lurigancho, mediante la presentación formal de la acusación por una red de sobornos en la que también figura la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

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La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió esa pena para el exanimador, junto con el pago de S/. 760,415.45 por tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, y S/. 1,520,830.90 por cohecho activo específico.

El Ministerio Público además propuso una inhabilitación de 20 años para Hurtado. Peralta, por su parte, enfrenta una solicitud de 24 años de prisión y multas que suman S/. 188,274.392 por tráfico de influencias y cohecho activo específico, y S/. 93,858.592 por cohecho pasivo específico. De igual modo, se requirió su inhabilitación durante 15 años para ejercer funciones públicas.

El exconductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sido vinculado con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.

Andrés Hurtado
El cambio se produce tras la solicitud del Ministerio Público de 30 años de prisión y fuertes multas para Hurtado, actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en una red de sobornos

Peralta, fiscal especializada en lavado de activos recluida actualmente en el penal de Chorrillos, fue apartada preventivamente de su cargo por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tras ser acusada de cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.

A inicios de mayo, el Ministerio Público pidió otra pena de 4 años y 8 meses de cárcel contra el expresentador por una causa relacionada con presuntas irregularidades detectadas en el trámite realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones, cuando solicitó la renuncia a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.

En estos hechos también está implicada la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien se solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa.