El abogado Elio Riera, defensor del expresentador de televisión Andrés Hurtado, cuestionó este miércoles la acusación presentada por el Ministerio Público contra su patrocinado por tráfico de influencias agravado, en un caso por el que se solicita una pena de 4 años y 8 meses de cárcel.
En diálogo con Infobae Perú, el letrado indicó que la condena solicitada es menor al umbral de cinco años que exige la normativa para dictar prisión preventiva, razón por la cual consideró que Hurtado permanece en prisión de manera “injustificada”.
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“En principio, esta acusación permite acreditar que la Fiscalía, de forma indebida, pidió prisión preventiva, puesto que solo se solicita cuando las penas por delitos superan los 5 años. Ellos han presentado un requerimiento acusatorio, y nosotros vamos a observarlo porque existen contradicciones”, afirmó.
Riera reiteró que la defensa impugnará, dentro del plazo reglamentario de 10 días, el requerimiento fiscal por supuestas inconsistencias. “Esto prueba, lo digo nuevamente, que el señor Andrés Hurtado fue llevado de forma indebida a la cárcel, es una contradicción flagrante”, sostuvo.
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El caso está relacionado con presuntas irregularidades detectadas en el trámite realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones, cuando solicitó la renuncia a su nacionalidad peruana para poder jugar en China. Por estos hechos, el expresentador recibió una orden de nueve meses de prisión preventiva, medida confirmada por el Poder Judicial en julio del año pasado.
En esa fecha, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima declaró “infundado” el recurso de apelación presentado por su defensa para revocar la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado.
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Frente a la imputación presentada, el letrado sostuvo que “no hay consistencia en este marco acusatorio ni relación expresa”, y adelantó que la imputación se derrumbará en la etapa intermedia del proceso. “Es solo una tesis creativa de Fiscalía”, aseguró.
Por último, señaló que su cliente “se encuentra confiado en que se hará justicia” y refirió que, al concluir el plazo de diez días para presentar observaciones, “se establecerá una fecha para debatir con el Ministerio Público”.
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El el mismo caso también está comprendida la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien se requirió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa.
En octubre de 2024, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima amplió la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre Del Águila, acogiendo el pedido fiscal para prolongar la medida durante 15 días adicionales.
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En declaraciones a la misma, la exsuperintendenta reconoció en ese entonces haber tenido una relación de amistad con el conductor de televisión y cercanía con la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, Elizabeth Peralta, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. Sin embargo, rechazó los cargos que se le imputan.
Además del caso de Migraciones, Hurtado también es investigado por facilitar la devolución de 100 kilos de oro al empresario Javier Miu Lei, una causa por el que la Justicia le sumó 18 meses de prisión preventiva, hasta septiembre de 2027.
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