El Ministerio Público pidió una condena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva para Andrés Avelino Hurtado Grados por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado peruano. La fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero también solicitó que Hurtado, conocido como “Chibolín”, sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y pague 242 días-multa.
De acuerdo con RPP Noticias, la investigación sostiene que Hurtado, conocido como “Chibolín”, habría intervenido de forma irregular en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho Neira ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019, con el objetivo de facilitar la renuncia a su nacionalidad peruana y posibilitar su participación en el fútbol profesional de China. El documento de acusación fue presentado en Lima el 27 de abril de 2026 y puesto en conocimiento de las partes procesales el 5 de mayo, otorgándoseles diez días para responder.
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Según la Fiscalía, Andrés Hurtado enfrenta cargos por presunto tráfico de influencias en el contexto de gestiones ante Migraciones para favorecer al futbolista Roberto Siucho en 2019. La acusación formal incluye la solicitud de prisión efectiva, inhabilitación y multa, y se sustenta en pruebas documentales, testimoniales y periciales aportadas por los propios involucrados y testigos del caso, como parte de la estrategia del Ministerio Público para combatir delitos contra la administración pública.
Andrés Hurtado afronta acusación con pedido de prisión e inhabilitación
La fiscal Mónica Silva Escudero, de la Fiscalía Anticorrupción, detalló que la solicitud contra Andrés Hurtado contempla 4 años y 8 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y el pago de 242 días-multa. Para Frieda Roxana del Águila Tuesta, la acusación es por tráfico de influencias agravado, solicitándose 5 años y 4 meses de prisión, la misma inhabilitación y 487 días-multa.
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La acusación fiscal fue derivada al despacho del juez Walter Huayaní, quien dispuso el traslado del documento a los abogados defensores y demás partes procesales. El Ministerio Público argumenta que existen elementos de convicción suficientes para sustentar la acusación, entre los que destacan registros de comunicación y testimonios que apuntan a coordinaciones indebidas en favor de Siucho.
Ambos imputados, Hurtado y Del Águila, afrontan restricciones para ejercer funciones públicas mientras dure el proceso, conforme a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. El proceso se encuadra en la política institucional de persecución penal de los delitos de corrupción de funcionarios.
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Hermanos Siucho entregaron pruebas que comprometerían a Andrés Hurtado
La acusación se fundamenta en los hechos ocurridos en 2019, cuando Roberto Siucho Neira gestionó ante Migraciones la renuncia a su nacionalidad peruana para incorporarse a un club de fútbol en China. Según la investigación, Andrés Hurtado habría intervenido para facilitar el trámite, presuntamente a través de contactos con funcionarios y la exsuperintendenta Del Águila.
Durante la investigación, los hermanos Iván y Roberto Siucho Neira entregaron a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp que involucrarían a Hurtado y Del Águila. Entre las pruebas presentadas figuran un video en el que Iván Siucho entrega dinero a Hurtado y capturas de pantalla de comunicaciones que hacen referencia a pagos y coordinaciones para la gestión ante Migraciones.
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El fiscal adjunto supremo Denis Pérez Flores presentó también transcripciones de audios y mensajes en clave, así como registros de transferencias bancarias a la empresa AH Entertainment Company SAC, vinculada a Hurtado. Los peritos del Ministerio Público identificaron el uso de términos codificados como “cartones” para referirse a sumas de dinero y “chifa” para aludir a personas involucradas en la presunta red de tráfico de influencias.
Otro proceso penal pendiente contra Andrés Hurtado: presunto pago de coima y barras de oro
Andrés Hurtado no solo enfrenta este proceso judicial. Actualmente cumple mandato de prisión preventiva en el penal de Lurigancho por su presunta participación en otro caso de corrupción, que involucra el supuesto pago de una coima para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público a la empresa de Javier Miu Lei en 2020.
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De acuerdo con la investigación, Hurtado habría actuado como intermediario entre Javier Miu Lei y la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta, a quien se le atribuye haber intervenido para devolver los bienes incautados. En este expediente, la Fiscalía sostiene que Hurtado utilizó su red de contactos para influir en la actuación de funcionarios públicos y facilitar la devolución irregular de las barras de oro.
El caso permanece en etapa de instrucción, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios. Tanto Hurtado como los demás implicados están sometidos a medidas restrictivas, en el marco de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano.
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