Poder Judicial dicta prisión preventiva en idioma awajún por caso de abuso en Amazonas

El Poder Judicial del Perú emitió una resolución de prisión preventiva en lengua awajún en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La medida fue adoptada en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde las barreras lingüísticas y culturales suelen dificultar el acceso real a los procesos judiciales.

El fallo, emitido desde el juzgado de Yutupis, también se da en un contexto especialmente sensible: la zona está golpeada por múltiples denuncias de abuso contra menores y cuestionamientos al acceso a la justicia. La decisión incorpora un enfoque de justicia intercultural, en medio de alertas por el debilitamiento de servicios clave tras medidas del Ministerio Público del Perú que redujeron unidades especializadas en la misma provincia.

Resolución en lengua awajún y prisión preventiva por seis meses

El Juzgado Subespecializado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Yutupis-Río Santiago, liderado por el juez James Roberto Polo Tocas, dictó seis meses de prisión preventiva contra Wilde Jempe Nugkum (33), investigado por la presunta violación sexual de una menor de edad.

Lo que diferencia este caso de otros no es solo la medida coercitiva, sino la forma en que se comunicó: la parte resolutiva del fallo fue traducida y emitida en idioma awajún, con el apoyo de un intérprete. Esta decisión respondió a que tanto el representante de la víctima como el abogado del imputado se comunican en dicha lengua.

El juzgado aplicó el criterio de “comprensión del contexto”, reconociendo que los hechos ocurrieron dentro de dinámicas sociales y culturales propias de los pueblos indígenas. Esto implica que la evaluación de pruebas y testimonios no se limita a parámetros urbanos, sino que considera las particularidades del entorno.

En esa línea, el documento judicial precisa que la declaración de la menor fue analizada bajo este enfoque, entendiendo que el trauma en contextos indígenas puede manifestarse de formas distintas. Aun así, se enfatiza que, tratándose de un caso de presunta violación sexual, prevalece el interés superior del niño o niña por encima de cualquier práctica o norma ancestral.

Además, el juzgado ordenó medidas complementarias: el investigado deberá ser tratado en su lengua materna y se notificará a sus familiares mediante canales comunitarios. Paralelamente, se dispuso la protección integral de la víctima, en coordinación con el Centro Emergencia Mujer (CEM) y autoridades comunales, para evitar situaciones de hostigamiento o estigmatización.

Contexto crítico: denuncias, cierre de fiscalías y respuesta del sistema judicial

La decisión judicial ocurre en un escenario particularmente complejo en Condorcanqui. En febrero de 2026, el Ministerio Público del Perú oficializó la desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en puntos estratégicos como Yutupis, Nieva y Huampami, argumentando falta de presupuesto.

Esta medida encendió alertas entre organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, debido a que la provincia registra cientos de denuncias de violencia sexual, muchas de ellas contra niñas y adolescentes de comunidades awajún y wampis. La eliminación de estas unidades implicó la reducción de personal especializado y mayores dificultades para acceder a peritajes y atención oportuna.

Frente a este escenario, el Poder Judicial del Perú ha buscado reforzar su presencia mediante la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres (SNEJ) en Condorcanqui.

Este sistema incluye juzgados de familia y penales subespecializados en delitos como violación sexual, feminicidio, lesiones y tocamientos indebidos, distribuidos en localidades como Santa María de Nieva, Yutupis y Huampami. Su objetivo es garantizar medidas de protección rápidas y procesos judiciales más eficaces en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se han implementado recursos logísticos, como deslizadores fluviales, para que jueces y personal judicial puedan trasladarse a comunidades alejadas y atender casos en territorio, reduciendo las brechas geográficas que históricamente han limitado el acceso a la justicia.

La emisión de resoluciones en lengua originaria se enmarca en este esfuerzo por aplicar una justicia con enfoque intercultural, que no solo sancione delitos, sino que también sea comprensible y accesible para las poblaciones indígenas. En un contexto donde la violencia sexual sigue siendo una problemática crítica, estas medidas buscan responder a una demanda histórica: que el sistema judicial llegue, pero también que se entienda.