Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

La Contraloría General de la República ha notificado al ministro de la Producción, César Quispe, sobre irregularidades en la distribución de kits destinados a los colegios del país y le otorgó un plazo de cinco días para informar las acciones que adoptará, según un documento al que accedió Infobae Perú este domingo.

El oficio, fechado el 13 de mayo, se basa en un informe de control concurrente elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la propia cartera, el cual advierte que 448.875 kits escolares continúan almacenados, sin haber sido entregados, pese a estar destinados a estudiantes en situación de pobreza y extrema pobreza al inicio del año escolar 2026.

La adquisición de los kits se realizó a través del Programa Nacional Compras a MYPErú; sin embargo, el Núcleo Ejecutor de Compras Textil Confecciones carece de presupuesto para contratar el servicio de transporte de carga necesario para la distribución, de modo que permanecen en almacén, según detalla el documento.

El informe añade que, al momento de la auditoría, solo se había repartido el 30% de los kits y que persiste un retraso considerable en la entrega, lo que afecta a miles de estudiantes en situación vulnerable. Además, el órgano de fiscalización advierte que esta situación “compromete el cumplimiento del programa educativo y la formación integral de los estudiantes”.

El reporte, firmado por el jefe del OCI, Manuel Farfán Acuña, precisa que los kits debían beneficiar a instituciones educativas en San Martín, Amazonas, Cajamarca, Loreto y Ucayali. Además, menciona que, incluso al inicio del año escolar, ya se encontraba pendiente la distribución de más de un millón de prendas escolares esenciales y que, hasta la última revisión, no se habían implementado medidas preventivas o correctivas suficientes.

La comisión de control señala que el presupuesto asignado para la distribución nacional de los kits resulta insuficiente frente a los costos reales del transporte. La Contraloría exige al ministro que, en un plazo máximo de cinco días a partir de la notificación, remita a la Comisión de Control la documentación que acredite las “medidas preventivas y correctivas” adoptadas o en proceso.

El jefe del OCI subraya además que, de hallarse irregularidades en el proceso de selección y en la ejecución contractual, el Núcleo Ejecutor de Compras deberá iniciar las acciones necesarias para deslindar responsabilidades de funcionarios y miembros del comité de selección.

La deficiente gestión en la distribución de materiales escolares está vinculada a la contratación de empresas proveedoras fantasmas, como reveló Panorama, un caso por el que la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, solicitó la remoción de quienes resulten responsables de estos hechos.

Saldaña exigió una investigación exhaustiva “caiga quien caiga” para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La semana pasada, el programa Ocurre Ahora de ATV expuso que un lote de material educativo valorizado en más de 200 millones de soles se encuentra en un almacén privado ubicado en el distrito limeño de Lurín.

Estos recursos —incluyendo cuadernos, uniformes y libros— estaban destinados a estudiantes de San Martín, Amazonas, Cajamarca y Ucayali, regiones con altos índices de pobreza.

La televisora mostró uniformes embolsados, cuadernos en cajas sin abrir y libros apilados permanecían intactos y fuera del alcance del alumnado. El portafolio, hasta el momento, no ha hecho comentarios al respecto.