El caso del denominado 'cambiazo del lingote de oro’ se ha convertido en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los últimos años. Lo que comenzó en 2023 como una intervención oficial para incautar barras de oro vinculadas a una supuesta red ilegal terminó, casi tres años después, con policías detenidos, un coronel en prisión preliminar y allanamientos que alcanzaron incluso al entorno de un exministro del Interior.
El origen: una intervención en el Callao
Todo se remonta a mediados del 2023, cuando agentes de la entonces División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco) realizaron un operativo en instalaciones de la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), en el Callao. Allí fueron intervenidos el ciudadano colombiano Kevin Valencia Muñoz y el peruano Roger Jiménez Soto, quienes trasladaban dos lingotes de oro en cajas de madera y vehículos blindados.
Según la versión policial, la operación respondía a información de inteligencia sobre presunto tráfico de oro. Durante la diligencia se incautaron dos barras con inscripciones de peso: una de 5,542.9 gramos y otra de 5,833.1 gramos, siendo esta última la de mayor valor comercial.
La desaparición del lingote
Tras el operativo, las piezas fueron llevadas a la sede de la Dirincri, en la avenida España, Cercado de Lima, donde debían ser sometidas a pericias químicas y quedar bajo custodia oficial. Sin embargo, al momento de las verificaciones, una de las barras ya no era de oro.
Peritos detectaron que la pieza entregada era en realidad una barra de cobre pintada, con diferencias de color, textura y acabados respecto al lingote original. El metal precioso desapareció y nunca fue recuperado. Su valor fue estimado en más de S/1 millón.
Las primeras irregularidades
Uno de los elementos que más comprometió el caso fue que el decomiso inicial se habría realizado sin presencia del Ministerio Público, debilitando la cadena de custodia. Además, la defensa de los intervenidos cuestionó el operativo y señaló inconsistencias entre el acta policial y registros audiovisuales.
Con el paso de los meses, la Fiscalía abrió investigación contra varios agentes que participaron en la intervención y traslado del cargamento. Entre los nombres mencionados en reportes periodísticos figuraban la capitana PNP Zarela Navarro Carrillo y los suboficiales Hevert Terreros Ayala, José Ventura Valdera, Gianfranco Neyra Chávez, Emily Ortega Veliz, Rony Díaz Juape y Max Consilla Lazo, todos vinculados a la unidad especializada que ejecutó el operativo inicial.
La hipótesis fiscal: un plan premeditado
En 2024 surgieron nuevos detalles sobre la tesis de la investigación. Según esa línea, el suboficial Hevert Terreros Ayala habría fotografiado previamente los lingotes auténticos para mandar a fabricar réplicas en cobre de tamaño y apariencia similar. La investigación también alcanzaba a la capitana Zarela Navarro Carrillo y otros agentes que participaron en la intervención y custodia posterior de las piezas.
Posteriormente, dentro de instalaciones policiales, el lingote verdadero habría sido sustituido por la copia. La pieza original luego habría sido colocada en el mercado clandestino, donde su valor podía superar los US$200 mil.
Un giro decisivo tres años después
El caso escaló de manera contundente el 23 de abril de 2026, cuando el Ministerio Público ejecutó un megaoperativo simultáneo en Lima, Cajamarca y Huánuco. Las diligencias incluyeron el allanamiento de 13 inmuebles y la detención preliminar de siete policías investigados por integrar una presunta organización criminal denominada 'Los Oropeza’, compuesta por agentes en actividad, exefectivos y civiles.
Entre los detenidos destacó el coronel PNP Rafael Morón Díaz, quien se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales. Su captura generó fuerte impacto debido a su alto rango y al área sensible que dirigía dentro de la institución.
El operativo también alcanzó al entorno del exministro del Interior Carlos Malaver, luego de que la Fiscalía allanara la vivienda de su hermano, ubicada en El Agustino. Durante la diligencia se incautaron documentos y equipos electrónicos para profundizar las pesquisas.
Un caso que golpea a la PNP
La Fiscalía investiga presuntos delitos de organización criminal, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Más allá del destino final del lingote desaparecido, el expediente expone la sospecha de una estructura interna que habría utilizado operativos oficiales para apropiarse de bienes incautados.
Tres años después del decomiso inicial, el paradero del oro original sigue sin esclarecerse plenamente.
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