La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), presente en Perú con más de 150 observadores desde el 26 de febrero, remarcó la urgencia de salvaguardar la independencia institucional y garantizar investigaciones independientes para preservar la integridad de las elecciones generales de 2026.
Según su comunicado compartido en redes sociales el 23 de abril, el organismo enfatizó la necesidad de respetar el marco legal y de mantener la autonomía de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), especialmente luego de la renuncia del jefe del organismo, Piero Corvetto, y la solicitud de su detención preliminar en el marco de una investigación por presunta manipulación de contratos electorales.
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El organismo europeo subrayó en su nota la importancia de investigaciones exhaustivas e independientes sobre los hechos ocurridos durante y después de la jornada electoral y exhortó a evitar discursos agresivos y violentos en el ámbito político durante el curso de las diligencias.
Además, precisó que su equipo se mantendrá en el país observando cada fase electoral y que emitirá un informe final con recomendaciones para mejorar el sistema aproximadamente dos meses después de la segunda vuelta presidencial, lo que implica medidas correctivas a mediano plazo.
La última jornada electoral, celebrada el 12 de abril, estuvo marcada por retrasos en la entrega de material electoral, mesas de votación sin instalar y miles de ciudadanos privados de su derecho al voto, un episodio que precipitó la actual crisis anunciada por la MOE UE y que activó el pedido del Ministerio Público, órgano fiscalizador, para la detención preventiva de Corvetto y otros altos funcionarios de la ONPE.
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Investigación fiscal contra Piero Corvetto y altos funcionarios de la ONPE
La investigación abierta por el Ministerio Público de Perú sostiene como hipótesis que existieron indicios de colusión con el fin de favorecer a empresas encargadas del transporte y despliegue del material electoral durante los comicios. La tesis plantea que se habrían modificado condiciones y reglas internas de la ONPE, concediendo ventajas a compañías que no cumplían con la capacidad operativa requerida, hecho que —según la fiscalía— repercutió directamente en el derecho al sufragio, de manera particular en Lima Metropolitana, donde cientos de mesas presentaron dificultades de instalación.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, explicó al canal de noticias peruano Canal N que la investigación preliminar abarca presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de deberes funcionales y delitos electorales. Añadió: “Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”.
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El Ministerio Público puntualizó que los hechos bajo pesquisa no corresponden a simples errores administrativos. Según Gálvez, los funcionarios sabían antes de la elección que el material electoral no llegaría a tiempo a todos los locales de votación y no implementaron acciones eficaces, lo que sustenta la imputación de dolo: “Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. Eso es suficiente para determinar la existencia de dolo”, afirmó el fiscal.
Irregularidades detectadas tras la jornada electoral
En los días posteriores a las elecciones del 12 de abril, fueron halladas cajas con actas y cédulas electorales de la ONPE fuera de custodia oficial en Surquillo y Ucayali, según reportó Canal N. Estos hallazgos aumentaron la desconfianza ciudadana, ya elevada ante la lenta publicación de los resultados oficiales y las denuncias presentadas sobre la gestión del material electoral.
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A raíz de la renuncia de Piero Corvetto, Bernardo Pachas asumió interinamente la dirección de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, comunicando ajustes internos y la implementación de nuevas medidas correctivas enfocadas en la segunda vuelta electoral.
El Ministerio Público detalló que la investigación a Corvetto y demás implicados se encuentra aún en fase preliminar, aclarando que cualquier calificación sobre la existencia de fraude electoral corresponde únicamente al Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a lo declarado por Gálvez al canal Canal N.
Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE en medio de investigaciones por irregularidades y fallas logísticas en la primera vuelta presidencial. A pesar de su salida, deberá responder ante la justicia.
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