La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima ejecutaron la madrugada de este jueves un megaoperativo que dejó al descubierto una compleja red criminal dentro de la institución y con ramificaciones en el entorno político. Es así como se detuvo al coronel Rafael Morón Díaz y otros seis agentes vinculados al presunto robo y sustitución de un lingote de oro incautado en 2023. El caso, que involucra a la organización criminal 'Los Oropeza’, ha generado alarma no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino también por el nivel jerárquico de los implicados.
Entre los allanamientos realizados en Lima, Cajamarca y Huánuco, uno de los focos principales estuvo en El Agustino, donde la vivienda del hermano del exministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte, Carlos Malaver, fue intervenida por su presunta vinculación con la organización criminal. La investigación fiscal reveló que la red delictiva bajo sospecha tenía ramificaciones más allá de la estructura policial, alcanzando a familiares de exautoridades gubernamentales.
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La acción, liderada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, también instalaciones de la policía, como la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Brigada Especial contra la Criminalidad (Brecc) en San Juan de Lurigancho.
En El Agustino, los agentes de la Dirincri y representantes del Ministerio Público irrumpieron en la vivienda del hermano de Carlos Malaver, aunque este no se encontraba en el lugar durante la diligencia. Las autoridades incautaron equipos electrónicos y documentación relevante, que ahora forman parte de la pesquisa para determinar el grado de participación de cada implicado y posibles conexiones con otros funcionarios o exfuncionarios.
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El ‘cambiazo’ en la PNP
En mayo de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) interceptaron en Lima la camioneta del empresario colombiano Kevin Valencia Muñoz. Durante la intervención, los policías informaron al empresario que estaban realizando un operativo en el marco de una investigación por crimen organizado y procedieron a incautarle cuatro lingotes de oro.
La tesis fiscal sostiene que, tras la incautación, uno de los suboficiales implicados tomó fotografías detalladas de los lingotes originales. Estas imágenes permitieron encargar la fabricación de réplicas en cobre, diseñadas para imitar con precisión la forma, el tamaño y el peso de los lingotes verdaderos.
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Con las réplicas ya elaboradas, los integrantes de la red realizaron el reemplazo directamente en la sede central de la Dirincri. Allí, sustrajeron uno de los lingotes auténticos y colocaron en su lugar una de las copias de cobre, con el objetivo de que la diferencia pasara desapercibida ante las autoridades y los controles internos.
El lingote de oro auténtico fue vendido en el mercado negro por aproximadamente doscientos mil dólares. La réplica de cobre fue entregada al Ministerio Público como si se tratara de la pieza original, mientras que el dinero obtenido por la venta del lingote real fue repartido entre los miembros de la organización, según el testimonio del colaborador eficaz que ayudó a reconstruir el caso.
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